Gabriel Solano: “Estos allanamientos refuerzan la persecución para seguir blindando los curros de Sandra Pettovello con los recursos que tienen que ir a los comedores populares”

El diputado y dirigente Gabriel Solano y Vanina Biasi diputada nacional ambos del Partido Obrero – Frente de Izquierda se refirieron a los allanamientos que se llevaron a cabo hoy en la zona sur contra diferentes organizaciones piqueteras, entre ellas, el Polo Obrero, FDU y el MTR histórico. En el caso del Polo Obrero, fue allanada la sede de San Francisco Solano, donde se encontraban compañeros efectuando tareas de reparto de alimentos para los diferentes comedores que actúan en la zona. Convocaron a participar del festival y acompañar la movilización del Frente de Lucha Piquetero este viernes a Plaza de Mayo por la libertad de los presos y contra la criminalización.

Gabriel Solano sostuvo: “Estos allanamientos están generalizando un método de persecución y amedrentamiento contra las organizaciones piqueteras y populares que tiene un único objetivo: golpear las movilizaciones para imponer un brutal plan de hambre y miseria contra el pueblo argentino. Se producen mientras sigue habiendo 4 compañeros presos por la movilización contra la Ley Bases. En cambio nadie allana las oficinas de Pettovello a pesar de haber desviado 21.000 millones de pesos a convenios con la OEI por fuera de los controles del estado, sin recibir a cambio ni un paquete de fideos, para un ministerio que inclusive sigue desoyendo las ordenes judiciales de distribuir los alimentos que si tiene. El escándalo de esta doble vara delata que la intención de esta persecución es amedrentar y blindar el plan de ajuste de Milei”.

Vanina Biasi agregó: “La base para criminalizar a las organizaciones es plantear que sus integrantes concurrían a las movilizaciones por la extorsión de los dirigentes, cuando en realidad la población se moviliza por sus reclamos insatisfechos que son producto de años de gobiernos capitalistas que empobrecieron brutalmente al país. La idea de que las movilizaciones son producto de una extorsión de los dirigentes exculpa al gobierno de su responsabilidad en resolver los problemas que se reclaman”.

“La justicia está actuando claramente como brazo del gobierno nacional, que instrumentó las denuncias a través de la línea 134. Pero las denuncias al 134 eran anónimas. El estado violó este anonimato identificando a los denunciantes. En muchos casos, la policía o incluso agentes del poder judicial concurrieron a sus domicilios para presionarlos para ratificar la denuncia. Se trata de todo un operativo de estado que requiere inteligencia sobre las organizaciones para criminalizar su funcionamiento. Se trata de causas armadas con el único objetivo de criminalizar”. Agregó por último la diputada nacional.

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