Solano se refirió al proyecto del oficialismo afirmando que “se trata de una medida de xenofobia, típica de un gobierno en crisis, que apunta a hacer responsables a las personas de los países hermanos de Latinoamérica de la crisis sanitaria y educativa que padece la población, pero que tiene su origen no en la atención a personas extranjeras, sino en la desfinanciación que le impone un Estado que usa sus recursos para pagar una deuda usuraria y subsidiar a las grandes empresas”.
“Esta campaña xenófoba va de la mano de una política privatizadora de mayor alcance. Es el primer paso del arancelamiento general que prepara el gobierno mediante de la pérfidamente llamada Cobertura Universal de Salud (CUS), que implica el recorte de las prestaciones incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO) y el retiro del financiamiento al hospital público que deberá facturar para sobrevivir”.
“El proyecto abre la puerta al arancelamiento de la universidad pública, con la misma lógica distractiva. Denunciamos esta cortina de humo que busca avanzar en la privatización de la salud y la educación públicas y defendemos la atención gratuita integral para todas las personas” finalizó Solano.
PROYECTO
Proyecto de Declaración
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara su más enérgico rechazo al proyecto de ley de cobro de aranceles para el servicio de salud y educación pública a personas de otros países, que ha sido anunciado por varios gobernadores con el aval explícito del gobierno nacional. Se trata de una medida de xenofobia, contraria a los principios más elementales de solidaridad entre los pueblos. Advierte, en ese sentido, que el arancelamiento del servicio de salud y educación a extranjeros es sólo un primer paso de una política más amplia de privatización, que alcanzará luego al conjunto de la población.
Junto con su más enérgico rechazo a estos anuncios, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires reafirma que en todas las instituciones que conforman la red de la salud pública de la Ciudad todas las personas podrán acceder a la atención sanitaria de manera gratuita, sin distinción alguna de nacionalidad.
Fundamentos
La decisión del gobierno de la provincia de Jujuy de establecer un arancelamiento a la atención sanitaria a personas de origen extranjero constituye un acto reaccionario que se inscribe en la campaña de xenofobia impulsada desde el propio Estado nacional. Al anuncio de Jujuy le siguió el de la provincia de Salta y Mendoza, así como los dichos del Jefe de Gabinete Marcos Peña, que no sólo avaló la medida sino que anunció que el gobierno podría impulsar una ley con ese contenido en el Congreso Nacional.
Es sabido que las campañas xenófobas suelen ser recursos de los gobiernos en crisis, para distraer la atención popular y, por sobre todo, tratar de hacer responsables a sectores a comunidades de minorías nacionales, étnicas o religiosas de los problemas que aquejan a la mayoría de la sociedad. La experiencia del nazismo es más elocuente y conocida. La versión local de esta política sería culpar a personas oriundas de las naciones hermanas de América Latina de la crisis sanitaria y educativa que alcanza a nuestro país, pero que tiene su origen no en la atención a personas extranjeras, sino en la desfinanciación que le impone un Estado que usa sus recursos para pagar una deuda usuraria y subsidiar a las grandes empresas. El antecedente inmediato de esta política xenófoba es el decreto antimigratorio del presidente Macri (DNU 70/17) que vínculo a la migración con el delito y que ya tiene un año de vigencia.
Esta campaña xenófoba va de la mano de una política privatizadora de mayor alcance. Corresponde advertir que el arancelamiento de la salud pública a extranjeros será sólo un primer paso de un arancelamiento general que afectará al conjunto de la población de nuestro país. La llamada Cobertura Universal de Salud no es otra cosa que un plan privatizador del hospital público. Busca terminar con el financiamiento de la oferta de salud pública para pasar a financiar la demanda a través de un carnet con un número acotado de prestaciones de salud. Para ello establece la creación de una agencia de evaluación que define la “utilidad, oportunidad y cantidad” de estudios y medicamentos cubiertos por el sistema, un eufemismo para limitar el acceso gratuito a la salud. Este recorte del Plan Médico Obligatorio (PMO) valdrá también para las obras sociales y prepagas con las cuales deberá competir el hospital público en la captación de “clientes” para financiarse.
Desde el Frente de Izquierda defendemos la atención gratuita incondicional para todas las personas que la necesiten. En oposición a este proyecto xenófobo que avanza hacia una privatización de la salud, planteamos una salida real a la crisis sanitaria actual: un sistema único e incondicional de atención sanitaria, financiado por aportes patronales. Por el control de las obras sociales por parte de afiliados electos. Por un régimen laboral para residentes y concurrentes que termine con su actual precarización; por 6 horas de trabajo con salario mínimo igual a la canasta familiar para los trabajadores de la salud.
