El próximo jueves 14, a las 10.50 horas, la Cámara de Casación Penal citó a audiencia para tratar el recurso de las abogadas de César Arakaki y Dimas Ponce, contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones que, en febrero pasado, había dictado la prisión preventiva de ambos.
Arakaki y Ponce, militantes del Partido Obrero, fueron detenidos en las vísperas de año nuevo de 2017, dos semanas después de la multitudinaria movilización que llevó a 300.000 manifestantes a la Plaza de los Dos Congresos. La enorme demostración rechazó la reforma previsional del macrismo, cuya “corrección a la baja” en la fórmula de ajuste de las jubilaciones acaba de ser declarada inconstitucional por un juez.
Como miles de otros trabajadores y jóvenes, Arakaki y Ponce defendieron su derecho a permanecer manifestando, en medio de las provocaciones y la represión brutal ordenada por el gobierno. Por esa conducta, sin embargo, fueron perseguidos y detenidos días después, permaneciendo varias semanas en los penales de Marcos Paz y Ezeiza.
En enero, el juez Sergio Torres dispuso su excarcelación, aunque los mantuvo procesados por intimidación pública “y “atentado a la autoridad”, entre otras imputaciones. Un mes después, la Cámara de Apelaciones redujo estas acusaciones a delitos menores, ordinarios y excarcelables. Sin embargo, ordenó al mismo tiempo su prisión preventiva, con la acusación de que “podrían obstaculizar la marcha de la causa”. Cesar y Dimas, que no tienen antecedentes penales, cumplieron todas las exigencias impuestas por el Juez Torres a partir de su excarcelación. Por otra parte, la imputación de una supuesta “obstaculización de la causa” carece ya de cualquier sentido, puesto que la propia instrucción del juicio concluyó. En febrero pasado, las abogadas de Dimas y César apelaron la decisión de la Cámara, lo que suspendió la decisión de volver a detenerlos hasta que la Cámara de Casación se expida. Eso es lo que deberá ocurrir, precisamente, el próximo jueves 14.
Las supuestas razones “jurídicas” para una nueva detención antes del juicio oral se han caído irremisiblemente. Pero más allá de ellas, está la política de un gobierno y todo el Estado contra el derecho a luchar y a movilizarnos. Ello, en los mismos días en que Macri ha sellado un acuerdo con el FMI para golpear el salario, las jubilaciones y el derecho al trabajo. Por eso, es necesario movilizarnos con firmeza para defender la libertad de Arakaki y Ponce, y su completo desprocesamiento. De esa manera, defenderemos el derecho a luchar contra los agravios que se vienen a partir del pacto del gobierno con el FMI.
Con esta comprensión, invitamos a todas las organizaciones políticas, sociales y dirigentes de derechos humanos a movilizarnos el próximo 14 a Comodoro Py a partir de las 9.30 y a participar de la audiencia que tendrá lugar con la Cámara de Casación.
