[Iglesia/Estado] Romina Del Plá presenta ley contra negociado inmobiliario de la Iglesia

La diputada del Partido Obrero – Frente de Izquierda, Romina Del Plá, presentó hoy un proyecto para anular una ley de la transferencia de tierras públicas al Obispado de San Justo que se suponía debían ser destinadas a la construcción de viviendas populares pero fueron vendidas por el Obispado al empresario Alfredo Coto por un millón seiscientos mil dólares (U$S 1.600.000) en 1998.
6 de septiembre de 2018

Romina Del Plá dijo: “Planteamos anular la ley que le cedió los terrenos a la Iglesia y también establecemos una multa por el monto por el que se los vendieron a Coto y que se destinen esos fondos a la efectiva construcción de viviendas populares, el que era su destino original y es efectivamente una necesidad social”


“Sabemos que este negociado de la Iglesia con tierras públicas es apenas la punta de un iceberg. La cesión de tierras y bienes es un mecanismo habitual que se lleva a cabo en las legislaturas provinciales y, en este caso, llegó hasta el Congeso nacional. Es una de las múltiples vías de financiamiento estatal a la Iglesia. En todo el país la Iglesia Católica y el resto de las religiones tienen enormes beneficios: el Estado sostiene a una usina reaccionaria, oscurantista, anti-derechos que brinda como contrapartida un adoctrinamiento religioso a las masas en la resignación que sirve como contención social frente al saqueo de las condiciones de vida de las mayorías populares”.


“Buscamos a su vez que el conocimiento y la difusión pública de esta situación sirvan para reforzar el debate y la lucha popular contra el oscurantismo, la explotación, el sometimiento y la separación de la Iglesia del Estado” concluyó la diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda.


Romina Del Plá como como antecedente un proyecto contra esta ley de cesión de tierras que perdió estado parlamentario en 2006


Romina Del Plá: 11 40429791

 

 

PROYECTO DE LEY


ARTICULO 1º.- Anúlese la Ley 25.060 y revóquese la transferencia, a título gratuito, efectuada por parte del Estado nacional, a favor del Obispado de San Justo, delimitadas por la Autopista Teniente General Pablo Ricchieri, la Avenida General San Martín y las calles España y Olavarría, localidad de Villa Celina, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, identificadas como parcela 2 de la circunscripción III, sección G, fracción III, con una superficie de 5 ha, 70 a, 94 ca y la parcela 1ª de la circunscripción III, sección G, fracción IV, con una superficie de 9 ha, 4 a, 15 ca, inscritas al folio 3371/ 78 del partido de La Matanza por el incumplimiento de las condiciones y cargas que le fueran impuestas al donatario en el Art. 2º de la Ley 25.060.

 

ARTICULO 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo competente, a celebrar los actos administrativos y/o judiciales tendientes a que la revocación se haga efectiva en el término de 30 (treinta días).

 

ARTICULO 3°. – Múltese con la suma de U$S 1.600.000 al Obispado de San Justo, monto por el cual éste vendió el predio al empresario Alfredo Coto, que deberá pagar dentro de los 30 (treinta) días.

 

ARTÍCULO 4°. – Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del organismo competente, destine el monto de la multa a la construcción de viviendas populares para la población de limitados recursos en el predio que se revoca a partir de esta Ley.

 

ARTICULO 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

 

 

FUNDAMENTOS

 

Sr. Presidente:

En noviembre de 1998, bajo el gobierno de Carlos Menem, el Congreso Nacional votó una escandalosa ley por la cual cedió al Obispado de San Justo un predio de quince hectáreas, ubicadas en la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza. La misma ley que dictó la transferencia gratuita de esos terrenos, establecía que los mismos debían ser destinados a la construcción de “un complejo de viviendas para la población de limitados y medianos recursos” (Art. 2 de la ley 25.060). Pero lejos de construir las viviendas, el Obispado a cargo del ya difunto Monseñor Jorge Arturo Meinvielle vendió las tierras al empresario Alfredo COTO por un millón seiscientos mil dólares U$S 1.600.000.

 

En el año 2006 fue presentado en este mismo Congreso un proyecto de ley similar al presente, el expediente 1060-D-2006, de la diputada Alicia Tate de Santa Fe, el cual tomamos como antecedente. El mismo fue “cajoneado” en la comisión de Legislación General y nunca tuvo tratamiento – lo que ilustra de conjunto la complicidad de un Congreso históricamente dominado por el lobby clerical.

 

El citado expediente explica que la donación fue aprobada el día 07 de enero del año 1999, y el Obispado escrituró el bien a su nombre el día 10 de febrero del mismo año. Es decir que el bien formalmente pasó a manos de la Iglesia un mes después de su publicación en el Boletín Oficial. Siete días después de la escrituración del bien a nombre del Obispado, el 17 de febrero, el mismísimo monseñor Jorge Arturo Meinvielle y Alfredo Coto, firmaron un boleto de compra-venta por el inmueble en la suma de dólares quinientos mil (U$S 500.000) sobre un total a pagar al momento del cierre de la operación de un millón seiscientos mil dólares (U$S 1.600.000). Nueve meses más tarde, el 2 de noviembre de 1999, el Obispo Menvielle vendió definitivamente el predio a la empresa GEPAL S.A., firma que pertenece Alfredo COTO.

El objetivo de este proyecto es entonces denunciar el negociado y restituir las tierras para que efectivamente se destinen a la construcción de viviendas populares. Se establece asimismo una multa al Obispado para evitar la impunidad propia de los sectores del poder, como es el mismísimo Vaticano.

La sesión de tierras públicas y bienes a la Iglesia Católica es un mecanismo habitual de financiamiento millonario al clero a través de las legislaturas de todo el país. Es una de las múltiples vías de financiamiento estatal a una institución cuyo aporte a la nación es el adoctrinamiento religioso que educa a las masas en la resignación y el oscurantismo. Junto con ello, la iglesia goza de exenciones impositivas por sumas millonarias (no tributan IVA ni Ingresos Brutos), subsidios a las diversas entidades educativas o de servicios que operan bajo su patrocinio –como sucede en el ámbito educativo y de la salud-, financiamiento estatal de obras y refacciones de propiedades que le pertenecen, además del pago de los sueldos de obispos, auxiliares y curas de fronteras que se estableció por decreto durante la última dictadura cívico-militar, bajo el comando de los Videla-Viola-Massera, y que todos los gobiernos de la democracia han mantenido en pie.

 

La tercerización de áreas de asistencia estatal a través de organismos o instituciones ligadas a la Iglesia Católica, es también una práctica recurrente, como salió a la luz recientemente en el caso del convenio del Ministerio de Educación de la Nación con la Fundación CONIN que preside Abel Albino –y que numerosas provincias tienen replicado a escala local. El escándalo surgió luego de que Albino expusiera en el Senado en defensa del aborto clandestino, argumentando contra el uso de anti-conceptivos. Luego se difundió públicamente que el Estado Nacional y los estados provinciales delegan en su Fundación la asistencia a la primera infancia y el combate a la desnutrición infantil, que según este hombre del Opus Dei tiene por causa la promiscuidad de los pobres. La delegación de la asistencia a la niñez en la Iglesia u ONGs clericales adquiere a su vez una gravedad mayúscula ya que estamos hablando de una institución cuyos niveles de corrupción y descomposición alcanzan denuncias en todo el mundo por abusos, violaciones y vejaciones tremendas a miles de niños y niñas –y que han contado a lo largo de la historia con el encubrimiento y la protección papal.

 

Como se ve, en el entrelazamiento de la Iglesia y el Estado se juega no sólo el problema económico –que involucra sumas extremadamente onerosas- sino también de orden político y social. La Iglesia es una gran corporación capitalista y su prédica es en defensa del régimen capitalista –muy valiosa para la clase dominante sobre todo en épocas de crisis y fuerte ofensiva contra las mayorías populares y trabajadoras. El aspecto económico es de basto alcance, la Iglesia tiene numerosos terrenos que se explotan con fines comerciales e inmobiliarios. El Vaticano tiene un Banco propio, también comprometido en negociados financieros de todo orden.

 

En momentos en que en Argentina crece el reclamo por la separación de la Iglesia del Estado -una causa que ha abrazado el potente movimiento de mujeres y amplios sectores populares- es preciso reforzar el debate popular respecto de los alcances y todas las dimensiones que están en juego detrás de este problema. Es necesario avanzar en todo tipo de medidas para golpear la injerencia clerical en los distintos niveles del Estado, denunciando su función social, cultural, educativa, su accionar político y terminando con el sostén del Estado a la misma. Este objetivo democrático básico se ha vuelto un problema de primer orden a la luz de la lucha del movimiento de mujeres por el aborto legal, seguro y gratuito. 

 

En todo el país la Iglesia Católica y el resto de las religiones tienen enormes beneficios que representan un sostén del Estado a una usina reaccionaria, oscurantista, anti-derechos que brinda como contrapartida una contención social frente al saqueo de las condiciones de vida de las masas y un adormecimiento y resignación frente a la necesidad del pueblo de desarrollar toda su capacidad de lucha para derrotar el ajuste.

  

El dominio de la Iglesia sobre la “vida civil” está habilitado en la constitución nacional y en las provinciales, en leyes y códigos, en la educación, en la salud. Baste recordar la injerencia en las modificaciones al Código Civil y Comercial bajo el gobierno kirchnerista, su oposición a la enseñanza de la educación sexual, la cual no existe o se desarrolla bajo sus prejuicios en las escuelas que dirige, la campaña contra el uso de preservativos como prevención para el HIV, contra el matrimonio entre personas del mismo sexo y su discriminación a la diversidad sexual, solo para señalar los hechos últimos y más relevantes.

 

El sostenimiento económico de las religiones, y en particular de la católica, entraña un privilegio y una imposición sobre el conjunto de la población. Una cuestión de orden privado (la creencia religiosa) adquiere el carácter de orden público colocándose por encima del conjunto de la sociedad con sus propias leyes, valores y métodos que adquieren así una predominancia fundamental para imponerse.

 

La eliminación de este sostenimiento tiene un sentido claramente democrático que la burguesía y sus partidos no están dispuestos a llevar adelante porque entrañaría liberar al pueblo de una opresión “espiritual” totalmente funcional a los intereses de la explotación del hombre por el hombre. Pero derechos democráticos elementales como la libertad de la mujer para decidir qué hacer con su cuerpo y su vida, la del hombre para asociarse a la mujer en una lucha común, la del conjunto para vivir en libertad la sexualidad son incompatibles con el dominio religioso impuesto a creyentes y no creyentes por la acción de fuerza del Estado.

 

La denuncia y reversión del tremendo negociado que realizó el Obispado de San Justo con tierras que debían ser destinadas a la construcción de viviendas populares debe ser inmediata. Buscamos a su vez que el conocimiento y la difusión pública de esta situación, sirvan para reforzar el debate y la lucha popular contra el oscurantismo, la explotación, el sometimiento, y por la separación de la Iglesia del Estado.

 

Por todo ello es que solicitamos a los señores diputados la aprobación de esta Ley.

 

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