Repudio a la decisión del PEN de prohibir el ingreso a los periodistas acreditados a la Casa Rosada.

  • Libertades democráticas
Presentado por:   
  • Cámara de Diputados de la Nación
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

EXPTE N°1765-D-2026

Manifestar su más enérgico repudio a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de prohibir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, configurando un grave ataque a la libertad de prensa y al derecho a la información.

Expresar su profunda preocupación ante la adopción de medidas de carácter general que impiden el ejercicio del trabajo periodístico en la sede del Poder Ejecutivo, lesionando libertades democráticas elementales y obstaculizando el acceso de la población a información pública.

Romina Del Plá

Néstor Pitrola

Myriam Bregma

 

FUNDAMENTOS

La decisión del gobierno nacional de prohibir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, y además cerrar el Salón de periodistas, constituye un hecho de extrema gravedad. No se trata de una medida administrativa aislada, sino de una restricción directa y generalizada al ejercicio del periodismo en uno de los principales ámbitos de producción de información pública del país.

La exclusión total de la prensa de la sede del Poder Ejecutivo implica, en los hechos, un bloqueo al acceso a fuentes directas de información oficial. La acreditación periodística no es una concesión discrecional del gobierno de turno, sino una herramienta indispensable para garantizar el derecho constitucional a informar y ser informado. Su anulación generalizada configura un mecanismo de censura.

A este cuadro se suma un elemento particularmente grave: el mensaje recibido por los trabajadores de prensa que se desempeñan en el palacio gubernamental, según el cual “se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”. Esta formulación no sólo refuerza la arbitrariedad de la medida, sino que introduce una presunción generalizada de sospecha sobre el conjunto de la prensa, invirtiendo el principio de legalidad y habilitando prácticas propias de vigilancia y control incompatibles con un régimen democrático.

A diferencia de medidas previas dirigidas contra medios específicos, esta decisión reviste un carácter aún más grave por su alcance indiscriminado. La prohibición total elimina cualquier forma de control presencial de la actividad gubernamental, consolidando un esquema de comunicación unilateral, sin preguntas, sin repreguntas y sin posibilidad de contraste directo de la información oficial.

En este sentido, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires ha advertido que las restricciones al trabajo periodístico se inscriben en una política sistemática de hostigamiento a la prensa crítica. Estas medidas tienden a disciplinar la labor periodística y a limitar su rol de control sobre los actos de gobierno, afectando el funcionamiento de un sistema democrático.

La medida se inscribe en un cuadro más amplio de ataques a las libertades democráticas. En los últimos meses se han registrado campañas de estigmatización contra periodistas, restricciones al acceso a la información pública, intentos de desacreditar investigaciones periodísticas y acciones represivas frente a la protesta social. La prohibición de ingreso a la prensa profundiza esta orientación al eliminar directamente la presencia periodística en la sede gubernamental.

Asimismo, esta política se desarrolla en un contexto de fuerte ajuste económico y social, además de numerosas investigaciones que involucran hechos de corrupción vinculados a funcionarios del más alto nivel en el gobierno, como el jefe de gabinete Manuel Adorni. En este marco, el cercenamiento de la libertad de prensa aparece como un recurso para limitar la circulación de información crítica sobre las consecuencias de dichas políticas y restringir el debate público.

La gravedad de la medida radica en que no solo afecta a los trabajadores de prensa, sino que vulnera el derecho de toda la población a acceder a información plural, directa y sin intermediaciones oficiales.

Por todo lo expuesto, corresponde que esta Cámara exprese su más enérgico repudio a esta decisión y se pronuncie en defensa irrestricta de la libertad de prensa y del derecho a la información.