Este hecho tuvo lugar recientemente al ser rechazada por la Cámara de Casación la apelación presentada por la defensa contra la ampliación del procesamiento por los delitos de coacción y extorsión. Con ésta decisión se viola una garantía constitucional elemental que es el derecho a que una decisión, con consecuencias gravísimas como la prisión de nuestros compañeros, sea revisada por una segunda instancia.
Con la denegación de esta garantía de doble conforme en la Justicia, contemplada expresamente en tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino, se avanza en forma sumaria hacia el objetivo político de encarcelar luchadores populares que se planteó el gobierno desde el primer minuto. Estamos frente a un operativo político-judicial que busca disciplinar al sector de la clase obrera que se enfrentó a todos los gobiernos. Al sector que en las últimas décadas han viabilizado la conquista de derechos básicos como el acceso a la comida, al trabajo genuino, organizándose en las barriadas más pobres del país por el conjunto de reivindicaciones de educación, de atención sanitaria, de lucha por la tierra y la vivienda entre tantas otras que surgen de la pobreza estructural en la que los distintos gobiernos de todo signo han ido hundiendo a la mitad de los argentinos.
Recordemos que en esta causa se pretende movilizados por obligación a quienes, por ejemplo, este último 20 de diciembre se movilizaron por miles a Plaza de Mayo un año después del inicio de esta causa montada por los aparatos de inteligencia. Recordemos que no permitieron testigos de la defensa, que habiendo presentado todas las rendiciones de los proyectos productivos no las toman en cuenta, que no fueron tomadas en cuenta las certificaciones de escribano de los bienes materiales en cada rincón del país en los que se invirtieron los fondos pretendidamente defraudados. Recordemos que a diferencia de notorios personales políticos, ni un compañero tiene tenencia alguna que no sea la de cualquier trabajador argentino.
Estamos frente a una sentencia escrita desde la Rosada y la Justicia sólo presta la escenificación para el linchamiento judicial que piden los dueños del poder con el objetivo de disciplinar a quienes nunca dejaron de luchar porque no pactaron con ningún gobierno. Es claro que la corrupción que todos los días ocupa páginas enteras ahora mismo es de parte de los políticos que responden a esos dueños del poder sean oficialistas u opositores. El mensaje es claro, como lo es nuestra determinación a la lucha para defender a compañeros que ponen el cuerpo contra el hambre y la miseria, por el futuro de nuestros hijos, a lo largo y ancho del país.
