SUSPENSION DE LOS DESMONTES DE LOS BOSQUES NATIVOS

EXPTE N°1970-D-2025

ARTÍCULO 1°. Se prohíben y suspenden los desmontes y cambios de uso del suelo por un período de 24 meses a partir de la sanción de la presente Ley. La suspensión incluye a los desmontes y cambios de uso del suelo, que hayan sido autorizados previamente, en virtud del principio precautorio que debe regir en cuestiones ambientales.

ARTÍCULO 2°. La suspensión de desmontes establecida en el artículo 1 podrá ser prorrogada por similares períodos, cuantas veces hiciera falta hasta que se considere superados los motivos que la fundamentan.

ARTÍCULO 3°. Deróguese toda norma que permita la re-categorización de toda zona de mayor grado de protección a una de menor grado de protección.

ARTÍCULO 4°. Se reconoce poder de veto y de control y seguimiento del cumplimiento de la presente ley, a las Asambleas Populares Ambientales -que serán constituidas en forma directa por los trabajadores, las comunidades originarias y los pueblos de cada zona en que estén asentados los Bosques Nativos- para cualquier modificación del status de dichos Bosques. Y con pleno mandato de que se garantice el cumplimiento de esta ley.

ARTÍCULO 5° De forma.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Traemos a consideración este proyecto de ley, anteriormente, presentado en el año 2020 y luego en 2022 y en 2024 en virtud de seguir reclamando por su urgente tratamiento ya que, diferentes acontecimientos en los últimos años y sobre todo en el último periodo ratifican la vigencia del mismo.

Hemos visto que a lo largo de estos años todos los gobiernos, lejos de tomar medidas de fondo para el cuidado del ambiente y su protección, por el contrario, han entregado nuestros recursos para los negocios de un puñado de capitalistas.

El actual gobierno no difiere de los anteriores a la hora de entregar nuestros recursos. Y esto, lo podemos afirmar a partir de que la Ley Ómnibus fue presentada en el Congreso, la cual abonaba una mayor depredación capitalista del ambiente, dado que modificaba tres leyes regulatorias claves en esta materia: la Ley de Bosques Nativos (26.331), la Ley de Protección Ambiental contra la Actividad de Quema (26.562) y la Ley de Glaciares (26.639). Esto puso en alerta a todo el movimiento en defensa del ambiente. En ese sentido, es importante remarcar el ataque que están sufriendo los activistas que defienden el medio ambiente por parte del gobierno de Javier Milei con persecuciones, detenciones y causas armadas.

Reproducimos a continuación los fundamentos del último proyecto presentado, pero sin antes señalar que, según la Agencia de Noticia Tierra Viva, Durante el primer semestre de 2024 se deforestaron 59.557 hectáreas de bosque nativo en el norte del país. La cifra significa la pérdida de una superficie equivalente a 327 canchas de fútbol por día. Representa un 15 por ciento más que en el mismo período de 2023 (51.600 hectáreas). Los datos se desprenden de un relevamiento realizado por Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales. Entre enero y junio, el desmonte en Chaco alcanzó las 27.148 hectáreas, en Santiago del Estero 21.047, en Formosa 7.162 hectáreas y en Salta llegó a 4.200. Es claro que la política de este gobierno nada tiene que ver con los intereses del pueblo trabajador y mucho menos por el cuidado del ambiente para las futuras generaciones.

Fundamentos proyectos anteriores:

En ese mismo sentido, hay que mencionar el incendio en el Parque Nacional Los Alerces a fines de enero de este año. Dos focos de incendio se originaron en horas de la noche y en lugares de difícil acceso, lo que hace presumir que fueron intencionales, sumado a las difíciles condiciones climáticas el arduo trabajo de los profesionales para combatir el fuego se hacía imposible.

Denunciamos al mismo tiempo que las y los brigadistas trabajan en las peores condiciones laborales, arriesgando su vida para proteger a las y los habitantes afectados y a nuestro ambiente.

A nadie se le puede escapar que los trabajadores de diversos parques nacionales se manifestaron en todo el país tras la firma del DNU 70/2023: el 24 de diciembre, el personal de los parques nacionales se enteró que a los contratados que habían ingresado durante el 2023 no se les iban a renovar los contratos. La mayoría son brigadistas de incendios. El próximo 31 de marzo, según la Asociación de Trabajadores del Estado, quedarán sin empleo más de seiscientos trabajadores y trabajadoras del sector de los cuales treinta y seis se desempeñan en el Parque Nacional Los Alerces.

La precarización en las brigadas es moneda corriente. Hace años que los trabajadores del sector luchan por mejores condiciones salariales, pase a planta, recategorizaciones, jubilaciones anticipadas y reconocimiento de trabajo de riesgo, así como su carrera, entre tantas necesidades básicas como equipos, ropa, viandas, jubilación acorde, etc.

El gobierno nacional puso en marcha un mega DNU, que acaba con las condiciones laborales más básicas de los trabajadores, con la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Tierras para profundizar el saqueo, el remate y la apropiación de nuestro territorio.

Es por eso que es de suma importancia el urgente tratamiento de este proyecto para proteger el ambiente.

Vale recordar, asimismo, que, durante el mes de febrero 2022, nos encontrábamos con que ardieron 750.000 hectáreas en la provincia de Corrientes - el 10% de su superficie – afectando incluso los esteros del Iberá, arrasando con el monte nativo. Denunciamos en el momento que el responsable es el negocio forestal y el monocultivo de pinos, no sólo porque el pino arde muchísimo y se planta sin cortafuegos ni medidas de seguridad, sino, además, porque consume mucha agua, contribuyendo a secar las napas. Sin embargo, el gobierno provincial completamente impotente para controlar el fuego se opone a la ley de humedales por sus compromisos con el capital forestal.

Al mismo tiempo en Misiones las localidades de Cerro Corá, Apóstoles, Caraguatay San Javier y San Ignacio también sufrieron incendios. Misiones tiene 400.000 hectáreas plantadas con pino. En la Patagonia en enero se perdieron 6.000 hectáreas de bosque nativo en la zona del lago Martín y Steffen en Bariloche, otras 4.000 en la zona de Quillén y un foco enorme en la zona de Puerto Madryn arrasó más de 90.000 hectáreas.

El fuego abarcó este verano 11 provincias argentinas. Pero ahora mismo la población de Rosario en Santa Fe denuncia la quema sistemática de islas frente a la ciudad. En los últimos 2 años el fuego consumió 800.000 hectáreas, el equivalente a 44 veces la superficie de esta ciudad invadida por el humo y las cenizas.

Asimismo, en el año 2020 decíamos que había que partir de reconocer que la Ley N°26.331, ley de Presupuestos mínimos de protección ambiental, más conocida como la Ley de Bosques, ha encontrado sus límites en la clase propietaria de las tierras donde están asentados dichos bosques. Estas oligarquías terratenientes hasta han transformado la ley en una nueva fuente para esquilmar los fondos fiscales con los subsidios que el Estado debe pagar en las llamadas “zonas rojas” y “zonas amarillas” donde están prohibidos los desmontes. Terrenos donde no se puede producir (por su carácter pedregoso, etc.) productos agropecuarios reciben subsidios estatales. Lo concreto, es que luego de haber disminuido en una primera etapa el ritmo de los desmontes, en los últimos años ha vuelto a aumentar de una manera alarmante.

Son los gobiernos provinciales los que permiten la recategorización desde una zona de mayor protección a otra de menor, con el fin de autorizar desmontes. Evidencian así su carácter corrupto y están violando el principio precautorio establecido -incluso- en la ley general del ambiente.

Estos desmontes se deben principalmente al avance del cultivo de soja y de la ganadería. Es el gobierno nacional y los gobiernos provinciales los que han llamado a extender sin límite alguno las fronteras agropecuarias. Más allá de las ‘recategorizaciones’ se han incrementado notablemente los desmontes ilegales y ‘accidentales’ (incendios, etc.).

El avance de estos desmontes se hizo -en muchos casos- a costa del desalojo de comunidades originarias y campesinos criollos, muchos de cuales han pasado a formar parte de las periferias de poblados cercanos a las capitales provinciales aumentando el pauperismo de un sector de la población condenado a condiciones de precariedad y miseria crecientes. Un informe (parcial) de organizaciones ambientalistas señala que en el último año se han deforestado ilegalmente el equivalente a dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, con la pérdida de 40.965 hectáreas de bosques nativos solo en Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa.

El motor de estos desmontes es el afán de lucro de monopolios y terratenientes que solo se interesan por aumentar sus ganancias. Estos desmontes tienen incidencia directa en los problemas ambientales y sociales: inundaciones, etc.

Un reconocido ambientalista ha planteado: “Es hora de que la Argentina debata el desmonte ilegal, el otorgamiento de los permisos para deforestar en zonas protegidas y el incendio intencional como delitos penales ambientales y que se obligue a los responsables a restaurar los bosques nativos".

Mientras se desarrolla este debate es necesario dictar de manera urgente una ley que establezca la prohibición taxativa de los desmontes, porque lo que se desmonta en el ínterin es relativamente hecho consumado (dadas las dificultades existentes para la reforestación). Es imperiosa la suspensión total de desmontes ‘legales’ por recategorizaciones, como los ilegales de hecho o por ‘accidentes’ (incendios, etc.). Hay que parar los desmontes antes que sus consecuencias se transformen -en gran medida ya lo son- en trágicas.

Hemos planteado también un papel extraordinario a la constitución de Asambleas Populares Ambientales. Sólo éstas pueden superar la corrupción de gobiernos provinciales que alientan los desmontes y pueden ejercer un control efectivo del cumplimiento de esta resolución.

La armonía entre la naturaleza y las necesidades productivas de la sociedad solo podrá darse sobre la base de otro régimen social que no establezca como patrón productivo el lucro de los capitalistas, sino el de satisfacer las necesidades de la población. Un gobierno de trabajadores hará realidad una planificación económica integral. Mientras tanto, como transición, proponemos esta Ley para contener la barbarie productiva capitalista contra la floresta y los bosques nativos.

Por estos motivos, llamamos a las diputadas y a los diputados acompañen el presente proyecto de ley.

Vanina Biasi