La legisladora Amanda Martin afirmó: “El primer punto de nuestro proyecto es justamente que se declare la emergencia en el acceso a la vivienda en la CABA. Es un tema que debe ser abordado con suma urgencia, tenemos un 35% de inquilinos que ven subir los alquileres y sus salarios estancados, con una disminución de oferta (especulativa) y una imposibilidad objetiva de compra, sumado a más de 400 mil personas viviendo en villas.”
“Si eso no es una crisis habitacional no sé lo que es: los “salarios necesarios” para la compra de un inmueble se cuadruplicaron, los alquileres subieron ¡por encima de la inflación!, el alquiler de un monoambiente se encuentra en promedio en $47.784 pesos, muy por encima incluso del salario mínimo, es por eso que presentamos este proyecto”
Por su parte el legislador Gabriel Solano explicó: “Tal como afirmamos en los fundamentos del proyecto la crisis habitacional se reduce en lo esencial a que la vivienda se transforma en un activo para valorizar un capital que no puede ser utilizado en la producción. Es un fenómeno internacional, de hecho, en países como Berlín se ha votado la expropiación de 240.000 viviendas ociosas para combatir el proceso expulsivo que genera el aumento sistemático de las propiedades y alquileres.”
“El proyecto explica que el carácter especulativo que adquirió la adquisición de las viviendas también agrava la crisis de los alquileres. Esto sucede porque hay una relación entre el valor de los inmuebles y su alquiler. Cae la rentabilidad de quien alquila y sucede un hecho sorprendente: los alquileres son carísimos para los trabajadores, pero ´insuficientes´ para los propietarios que retiran sus viviendas del mercado de alquileres y la publican para su venta sin convalidar precios bajos. La dinámica del proceso no está determinada por la capacidad de pago de la población sino por el afán de lucro de los especuladores inmobiliarios, que acaparan tanto propiedades como tierras.”
“Nuestra propuesta plantea un programa integral: impuesto progresivo a la vivienda ociosa y a los acaparadores inmobiliarios; la creación de un banco de tierras y construcción de viviendas por el estado para que el valor de venta se comparezca con el costo real de construcción; la revisión de la enajenación de las 500 hectáreas vendidas para destinarlas a espacios verdes y construcción de viviendas; un plan de créditos hipotecarios a tasas blandas con cuotas que no superen el 25% del salario; por la eliminación del impuesto a la vivienda única.”
