En una sala repleta, acompañaron su declaración, el dirigente de Partido Obrero Jorge Altamira, y los diputados nacionales del PO, integrantes del bloque Frente de Izquierda, Pablo López y Soledad Sosa, junto a decenas de referentes de los DDHH, políticos y sindicales. Estuvieron presentes, además, como sus abogadas patrocinantes, Liliana Alaniz y Claudia Ferrero, de APEL.
Jorge Altamira analizó: “La declaración de Elia se hace en un momento político en el cual los sectores que reclaman poner fin a los juicios por los crímenes de lesa humanidad levantan cada vez más la voz. La política de la prisión domiciliaria que beneficia ahora a Pedraza se recoge de otros beneficios iguales a los que han perpetrado los crímenes de la dictadura”. Y agregó: “Más que nunca, la causa de los derechos humanos por la que se ha venido peleando tanto tiempo es aguda, más en vísperas de un 24 de marzo a 40 años del golpe militar. Es un momento político importante y el Partido Obrero y yo personalmente estamos aquí presentes”.
Altamira señaló además que “el hecho que Elia pida hacer una declaración anticipada por el temor de no poder hacerla cuando oportunamente comience el juicio de ABO es una manifestación de perversidad, por el tiempo que se han encubierto estos crímenes y se ha evitado abrir los archivos de la dictadura.”
El diputado salteño Pablo López destacó: “Elia ha luchado durante 40 años por el esclarecimiento de la desaparición de su hijo y por todas las causas de derechos humanos, acompañando cada una de las luchas democráticas del pueblo trabajador. Que le haya tocado hacer esta declaración el día internacional de la mujer trabajadora es un homenaje a la tenaz luchadora que es y a tantos años de lucha consecuente”.
Por su parte, la diputada mendocina Soledad Sosa dijo que “a días del aniversario del 24 de marzo estamos en los Tribunales acompañando a una gran luchadora, como Elia Espen; junto a los familiares de Avalos, asesinado por la patota de la UOCRA, que se hicieron también presentes, y junto a los organismos de derechos humanos, acompañando todas las luchas contra la impunidad y la represión, que se mantiene y se profundiza desde el propio Estado, con medidas como el protocolo antipiquete y la criminalización de la protesta”.
