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El intento de destitución de Julio De Vido por parte del gobierno macrista y sus aliados massistas forma parte de una maniobra política encubridora. En primer lugar, del ajuste en marcha con su secuela de despidos, suspensiones, tarifazos y carestía. En segundo término, de la corruptela del oficialismo, cuyo entramado de negocios tiene una continuidad con el gobierno pasado. Y, finalmente, de la propia Justicia, que ha protegido con impunidad los delitos de corrupción de la administración pasada y la presente. -
En vez de proceder al juicio político de estos jueces, el bloque parlamentario oficial ejecuta una maniobra política que comporta el establecimiento de un régimen de excepción, o sea, un golpe parlamentario. Es que no puede caracterizarse de otro modo la expulsión de un diputado sin condena en los tribunales, apelando al simple recurso de su declaración de `inmoral`. Por esta vía se sienta un precedente peligrosísimo que mañana podrá ser invocado contra cualquier diputado, ya sea por una acción u opinión que contradiga al gobierno o a una mayoría circunstancial en la Cámara. Ahora mismo en Mendoza los legisladores del Frente de Izquierda enfrentan el pedido de sanción por parte del gobernador Cornejo por haber participado de la movilización convocada por la CGT local en oportunidad de paro nacional de abril. La maniobra comporta también un autoblanqueo del bloque oficialista: al ejecutar una separación por “indignidad” o “inmoralidad”, los responsables de los Panamá Papers, el encubrimiento de Arribas y otros negociados se arrogan para sí el lugar de impolutos, que luego pretenderán usar en los agravios y ajustes que preparan contra el pueblo. La identidad de intereses capitalistas que actúan como telón de fondo de la corrupción –la de antes y la de ahora- se acaba de poner de manifiesto en la reciente audiencia por las represas de Santa Cruz, donde Julio De Vido y Aranguren-Macri coincidieron en el respaldo a un proyecto largamente cuestionado por razones económicas y ambientales. -
La responsabilidad de Julio De Vido como ministro de Planificación Federal, cuando estuvo al tope de los negocios de doce años de la patria contratista, está fuera de toda duda. El Partido Obrero lo señaló en tiempo y forma y sufrió en carne propia la acción de la mafia ferroviaria que tenía al ex ministro de Planificación como jefe indiscutido. El asesinato de Mariano Ferreyra ejecutado por la patota de Pedraza formó parte de este entramado de intereses que combinaba los sobreprecios, las coimas y la tercerización del trabajo. Fue el mismo entramado que llevaría meses después a la masacre de Once, la expresión más lacerante de esta política tan corrupta como criminal. -
Pero esta línea de sangre que separa al Partido Obrero de Julio De Vido pone a prueba justamente nuestra condición de partido principista que defiende las libertades políticas. Por definición la defensa de esas libertades y los derechos constitucionales relacionados con aquéllas se ponen a prueba cuando se ven afectados los de un opositor. De otro modo se trata sólo de una autodefensa. El Partido Obrero bregará por todos los medios para que el juicio que se le sigue a Julio De Vido por la masacre de Once termine en una condena, como sucedió en el pasado con Pedraza. Y cuando logremos esa condena votaremos en el Congreso el desafuero para que la ejecución de la misma tenga un carácter efectivo. La expulsión sumaria que hoy se pretende, en cambio, sólo enviaría a Julio De Vido a su casa sin alterar su condición procesal ni su patrimonio. -
Advertimos que convalidarle a un gobierno empeñado en llevar adelante un ajuste contra el pueblo la posibilidad de vulnerar derechos constitucionales sería un error político mayúsculo, aun cuando esos derechos políticos sean los de un ex funcionario nefasto como Julio De Vido. Mediante poderes excepcionales o recursos de excepción, el gobierno pretende superar una crisis política mayúscula y una bancarrota económica de dimensiones enormes. Bien visto, es la situación que recorre a toda América Latina, donde los golpes parlamentarios avanzaron hasta el punto de destituir presidentes, como es el caso de Brasil, y antes en Paraguay cuando se convalidó el golpe contra el ex presidente Lugo. En todos los casos la derecha se valió de la corruptela de los llamados `nacionales y populares`, que terminaron siendo sólo el preludio de gobiernos derechistas. Es lo que ocurre también ahora en nuestro país y lo que explica la imposibilidad del kirchnerismo de enfrentar esta intentona del macrismo por establecer un régimen de excepción. El silencio de Cristina Kirchner frente al pedido de destitución de quien fuera su principal ministro es el resultado de su compromiso con la corruptela general y los intereses que se beneficiaron de la misma. -
Los diputados del Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda, expresarán el rechazo a esta política del macrismo mediante el voto en contra. Denunciamos la maniobra del gobierno, distraccionista y encubridora, y resaltamos su carácter peligroso en tanto y en cuanto apunta a establecer un régimen de excepción y vulneración de derechos políticos. Llamamos a desarrollar una fuerte movilización popular por la condena judicial de Julio De Vido y terminar con el régimen de la corrupción y la entrega, construyendo una alternativa obrera y socialista.
Comité Nacional del Partido Obrero
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