Gabriel Solano declaró: “Mercado Pago está haciendo un negocio extraordinario con la necesidad de millones de trabajadores que no pueden acceder al crédito bancario. Estamos hablando de tasas que llegan a más de 1.300% de costo financiero total anual, mientras el Banco Nación presta a tasas varias veces inferiores e incluso refinancia a deudores en mora a tasas del 12 y 14%. No estamos ante una diferencia normal entre tasas de mercado: estamos ante un verdadero mecanismo de usura, que se aprovecha de quienes necesitan dinero para llegar a fin de mes y no tienen otra alternativa”.
“Esto califica como delito de usura. El Código Penal en el artículo 175 bis. refiere ´al que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo, será reprimido con prisión de uno a tres años”.
“La particularidad de Mercado Pago es que convirtió el endeudamiento en un negocio masivo, automatizado y permanente. La propia información del Banco Central muestra que la morosidad en las billeteras virtuales es muy superior a la de los bancos, mientras millones de personas migran hacia estas plataformas porque quedaron afuera del sistema financiero tradicional. La ausencia de regulación específica no habilita a una empresa a cobrar cualquier tasa ni la coloca por encima del Código Penal. Reclamamos que la Justicia investigue porque detrás de estas tasas existe un aprovechamiento sistemático de la necesidad, ligereza o inexperiencia de los usuarios”.
Finalmente, Solano señaló: “Mercado Libre opera en otros países de la región bajo un esquema regulado y sujeto a la supervisión del Banco Central, con costos financieros muy inferiores a los que cobra en Argentina. Esto demuestra que no estamos frente a un costo inevitable del crédito, sino ante una política de tasas que debe ser investigada. Presentamos esta denuncia para que se determine quiénes decidieron esta política, cuántos usuarios fueron afectados y si se configura el delito de usura. La complicidad del Estado es clara. No puede mirar para otro lado mientras billeteras digitales hacen negocios millonarios sobre el endeudamiento de los trabajadores”.
