La diputada del PO – FIT, Romina Del Plá, presentó un proyecto para exigir la anulación de la resolución por la cual se otorgan ascensos retroactivos y una compensación económica a 25 miembros de las Fuerzas Armadas pasados a retiro por estar alineados con los represores de la dictadura cívico-militar.
El proyecto denuncia que esta “reparación” se produce en el marco del plan de “reconciliación” con los militares genocidas, con el objetivo de reforzar una política represiva contra el movimiento popular, orientación que se expresó con la designación de Milani al frente del Ejército, la militarización de los barrios, los decretos que sustraen del control civil a las FFAA, que habilitan la injerencia militar en seguridad interior, el fallo del 2×1 y la pretensión de otorgar cárcel domiciliaria a genocidas presos.
Del Plá declaró: “Esta ‘reparación’ se produce en el marco del plan de introducción de las FFAA en tareas de represión interior. Su correlato fueron la militarización de los barrios, de la Patagonia y de ‘puntos estratégicos’ en todo el país. El gobierno quiere congraciarse con la camarilla militar para garantizar su apoyo en caso de recurrir al Estado de Sitio frente a un agravamiento de la protesta contra los planes de ajuste fondomonetaristas”.
Adjuntamos proyecto de resolución.
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE
Exigir al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministro de Defensa de la Nación, la anulación de la Resolución 1414/2018, por medio de la cual se otorgan ascensos retroactivos y se reconocen años de servicio, con una consecuente compensación económica, a un grupo de 25 miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) que en 2010 fueron pasados a retiro por estar alineados política e ideológicamente con los represores de la dictadura cívico-militar.
Denunciar que esta “reparación” se produce en el marco del plan de “reconciliación” y amnistía para con los militares genocidas, con el objetivo de reforzar una política represiva contra el movimiento popular. Dicha orientación se expresó en los últimos años, primero, con la designación de César Milani al frente del Ejército y la militarización de los barrios –antes con la excusa de la “ayuda humanitaria”, hoy en nombre del supuesto “combate al narcotráfico”-, y luego con los decretos que otorgan mayor autonomía y sustraen del control civil a las FFAA (DNU 721/2016), el decreto que habilita la injerencia militar en materia de seguridad interior (DNU 683/2018), el fallo del 2×1, la pretensión de otorgar el beneficio de la cárcel domiciliaria a casi 100 genocidas presos, etc.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Por medio de la Resolución 1414, el gobierno resolvió otorgar ascensos retroactivos y el reconocimiento de años de servicio, con una consecuente compensación económica, a 25 oficiales del Ejército y la Armada, pasados a retiro hace ocho años por resolución de la entonces titular de la cartera bajo el gobierno kirchnerista, Nilda Garré. No se trata solo de una pretendida reivindicación ‘moral’, la resolución gubernamental plantea que se les pague también en forma retroactiva las diferencias en los haberes. Pero nunca fueron nombrados para ascender por el Senado, trámite que ahora debieran encarar.
Aunque el ministro de Defensa, Oscar Aguad, argumente que los 25 militares fueron castigados por “portación de apellido” -ya que se trata de familiares de genocidas y represores de la última dictadura-, no estamos ante una decisión inocente que pretenda hacer justicia contra una decisión arbitraria. Entre los apartados, figura Roberto Vega, un teniente coronel que, en el año 2005, dio un discurso en una ceremonia de juramento a la bandera en el que reivindicó al Operativo Independencia y la pelea “contra el terrorismo apátrida que pretendía cambiarla por un trapo rojo”. Como reseña Página 12 (5/11), “otros involucrados del Ejército son Roberto Ruzzante, quien habría mostrado su solidaridad con el represor Alejandro Duret; y también el teniente coronel Oscar Faisal, que habría brindado asistencia a militares que estaban siendo juzgados en Corrientes por delitos de lesa humanidad”. Entre los ex marinos figuran algunos que pertenecieron a la camarilla del ex jefe de la Armada Jorge Godoy, condenado por el espionaje ilegal en Trelew.
Ya el problema de los ‘apellidos’ evidencia el carácter de casta de las instituciones militares del Estado. Pero como se aprecia, no se trata de simples “portadores de apellidos” sino de elementos alineados política e ideológicamente con los represores. Esta “reparación” se produce en el marco del plan de introducción de las fuerzas armadas en tareas de represión interior, en nombre de “la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”. Su correlato han sido la militarización de los barrios, de la Patagonia –cuya riqueza es anhelada por los pulpos capitalistas– y de “puntos estratégicos” en todo el país. Esto es lo que Macri llama “efientizar” el rol de los militares. El gobierno quiere congraciarse con la camarilla militar –decreto de autogobierno, negación del genocidio, rehabilitación de la “teoría de los dos demonios”, fallo del 2×1, etc– para garantizarse su apoyo en caso de recurrir al estado de sitio frente a un agravamiento de la protesta obrera y popular contra los planes de ajuste fondomonetaristas.
De acuerdo con las declaraciones del Ministro Aguad, el desprestigio de los militares no es el resultado del genocidio que protagonizaron sino “producto de una política de estigmatización que se ha dado en las últimas décadas”. Se trata de una grave confesión que ilustra el operativo pro-impunidad para con los milicos por parte del gobierno nacional.
Según Nilda Garré, otrora ministra de Defensa durante la presidencia de CFK, los 25 militares fueron depuestos porque “no acreditaban una vocación democrática”, y no por su filiación. Pero fue el kirchnerismo el que llevó al genocida Milani a la jefatura del Ejército y lo rodeó de cuantiosos recursos para montar un aparato de espionaje paralelo. El Proyecto X, los récords de luchadores perseguidos por la justicia y de muertos en protestas, la tercerización de la represión en manos de patotas sindicales y barrabravas, entre otros, no serían tampoco las mejores credenciales en defensa de “la democracia”. En realidad, el “estado de derecho” y la democracia capitalista presuponen la existencia de un aparato represivo al servicio de una clase social que –con dictadura o con democracia- gobierna contra los intereses de la inmensa mayoría del pueblo trabajador. Y cada vez más, ante la agudización de la crisis y la ofensiva contra las masas, ese recurso de “última instancia” se vuelve un elemento central para ejercer su dominación.
No estamos ante una simple resolución que afecta a 25 personas aisladas, sino de una nueva medida que apunta al reforzamiento represivo de un régimen que necesita descargar su fracaso sobre la mayoría trabajadora nacional.
Alertamos y rechazamos este nuevo intento de pavimentar una reconciliación con los genocidas y sus defensores.
Por todo lo expresado, y por las razones que oportunamente expondremos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
