Gabriel Solano denunció: “Los cárteles amenazando con la represión policial constituyen sin lugar a dudas un delito de intimidación pública del gobierno a la población. El uso abusivo de los recursos del estado, como ser en este caso las instalaciones ferroviarias, reproduce la acción que Patricia Bullrich montó el 20 de diciembre del 2023 y que dio inicio a una acción persecutoria de los movimientos sociales y piqueteros”.
“No caben dudas que esta intimidación pública es una muestra de debilidad de un gobierno que teme como a la peste desatar una rebelión popular. Es que esa posibilidad se abre camino ante el crecimiento del descontento social y el deterioro de la situación económica. Todas las encuestas de opinión son unánimes en concluir que la caída del apoyo del gobierno y el crecimiento de la bronca con Milei”.
“Más allá de que la Justica debe abrir una causa contra Bullrich por su grosera y evidente intimidación pública, tenemos la obligación como pueblo de acompañar a nuestros jubilados en su justo reclamo. El pacto secreto con el FMI no hará más que agravar la situación de nuestro pueblo sometido a la motosierra criminal de los bandidos libertarios”
