El legislador de la Ciudad advirtió: “Se trata de una modificación del reglamento escolar que recuerda a las peores épocas de la historia argentina en las que se censuraba la libre opinión a los estudiantes y docentes. se les prohíbe a los docentes y no-docentes de las escuelas expresar opiniones relativas a la “religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia”, a la vez que deben informar “en caso de que estos temas surjan durante la clase por iniciativa de un estudiante””.
El proyecto fundamenta que: “Con esta medida se quiere generar en las escuelas un clima de persecución y censura, para el cual es necesario impedir el derecho a reclamo y protesta, por eso esta modificación del reglamento también establece que de “desarrollar toda conducta, acción o actividad que implique la interrupción del servicio o la apertura regular del establecimiento” quedará “bajo apercibimiento de ser pasibles de sanciones disciplinarias.””.
Por su parte, Amanda Martin, Secretaria Adjunta del sindicato Docente Ademys, agregó que: “Esta no es una medida aislada. Recientemente el jefe de Gobierno Jorge Macri ha bloqueado durante semanas cualquier tipo de acceso a los contenidos virtuales sobre Educación Sexual Integral (ESI) en la página del gobierno de la Ciudad. Ahora directamente quiere prohibir que se hable tanto de esta temática como otras relevantes como la religión, etnia, género y política, entre otras. No es para nada casual que hace poco tiempo el gobierno, junto con otras fuerzas políticas, hayan impulsado la llamada ley de “educación emocional”, una política que también promueve el oficialismo libertario a nivel nacional y que es apoyada integralmente por el clero”.
El proyecto concluye que: “Los comentarios del presidente en el foro de Davos contra el colectivo LGTBI+ y las mujeres tienen su continuidad en estas medidas concretas. La masiva movilización producida el sábado 1 de febrero es una clara demostración del rechazo popular a estas políticas persecutorias y de censura. La legislatura tiene la responsabilidad de dejar sin efecto esta resolución que de manera unilateral busca imponer la censura de las infancias, adolescentes, docentes y comunidad educativa, atacando los derechos a la libre opinión y protesta”.
