Repudio a los despidos y cesantías en el Hospital Garrahan

1. Expresar el más enérgico repudio a las declaraciones públicas realizadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en las que anuncia sanciones, pedidos de desafuero y despidos contra trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan, anticipando decisiones administrativas y disciplinarias que se encuentran bajo trámite, vulnerando garantías elementales del debido proceso.

2. Repudiar el carácter abiertamente político y persecutorio de las sanciones anunciadas, dirigidas contra delegados gremiales con fueros y trabajadores organizados por el solo hecho de haber ejercido el derecho constitucional a la protesta, la organización sindical y la huelga, en el marco de los conflictos laborales desarrollados durante el año 2025.

3. Denunciar la injerencia directa del Poder Ejecutivo Nacional en la vida interna del principal hospital pediátrico del país, confirmada por la difusión pública anticipada de dictámenes sumariales desde la máxima esfera del poder político, lo que demuestra que las sanciones no responden a hechos ocurridos en el establecimiento sino a una decisión adoptada a escala de la Casa Rosada.

4. Repudiar la solicitud de cesantía de once trabajadores y las suspensiones de entre diez y veinte días para otros treinta, en el marco de un sumario iniciado contra 41 trabajadores del hospital, configurando una causa armada orientada a golpear selectivamente a quienes estuvieron al frente de la lucha gremial y sindical.

5. Repudiar la rescisión de contratos de al menos 70 trabajadores técnicos y  profesionales que cubrían guardias en sectores críticos del hospital bajo regímenes de extrema precarización laboral, una medida que compromete gravemente la atención sanitaria, pone en riesgo la vida de niñas y niños internados y profundiza el vaciamiento del sistema público de salud.

6. Exigir el cese inmediato de las sanciones, despidos, pedidos de desafuero y persecuciones políticas, la reincorporación de todos los trabajadores afectados y la regularización laboral del personal precarizado.

                                                                          FUNDAMENTOS
Las declaraciones realizadas públicamente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciando despidos, pedidos de desafuero y sanciones de trabajadores del Hospital Garrahan, constituyen un hecho de extrema gravedad institucional. No solo porque anticipan resoluciones administrativas antes de su notificación formal a las personas afectadas, sino porque confirman que dichas medidas han sido definidas políticamente desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional.
Que la información sobre dictámenes de la instrucción sumariante haya sido difundida públicamente incluso antes de que los trabajadores involucrados tomaran conocimiento formal de las imputaciones demuestra que no se trata de decisiones autónomas de las autoridades hospitalarias, ni de hechos aislados vinculados al funcionamiento interno del establecimiento.
Se trata de una represalia política decidida en la Casa Rosada, al margen de cualquier investigación real o hecho concreto ocurrido dentro del hospital.
En el marco de un sumario iniciado hace dos meses contra 41 trabajadores, la instrucción sumariante solicitó la cesantía de once de ellos y la suspensión de entre diez y veinte días para otros treinta. Estas sanciones aún no se encuentran firmes, ya que resta el ejercicio del derecho a defensa y, en el caso de los delegados con fueros gremiales, corresponde un procedimiento judicial externo al hospital. Sin embargo, los sumarios constituyen un verdadero fraude administrativo, ya que las autoridades que impulsan las sanciones actúan simultáneamente como parte acusadora y como jueces del proceso, dejando en evidencia que la sanción ya se encuentra escrita de antemano.
Tal como denunciaron públicamente delegados y dirigentes gremiales del hospital, se trata de una causa completamente armada para atacar a quienes estuvieron al frente de la lucha, destacándose entre los sancionados dirigentes de ATE, de APyT y activistas independientes de distintos sectores. Los despidos y sanciones buscan castigar selectivamente a quienes encabezaron el proceso huelguístico de 2025, que convirtió los reclamos del Garrahan en una causa popular y culminó con la conquista de un aumento salarial del 61%, derrotando al gobierno.
El objetivo de esta ofensiva no es disciplinar una supuesta “ilegalidad”, sino criminalizar el derecho a la protesta. Las imputaciones se basan en la participación en decenas de medidas de lucha dentro y fuera del hospital, incluidas movilizaciones a la dirección en rechazo a los descuentos masivos y punitivos aplicados a centenares de trabajadores por ejercer el derecho de huelga. Cabe destacar que, durante todo el conflicto, las autoridades del hospital se negaron sistemáticamente a cualquier instancia de diálogo o negociación.
Este ataque no puede analizarse de manera aislada. Se produce en la antesala del tratamiento parlamentario de una reforma laboral regresiva, que el gobierno pretende imponer para legalizar la precarización, la flexibilidad y el disciplinamiento del movimiento obrero. En ese marco, la persecución contra los trabajadores del Hospital Garrahan cumple una función ejemplificadora: castigar a un colectivo que demostró que es posible derrotar el ajuste mediante la organización, la huelga y la movilización, y advertir al conjunto de los trabajadores sobre las consecuencias de resistir.
De este modo, el gobierno utiliza al principal hospital pediátrico del país como banco de pruebas de una reforma laboral “de hecho”, aplicada con métodos autoritarios antes de su formalización legislativa. La difusión pública anticipada de sanciones supuestamente “reservadas”, la extorsión laboral, los despidos y los pedidos de desafuero anticipan el régimen laboral que se busca institucionalizar. Por ello, la defensa de los trabajadores del Hospital Garrahan es inseparable de la defensa de la salud pública, de las libertades democráticas y de la lucha contra una reforma laboral antiobrera que el gobierno intenta imponer.
Por las razones expuestas y las que desarrollaremos oportunamente, solicitamos a las y los
diputados acompañen este proyecto de Resolución.