El primero de marzo, Macri abrirá las sesiones de un Congreso que él mismo ha atropellado para gobernar por decreto a cuenta de los buitres, del capital financiero, los grupos mineros y exportadores, en función del formidable ajuste contra la clase obrera y el conjunto del pueblo trabajador que ellos exigen.
Macri llega al Congreso para levantar la ley cerrojo y de pago soberano exigida por Griesa, y abrir la puerta a un reendeudamiento que agravará exponencialmente la hipoteca de la deuda usuraria. Después de una devaluación del 50%, de un tarifazo a favor de las privatizadas que vaciaron y desinvirtieron en los últimos 20 años, con más de 20.000 despidos en el Estado y una cifra superior por parte de las patronales, con una inflación galopante que devora salarios y jubilaciones; después del fiasco de un decreto de supuesta “reducción” del impuesto al salario que termina engrosando la lista de trabajadores que pagarán esta confiscación; después de redoblar el rescate estatal a los pulpos mineros, petroleros y sojeros, Macri llega al Congreso.
Llega para completar la Corte Suprema con dos jueces caracterizados por una hostilidad de fondo a las conquistas históricas de los trabajadores y los derechos democráticos.
Llega enfrentando a la docencia en su paritaria y, de conjunto, intentando trasladar el fardo de la crisis a los salarios de la clase obrera y las jubilaciones. Y pretendiendo disciplinar a los trabajadores y al pueblo movilizado por la luz, por las viviendas, por el trabajo o el salario, con un protocolo de seguridad que corresponde a un Estado policíal, confiriendo a la policía, la gendarmería del gatillo fácil y el Proyecto X, las herramientas para la represión, el espionaje y la criminalización.
Después de haber diseñado esta orientación reaccionaria por medio de decretazos, Macri se dispone a convalidarla en el Congreso con el acuerdo de los bloques del PJ, del Frente para la Victoria y la fundida centroizquierda. A cambio de este apoyo, los gobernadores quieren la venia del Estado nacional para hipotecar aún más a sus provincias. Veinte gobernadores ya adhieren al nefasto “protocolo” y Alicia Kirchner lo puso en práctica en los hechos, al reprimir a los estatales como antes Vidal lo hizo con los obreros de Cresta Roja. Detrás de sus choques, macristas y kirchneristas comparten el propósito de fondo de rescatar al capital financiero a costa de las masas populares.
Los llamados diputados sindicales reflejan el seguidismo al gobierno de una burocracia sindical que ya debió convocar un paro nacional por ganancias y contra los despidos, pero que también es tributaria del interés general de los capitalistas en la salida ajustadora. Son los mariscales de las derrotas del movimiento obrero.
Ante esta situación el Partido Obrero ha resuelto que sus diputados, que conforman el bloque del Frente de Izquierda, no concurran a la Sesión Inaugural del año legislativo como una forma de repudiar la política de entrega al gran capital, de ataque a los derechos de los trabajadores y de atropello a las libertades democráticas que lleva adelante el gobierno con la complicidad del propio Congreso. La misma conducta asumirán los legisladores provinciales del Partido Obrero, cuya no concurrencia a las sesiones de apertura de las legislaturas locales deberá ser interpretada como un repudio al pacto de los gobernadores con Macri para descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.
Los firmantes llamamos a todos los sectores de izquierda partidarios de enfrentar el ajuste mediante la independencia política de los trabajadores de los bloques patronales, a las organizaciones de lucha del movimiento obrero y del movimiento popular, a realizar un acto en la puerta del Congreso, y acciones similares en las legislaturas provinciales, para acompañar nuestro rechazo con una movilización política.
