Solano acusó al presidente Milei de aplica una política criminal debido a que: “en momentos donde 27 millones de personas son pobres y 7 millones indigentes la única respuesta del gobierno ha sido suspender la entrega de asistencia a los comedores populares y congelar las jubilaciones y el salario mínimo vital y móvil”.
“La inflación de diciembre y enero, potenciada por la devaluación y los tarifazos, supera el 50%, mientras la mayoría de los trabajadores ha tenido su salario congelado o ha recibido aumentos muy por debajo de ese porcentaje. Así, solo una minoría de trabajadores logra cubrir la canasta de pobreza valuada en $ 596.823. Por lo pronto, el salario mínimo sigue en $ 156.000 y la jubilación mínima que cobran más de 5 millones de jubilados en $ 105.000. Esto explica el nivel alcanzado por la pobreza, que no afecta solo a quien está desocupado o recibe un plan social, sino a trabajadores registrados y jubilados”.
“Las medidas anunciadas por el gobierno, sumado a la caída de la actividad con su secuela de menor cantidad de puestos de trabajo, no harán más que agravar esta situación desesperante. La contracara es el salto en los beneficios de amplios sectores empresariales, sobre todo los vinculados a la exportación, las petroleras y concesionarias de servicios públicos”.
“La respuesta inmediata a esta política criminal debe ser un inmediato paro nacional de la CGT y todas las centrales sindicales, que sea el comienzo de un verdadero plan de lucha para derrotar al gobierno”.
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