Durante los días 18, 19 y 20 de febrero, deliberó en Buenos Aires la primera Asamblea de parlamentarios del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. La reunión contó con la presencia de más de treinta diputados, legisladores provinciales y concejales de Salta, Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba, Neuquén, Santa Fé, Buenos Aires y la capital.
Entre ellos, se encontraban los diputados nacionales Néstor Pitrola y Pablo López; los legisladores provinciales Claudio del Plá, Cintia Frencia, Martín Dalmau y Marcelo Ramal; y la concejal Jorgelina Signa de Santa Fe, junto a numerosos concejales de once distritos de Salta y tres de Mendoza. También estuvo presente Jorge Altamira, quien participó de las deliberaciones y resoluciones.
La asamblea debatió la crisis política y social en curso y resolvió la presentación de proyectos de ley por un salario mínimo igual a la canasta familiar –hoy en 9.000 pesos- y un aumento de emergencia de $ 3.000 junto a la prohibición de suspensiones y despidos, en el Congreso nacional y en todas las legislaturas provinciales. Junto a ello, la asamblea rechazó las amenazas de Capitanich de clausurar las paritarias docentes con un decretazo, lo calificó como “un tiro contra el conjunto de las paritarias del movimiento obrero” y votó una campaña para rechazar el aumento de convenio por decreto y promover una huelga general en defensa de paritarias libres.
La asamblea votó un plan de intervención parlamentaria, que incluye las iniciativas por la tierra y la vivienda en el Noroeste, la prohibición de desalojos de campesinos en Santiago del Estero, la lucha por vacantes escolares en la Ciudad y una campaña de declaraciones parlamentarias y propuestas legislativas contra la impunidad en los casos de secuestros y asesinatos de mujeres. Los parlamentarios denunciaron el proyecto de código civil “que pretende blindar de impunidad a los funcionarios del Estado y atenta contra el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”. Con esta última reivindicación, los parlamentarios presentarán iniciativas legislativas en ocasión del próximo 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora.
En relación al proyecto de código penal destacan que insiste en la criminalización de la protesta social, no deroga la punición del aborto, o sea que se limita a sistematizar la defensa de un orden jurídico basado en la explotación social. Impugnan que se trata de una reforma garantista o abolicionista, porque mantiene un orden penitenciario de represión y castigo, en total oposición a la resocialización de las personas que con sus actos delictivos atentan contra la solidaridad social. Omite cualquier innovación respecto a los delitos de los grandes grupos económicos, a pesar de su agravamiento como consecuencia de la bancarrota capitalista internacional.
Finalmente, se aprobó reforzar la campaña popular por la absolución de los condenados de Las Heras y el impulso de declaraciones en todos los parlamentos nacionales e internacionales. Se ratificó el método socialista de impulsar el debate de proyectos e iniciativas parlamentarias en plenarios y asambleas de trabajadores.
La asamblea apoyó el reclamo del Partido Obrero de Salta para presidir el Concejo Deliberante de esa Ciudad, donde se obtuvo el primer lugar en las pasadas elecciones provinciales. “Hemos recibido un mandato y asumimos esa responsabilidad, para impulsar desde la presidencia del Concejo un programa de reorganización del municipio sobre nuevas bases sociales”. El mandato popular de nuestra representación es impulsar el derecho al trabajo y al salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y promover una asamblea constituyente municipal para organizar un medio urbano favorable al desarrollo material y moral de los trabajadores.
Los parlamentarios aprobaron la coordinación del trabajo nacional en una secretaría, y la realización de asambleas periódicas, cada dos meses, del conjunto de los parlamentarios del Partido Obrero electos en las listas del Frente de Izquierda y de nuestro partido.
