La diputada del Partido Obrero (FIT) por Mendoza, Soledad Sosa, dirigió una Audiencia Pública en el Congreso Nacional junto a los diputados del PO que integran el Bloque del FIT, Néstor Pitrola y Pablo López, contra el proyecto megaminero de Agua Rica.
La audiencia fue realizada en apoyo al acampe que desde el 1° de febrero mantienen miembros de la Asamblea El Algarrobo de Andalgala, frente al Palacio de Tribunales. Reclaman que la Corte Suprema se pronuncie frente a un recurso de amparo presentado hace… ¡6 años!
Enviaron su adhesión los diputados Donda, Argumedo y Bregman.
La diputada Sosa denunció que la Cámara de empresarios mineros presentó a los candidatos, en la reciente campaña electoral, un documento con exigencias que ahora el gobierno de Macri está ejecutando al pie de la letra: “Viene de levantar las retenciones del 5% a las exportaciones mineras, lo que significa una transferencia millonaria a estos pulpos que contaminan el medio ambiente y saquean nuestros recursos naturales”, señaló la diputada mendocina. Soledad Sosa distribuyó copias del proyecto de Ley que presentó junto a Pitrola y López contra la megaminería contaminante tomando como base la ley impuesta en Mendoza. “Nuestro proyecto plantea la prohibición en el territorio nacional del uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otros similares en los procesos mineros, sobre todas sus etapas”, señaló Sosa.
La Audiencia nucleó un amplio frente de asambleas, agrupamientos y personalidades que apoyan que Agua Rica sea expulsada de Andalgalá por contaminante. Representantes de la Asamblea del Algarrobo (Sergio Martínez, Alejandro de las Cuevas y otros) denunciaron que el ministro de Medio Ambiente, Bergman, se presentó inesperadamente ante el acampe, se sacó fotos clandestinamente e intentó cooptar a acampantes, pero quedaron al desnudo sus intereses al servicio de las megamineras. Además estuvieron presentes, entre otros, el abogado ambientalista Enrique Viale, el ex diputado Jorge Cardelli y Carlos Tirinello, la agrupación Tribunal Ambiental (PO), el PTP, el presidente de la FUBA, Julián Asiner, la agrupación Abriendo Caminos de la Facultad de Agronomía, la dirección de Bienes Comunes de la CTA nacional Autónoma, Capoma, Sanjuaninos de Buenos Aires, Red Eco Socialista y el Movimiento de Profesionales para los pueblos. Hubo comunicaciones telefónicas apoyando la audiencia desde Salta, los luchadores contra la instalación de Austin Powders, y desde San Juan, referentes de la Asamblea de Jachal.
El diputado nacional Nestor Pitrola mostró la continuidad existente en el gobierno K y la actual gestión Macri-Bergman. “El Congreso es una cueva de lobbies de las petroleras y las megamineras contra el pueblo. Tanto los ex gobernadores catamarqueños como el neoliberal Brizuela, o la ‘nacional y popular’ Corpacci, fueron agentes de la Barrick Gold”. “Estos acuerdos son la garantía para negociar ahora el pago a los Fondos Buitres y nuevos endeudamientos usurarios, siguiendo el libreto del juez Griesa, como lo fueron con Cristina para el pacto YPF-Chevron”. El diputado Pitrola denunció que“la depredación ambiental viene siempre acompañada por la depredación laboral” y que “la deflación de precios y la crisis capitalista agravan el saqueo, ese es el sentido del escandaloso levantamiento de las retenciones mineras de Macri”. El diputado manifestó al final el programa del PO-FIT: “Nacionalización integral de toda la minería y la industria hidrocarburífera, bajo control y gestión de sus trabajadores”.
Cerró la Audiencia el diputado salteño del PO, Pablo López, quién recordó que en el anterior gobierno “el gobernador de mi provincia, Urtubey, junto con Gioja y CFK, viajaron a Canadá a reunirse con el ceo de la Barrick y al regresar, en una semana, todas las provincias sancionaron leyes de destrucción de los glaciares que habilitaban la salvaje explotación megaminera. La Corte Suprema, a la que reclamamos que se pronuncie contra Agua Rica, fue la garante del acuerdo con Chevron. Se han abierto causas contra los luchadores antimegamineria y se han desmontado miles de hectáreas para expandir el modelo sojero, produciendo inundaciones y dejando desempleados a trabajadores de las actividades regionales. La consecuencia de esto fue el hambre de miles de niños. Y han elaborado un sistema jurídico para garantizar estos negocios: han quitado del Código Civil el derecho al agua! Enfrentamos a todo un régimen político. Tenemos que luchar contra el, por la transformación de conjunto de este régimen social".
Los presentes se comprometieron a apoyar una concentración durante la jornada del 1° de marzo frente a Tribunales para hacer oír a la Corte, el reclamo que Agua Rica se debe ir de Andalgalá.
El diputado Pablo López, señaló que ese día la izquierda hará una concentración frente al Congreso Nacional para repudiar -en la inauguración presidencial de las sesiones legislativas- todos los ataques contra el pueblo, donde planteará la prohibición de la megaminería contaminante. Luego se hará presente con una delegación en el acampe de Tribunales.
