Un discurso presidencial rodeado de convocatorias a la defensa del salario y de la mesa de los argentinos, no pudo disimular la vergüenza social que significa anunciar un aumento de la jubilación mínima, para marzo, de 270 pesos, un 11%.3, hasta 2700 pesos mensuales. Esta suma equivale a la cuarta parte de una canasta familiar y a menos de la mitad de la canasta básica. Se trata de un ajuste calculado sobre la base de un índice del período julio-diciembre pasado, que excluye el estallido de precios provocado por la inflación, que se estima en un 20% en el trimestre en curso. Al momento de cobrar esta nueva ‘conquista’, los trabajadores jubilados habrán perdido seis puntos de remuneración respecto a lo que cobran en la actualidad.
En el marco inflacionario que se ha creado, la negativa a elevar el piso jubilatorio con una suma fija, o a incorporar el nuevo patrón de crecimiento de precios a la tasa de aumento de las jubilaciones, apunta a convertir a los salarios, que deben discutir las paritarias, en un ancla de la inflación adicional creada por la devaluación. El gobierno repite la política de un antecesor, Isabel Perón, que también intentó salvar al rodrigazo mediante el anclaje de los salarios muy por debajo del crecimiento de los precios.
Ante este ataque a los trabajadores, volvemos a plantear un aumento general de 3000 pesos, adicional a este ajuste y a lo que decidan las paritarias, un salario mínimo de diez mil pesos, que es el costo de una canasta familiar, y el 82% móvil.
Jorge Altamira
