Del Plá dijo: “En el caso del crimen de Úrsula no se trata de errores o situaciones que fallaron de manera aislada. Se muestra la responsabilidad y combinación de todo el aparato del Estado: la Justicia que desestimó las denuncias a pesar de las causas previas que caían sobre el agresor –el juez fue designado en 2016 por el Senado bonaerense-, la Policía que protegió al agresor y que con la carpeta psiquiátrica podría beneficiarlo y que luego reprimió a quienes reclamaban, el Poder Ejecutivo y ministerios nacional y provinciales de la mujer que no toman las medidas efectivas para proteger a las víctimas y actúan como si fueran observadores sin responsabilidad en el tema. En el 2021 tenemos 44 femicidios, una cifra creciente, un Estado que no pone recursos para el seguimiento de las situaciones denunciadas y un contexto en el que han empeorado las condiciones de vida especialmente de las mujeres: pobreza, falta de vivienda, hambre, despidos. Esta tarea demanda la contratación masiva de profesionales, medios y herramientas para concretar ese seguimiento de igual manera que se requiere dispositivos de emergencia para contener a las mujeres que hoy son revictimizadas por parte del Estado.”
“La problemática es profunda y esta encarnada en la orientaciones que los gobiernos y el Estado imparten desde lo más alto del poder político e institucional. La maquinaria de violencia cotidiana que produce discriminación, violencia, sometimiento y muerte no es obra de la casualidad o de la `ausencia del Estado. El Estado femicida es un Estado de clase y activo.´ Los ministerios y secretarías de género han fracasado y para superarlos hay que abrir paso a organismos independientes de los gobiernos de turno, electos por las propias mujeres y cuyas políticas sean fijadas por ellas mismas. Un Consejo Autónomo de Mujeres que destine el presupuesto necesario para enfrentar esta realidad sin ataduras a los planes fondomonetaristas y ajustadores de los gobiernos de turno y las políticas de un Estado femicida.”
