El proyecto oficial, que fue consensuado con la iglesia, las cámaras empresariales y la mayor parte de los partidos de la oposición, contiene un ataque a las conquistas populares, al desarmar una serie de reglamentaciones que protegen conquistas laborales y sociales, y al reforzar la presión oscurantista sobre la población, especialmente contra los derechos de las mujeres. El nuevo Código, además, reconoce como propios los pactos internacionales firmados en los 90 y que incurren en una clara violación de la soberanía nacional, como sucede por ejemplo con los fallos del CIADI.
La movilización que realizaremos también denunciará el proyecto que tratará la Cámara de Diputados que impide realizar demandas civiles contra el Estado y sus funcionarios, ya sea por los actos cometidos por éstos o por empresas contratistas o concesionarias del Estado. De este modo se desprotege a la población, ante crímenes sociales como los de Once, mientras se blinda al Estado para que utilice sus recursos financieros para el pago de la deuda pública.
Partido Obrero
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