Se trata de una prisión preventiva por el hecho de participar de dos movilizaciones: las que tuvieron lugar el 3 y 30 de marzo, en las que miles de personas se movilizaron en reclamo contra el hambre y la desocupación.
Para justificar la detención y privación ilegítima de la libertad de ambos dirigentes el juez tomó por válidos los argumentos de la Fiscalía en cuanto a que la libertad de ambos activistas podría “coaccionar” a los miembros de las organizaciones a las que pertenecen que, eventualmente, podrían ser citados a declarar. En la acusación de la Fiscalía no existe ninguna prueba o presunción suficiente de justifique tal hipótesis.
La Fiscalía reclamó la detención, allanamiento, secuestro de celulares y privación de la libertad de Copello y Chorolque aplicando los artículos 194 (entorpecimiento de la circulación) y 239 (desobediencia a funcionario público) del Código Penal, en concurso real. Son los dos tipos penales frecuentados por el poder político para judicializar la protesta social. El art. 194 del CP fue reintroducido en nuestro derecho por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Ambas figuras no solo no pueden coexistir en simultáneo. La orden de detención está plagada de irregularidades e interpretaciones erróneas de la jurisprudencia.
Estas detenciones forman parte de una campaña del gobernador Gerardo Morales, que tiene bajo su control no sólo a la policía sino también la Justicia provincial. En Jujuy Jueces y fiscales tienen la orientación política de criminalizar a los luchadores populares. En la provincia existe un régimen de terror sin garantías civiles ni democráticas básicas.
Una delegación en la que participa el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano se encuentra hoy en la provincia de Jujuy para exigir la liberación de los dirigentes detenidos.
El proceso judicial abierto contra Sebastián Copello y Juan Chorolque es manifiestamente la hoja de ruta de la persecución y judicialización de la protesta social, con la intención de amedrentar la movilización popular contra el hambre, la desocupación y la pobreza. Se ha lanzado una campaña nacional por la libertad de Copello y Chorolque.
Claudia Ferrero, abogada de Copello: 11 56045905
Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero: 1556901514
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