Solano afirmó "la autorización a incinerar residuos en la Ciudad tendrá un importante impacto ambiental. Es justamente por este motivo que la ley vigente de Basura Cero prohibía esta práctica impulsando el reciclado. Pero el gobierno no ha invertido para cumplir los objetivos trazados por esta ley. No apoyó a los recicladores urbanos, que revisten la categoría de trabajadores precarios, ni los equipó para incrementar la cantidad de basura reciclada. Los recursos que no se dispusieron para apoyar a recicladores y desarrollar campañas de separación en origen, sí estarán disponibles para el negociado que se piensa llevar adelante con la incineración. Cada horno podría llegar a valer 500 millones de dólares y las empresas recibirán una retribución por tonelada reciclada, incentivando la quema”.
“El gobierno cita experiencias internacionales, ocultando que en la mayoría de los países la incineración es un medio secundario para resolver la cuestión de la basura. El argumento de que por este medio se generará energía revela que se terminará incinerando el material más contaminante”.
“Este nuevo negocio con la basura pone en peligro los 6.000 puestos de trabajo de los recuperadores urbanos, a los que el gobierno no les da los elementos de trabajo necesarios ni la tecnología y en vez de invertir en este sistema ha armado este negociado contaminante”.
Solano concluyó denunciando que “Larreta conspiró contra la población de la Ciudad para tratar de aprobar esta ley. En un documento interno del gobierno se explica cómo se tratará de comprar voluntades de periodistas y ONGs para que hablen a favor del proyecto. De ser aprobada la ley acompañaremos las presentaciones penales que lleven adelante las distintas organizaciones ambientalistas y de recicladores urbanos”.
Gabriel Solano: 1556901514