ANULACIÓN DEL DNU 366/2025. ANTIMIGRANTES

EXPTE N° 3176-D-2025

ARTÍCULO 1°- Anúlese el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 (DNU-2025-366-APN-PTE – Disposiciones), publicado en el Boletín Oficial con fecha 28 de mayo de 2025, por medio del cual se establece por decreto una reforma reaccionaria y anticonstitucional de la ley 25.871 de migraciones, que impone restricciones al acceso a la ciudadanía, facilita deportaciones, introduce el cobro de prestaciones de salud en dependencias públicas y habilita el arancelamiento en las universidades nacionales, entre otras medidas que integran una política anti migratoria y expulsiva contra los trabajadores por parte del gobierno de Javier Milei.

ARTÍCULO 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

FUNDAMENTOS

Presentamos este proyecto de ley con el objetivo de anular en su totalidad el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 366/25, por el cual se modifica de manera regresiva, la Ley de Migraciones N 25871.

Este decreto constituye un brutal ataque contra los derechos elementales de la población migrante que vive y trabaja en nuestro país, y por extensión, contra toda la clase trabajadora y resulta anticonstitucional debido a que no existen razones “de necesidad y urgencia” que justifiquen la modificación de una ley por la vía de un decreto.

Lejos de atender una necesidad real o una emergencia concreta, el decreto representa una reforma regresiva, con claros tintes xenófobos, de clase y represivos. Modifica aspectos fundamentales de la Ley de Migraciones N.º 25.871, una norma conquistada gracias a décadas de lucha de las organizaciones de derechos humanos, migrantes y sociales, y que reconoce a la migración como un derecho humano.

El cumplimiento del decreto en cuestión puede provocar el efecto contrario al que se declara, ya que es presentado por el gobierno como un instrumento que le dé celeridad a la registración de extranjeros, debido a que ha sido la Ley que se modifica la que permitió vehiculizar las iniciativas institucionales necesarias para agilizar la obtención de la residencia definitiva de miles de migrantes que vivían en la irregularidad. Incluso contando con la ley de migraciones el Estado argentino siguió vulnerando muchos derechos de las personas migrantes incluido el hecho de que la obtención de la residencia no se computa desde el momento del ingreso al país lo que impacta, por ejemplo, en la posibilidad de estas personas de acceder a una jubilación luego de haber trabajado durante toda la vida en nuestro país.

El DNU 366/25 establece una batería de medidas que apuntan directamente contra la población trabajadora migrante, especialmente la proveniente de países limítrofes, con el claro propósito de expulsarla o marginarla del acceso a la educación, la salud y la ciudadanía y su correspondiente derecho a protestar y organizarse para luchar. El objetivo de esta reforma es instrumentalizar a los migrantes con el fin de construir un “enemigo interno” al cual culpar o responsabilizar por la crisis social que se agrava con la ofensiva capitalista del gobierno de Javier Milei. En definitiva, se trata de una herramienta para discriminar, perseguir y criminalizar personas racializadas.

En la argentina hay en este momento 1.9 millón de extranjeros, lo que representa un 4,2% de la población total. Hace 60 años la cifra de extranjero era de 2.6 millones de personas sobre una población total que apenas superaba los 20 millones de habitantes. La caída de migrantes ha sido pronunciada y ningún índice educativo, de salubridad o de seguridad indica que haya algún problema con la población extranjera que afecte a la “población nativa”. El decreto es en su conjunto, una gran excusa para fomentar la idea de que algunos extranjeros, particularmente bolivianos, peruanos o paraguayos, constituirían algún problema para la población cuando, en realidad, los sectores populares tienen problemas laborales, habitacionales, de bajo poder adquisitivo y otros como fruto de las políticas gubernamentales de diferente signo político en favor de grandes sectores capitalistas y de no como fruto del trabajo de esas comunidades. En definitiva, las dificultades de los sectores populares no son causadas porque un trabajador boliviano acceda a un trabajo, una asistencia social o algo por el estilo sino más bien, porque sectores capitalistas, nativos o extranjeros (Paolo Roca de Techint, por ejemplo) aplican políticas que afectan la vida de los trabajadores mientras ellos se enriquecen.

El marco en el que se da esta realidad es el de una crisis económica brutal profundizada por el gobierno de Milei el cual está liquidando puestos de trabajo de manera masiva y particularmente en rubros en los que tienen más presencia determinadas comunidades migrantes como lo es el de los despidos en el rubro de la vestimenta afectada por la política de apertura de importaciones. En definitiva, los ataques tienen que ver por un lado con la voluntad de parte del gobierno nacional de hacer proliferar principios discriminatorios entre los sectores populares, que dividan a estos entre sí frente al avance de la política hambreadora del gobierno nacional, y por el otro tienen que ver también con la disminución del uso de mano de obra barata por parte de patronales que hoy como fruto de la recesión ya no necesitan bajar sus costos laborales contratando mano de obra barata. La xenofobia y el racismo se incrementan entonces como fruto del descarte de esta mano de obra y como instrumentos políticos de la derecha para gobernar impartiendo ideologías reaccionarias que fraccionen y distraigan a la sociedad.

Los datos a tener en cuenta son que la población migrante se encuentra en retroceso desde hace varios años y la recesión del gobierno de Milei ha profundizado esto junto al hecho de que Argentina se ha convertido en el país más caro del mundo con los salarios más bajos como fruto de la política de intervención estatal que fomenta el gobierno para controlar los salarios a la baja.

Veamos algunos de los aspectos más graves que fundamentan nuestra posición:

Ciudadanía para los ricos, exclusión para los trabajadores

El decreto modifica la posibilidad de acceder a la ciudadanía argentina, reemplazando el criterio de aportes al país por parte de los migrantes —como el trabajo, el estudio o los lazos comunitarios— por la necesidad de realizar una “inversión relevante”. En otras palabras, se niega la ciudadanía al trabajador y se le otorga al empresario. Se privatiza el derecho a pertenecer.

La “venta de ciudadanía” a extranjeros que se incorpora como criterio en el Decreto 366, resulta no solo una medida con un claro sesgo de clase en favor de las personas mas enriquecidas, sino que, unida a las políticas de blanqueos permanentes inaugurada por Milei, resultan un llamado a la instalación de narcos, tratantes y otras formas de la delincuencia delitos transnacional.

Residencias más precarias y plazos arbitrarios

Se reduce de 180 a 90 días la validez de la residencia precaria, lo que genera un escenario de inestabilidad y desprotección para miles de trabajadores migrantes que necesitan tiempo real y concreto para regularizar su situación, buscar empleo, vivienda, y construir un proyecto de vida digno. La regularización de la situación no depende de la persona migrante en la mayoría d ellos casos sino de organismos nacionales y del país de origen de la persona migrante que suelen manejarse con tiempos muchos más laxos de los establecidos en el decreto de referencia. Sin embargo, las consecuencias del incumplimiento de dichos tiempos recaerán, como siempre ha ocurrido, sobre la persona y no sobre las instituciones y los estados.

La reducción d ellos tiempos en cuestión tampoco hacen a una necesidad asociada a algún daño que estas personas puedan generar en la Argentina y mucho menos al porcentaje de personas migrantes sin registración que existan hoy ya que esta, desde la aplicación de la ley de migraciones, no es el problema central planteado entre las comunidades migrantes.

Restricción de derechos y disolución del principio de reunificación familiar

Se elimina la extensión de derechos a los familiares de personas migrantes, una medida que atenta contra la unidad familiar y el principio de no discriminación. Este ataque a las familias obreras migrantes es una forma de presión para disuadir la radicación permanente en el país de sectores vulnerables.

En un primer análisis de urgencia del decreto realizado por el abogado Pablo Ceriani Cernadas, el especialista en cuestiones migratorias señala: “la obligación de proteger el derecho a la vida familiar tiene jerarquía constitucional en virtud de la Convención sobre Derechos del Niño y otros tratados de igual jerarquía.” Y agrega; “los artículos y el espíritu de este DNU no harán otra cosa que agravar la interpretación inconstitucional que la Dirección Nacional de Migraciones y diversos tribunales -incluyendo la Corte Suprema- vienen haciendo sobre la situación de niños/as separados de sus padres a través de medidas de expulsión del país.”

Educación y salud públicas, bajo amenaza

El decreto habilita el arancelamiento de las universidades nacionales para la población migrante y el cobro de servicios de salud en hospitales públicos, salvo emergencias. Estas medidas son una afrenta directa al principio de gratuidad y universalidad de estos servicios, y una clara violación del artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza derechos a todos los habitantes del suelo argentino, sin distinción de nacionalidad. Sin embargo, sus postulados deben ser analizados en su justo contexto: las universidades nacionales no inscriben a personas que no tengan la residencia en nuestro país por lo tanto este planteo cumple la función política de fomentar la xenofobia (presenta a los extranjeros como personas que vienen a aprovecharse de “lo argentino” una deformación completa de la realidad ya que esa población, vive, trabaja y aporta en nuestro país). En lo relativo a la Salud, el gobierno nacional sólo tiene potestad resolutiva de arancelamientos sobre los hospitales nacionales (12) y su efectivo cumplimiento debe atravesar cuestiones claves como la contraposición entre la norma propuesta y el juramento hipocrático que obliga a los médicos a atender a las personas sin importar religión, opinión política, ni nacionalidad. El sistema de salud argentino está descentralizado y por lo tanto estas decisiones son potestad de las provincias, algunas de las cuales ya han comenzado con una política de estas características. Negar la atención primaria en salud a miles de personas tiene como contrapartida una desatención que con el pasar del tiempo vuelve más costosa la atención sanitaria de patologías que no fueron atendidas a su debido tiempo.

Deportaciones exprés

La facilitación de “deportaciones exprés”, que ya se habían institucionalizado mediante el decreto de Macri que fuera derogado en el año 2021, institucionaliza una presunción de culpabilidad contra el migrante pobre y crea un clima de persecución y hostigamiento que aviva el odio xenófobo, en lugar de promover la integración y el respeto mutuo. Impulsa la expulsión de migrantes ante la condena en primera instancia de un delito, violando el principio de inocencia que rige en el estado de derecho.

Mientras se endurecen las condiciones para que los trabajadores migrantes accedan a derechos básicos, se abren las puertas a los capitales extranjeros sin regulación alguna. El gobierno de Milei se muestra dispuesto a entregar soberanía a cambio de inversiones, mientras persigue y reprime a quienes vienen al país a contribuir con su trabajo.

Este decreto no sólo es ilegítimo por su forma —dictado sin consulta ni urgencia real— sino profundamente inconstitucional en su contenido. Viola principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y los pactos de derechos humanos ratificados por nuestro país. Sin embargo, la ausencia de un poder judicial independiente y la colaboración política que el régimen de Javier Milei recibe en el parlamento hacen que esta violación a legislaciones y convenios vigentes no tenga consecuencias.

Su implementación no traerá más que sufrimiento a miles de personas, conflictos en las instituciones educativas y sanitarias, y una peligrosa división entre trabajadores migrantes y nacionales, alentando el odio, el prejuicio y la persecución. Lo que es seguro que ninguna de estas medidas traerá algún beneficio al resto de la población.

El objetivo final del decreto anti migratorio del gobierno de Milei es claro: atemorizar a millones de personas migrantes que trabajan y viven en nuestro país, para desincentivar cualquier intento de organización y lucha por sus derechos. Se trata de una política que busca disciplinar a la clase trabajadora en su conjunto, sembrando miedo, división y discriminación.

La migración no es un delito. Por el contrario, es una condición histórica, social y natural de la humanidad. Desde sus orígenes, el ser humano ha migrado en busca de mejores condiciones de vida, de sustento y de desarrollo. Impedir o criminalizar la migración equivale a ir en contra de la propia evolución y del derecho fundamental a buscar una vida digna.

En Argentina, un Estado Nacional formado por diversas olas migratorias, los verdaderos “ilegales” no son los trabajadores migrantes que llegan con lo puesto a ganarse el pan, sino los grandes capitales extranjeros que obtienen beneficios impositivos escandalosos, radicaciones exprés y hasta cesión de tierras en zonas estratégicas del país, como ocurre con los grandes terratenientes en el sur. Estos casos constituyen no solo una burla a los migrantes pobres, sino una violación flagrante a los derechos de soberanía nacional. Estas políticas son también una burla para con los auténticos originarios de nuestro territorio, aquellos que habitaban el suelo miles de años antes de la conformación del Estado Nacional y que hoy son perseguidos por el Estado argentino porque sus tierras son apetecibles para intereses capitalistas, muchos d ellos cuales son extranjeros, pero no de los pobres perseguidos, sino de los ricos y beneficiados por las políticas gubernamentales. 

Los trabajadores migrantes hacen lo que han hecho y siguen haciendo millones de compatriotas argentinos que migran a Estados Unidos, Europa u otros países en busca de un futuro mejor. No hay ninguna diferencia esencial entre el migrante boliviano que trabaja en una obra, la enfermera paraguaya que cuida en un hospital público, o el joven argentino que lava copas en España: todos son parte de una misma clase que enfrenta las mismas injusticias, y que debe tener los mismos derechos.

Este proyecto de ley busca anular el decreto 366/25 por ser una norma regresiva, inhumana y anticonstitucional, y porque representa una amenaza directa contra la unidad, los derechos y la dignidad del conjunto de la clase trabajadora.

Todos los sectores políticos que se reclaman democráticos y defensores de los derechos humanos deben rechazar este decreto ilegal, inconstitucional y profundamente regresivo. 

No se trata sólo de defender los derechos de las personas migrantes, sino de defender el carácter público, gratuito y universal de la salud y la educación, de rechazar la utilización del Estado para beneficiar a los grandes capitales a costa del pueblo trabajador, y de afirmar que en la Argentina no hay lugar para políticas de exclusión ni de odio.

Por estos motivos, solicitamos a las y los diputados nacionales el acompañamiento del presente proyecto de ley.

Vanina Biasi

 Vilma Ripoll

Nicolás del Caño

Christian Castillo

Alejandro Vilca