Emergencia Presupuestaria de las Universidades Nacionales y del sistema de Ciencia y Técnica

Artículo 1. Declárese la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional y del sistema de Ciencia y Técnica para el ejercicio 2025.

Artículo 2. En el marco de la emergencia declarada en el artículo 1 se deberá garantizar la recomposición de la pérdida presupuestaria del sistema universitario nacional ocurrida en el año 2024 (que recayó fundamentalmente en una rebaja de los salarios docentes y no docentes). Se ordena que los básicos de convenio y todos los adicionales percibidos en noviembre de 2023 sean remunerativos y bonificables, y que los mismos se los actualice en una sola cuota de acuerdo al porcentaje que surja de la variación del IPC nacional acumulado desde el publicado para noviembre de 2023 y abril de 2025. A partir de dicho nivel deberá existir una indexación mensual en base a la variación del IPC nacional, que operará como piso para las mejoras salariales que puedan obtenerse en las negociaciones paritarias.

El nivel alcanzado en el párrafo precedente, tanto lo destinado a gastos salariales, gastos generales y de funcionamiento, deberá ser tomado como punto de partida para la actualización del presupuesto universitario del ejercicio 2025.

Esta actualización será mensual y como mínimo deberá equivaler a la variación del índice general de precios al consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Artículo 3. A la actualización prevista en el artículo 2 deberá agregarse una partida de crédito especial destinada a garantizar el salario de todos aquellos docentes universitarios que trabajan gratis bajo la figura fraudulenta de “ad honorem” y otras figuras similares que encubren el trabajo docente gratuito, y de una correcta designación de los cargos de acuerdo a las tareas efectivamente realizadas y el título alcanzado, eliminando la subrogación de los mismos. Dicha partida destinada a la regularización de cargos deberá incorporarse a los gastos ordinarios del presupuesto universitario.

A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente, cada universidad nacional deberá realizar un censo de todo el personal docente y establecer la cantidad de cargos “ad honorem” o similares y subrogados para su regularización salarial, en un plazo no mayor a 30 días corridos desde la sanción de la presente ley.

Artículo 4. En el marco de la emergencia declarada en el artículo 1 se deberán cuadruplicar las partidas presupuestarias asignadas al sistema nacional de Ciencia y Técnica, para la recomposición de la pérdida de 2024 y garantizar la actualización mensual del ejercicio presupuestario 2025 en base a la variación del IPC nacional. Esta actualización mensual no podrá ser en ningún caso inferior a la variación del IPC y actuará como piso para las mejoras salariales que puedan obtenerse en las negociaciones paritarias.

Artículo 5. El Poder Ejecutivo destinará una partida especial para abonar en un sólo pago remunerativo al personal docente y no docente universitario y del personal científico y técnico, todo lo perdido en salarios en forma acumulada respecto de la inflación durante el año 2024 y hasta el mes de la sanción de la presente ley.

Artículo 6.- Actualícense las partidas presupuestarias asignadas a todos los programas de becas estudiantiles por la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 hasta el momento de sanción de la presente ley. Las becas estudiantiles deben ser otorgadas todas y todos los estudiantes cuyo núcleo familiar perciba ingresos debajo de la línea de pobreza e incrementadas en monto en un 100% a partir de mayo de 2025. Posteriormente, se deberán actualizar de manera mensual en base a la variación del índice general de precios al consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Artículo 7: Destínese una partida de fondos especiales de 3.000.000.000 (tres mil millones de pesos) para paliar el déficit operativo, sufrido entre diciembre 2023 y enero del 2025, de las obras sociales y direcciones de salud enmarcadas en la Ley N° 24.741. Se asignará un monto mensual de $10.000.000.000 (diez mil millones mensuales) indexados cada 30 días de acuerdo a la canasta de salud con afectación específica.

Artículo 8: Se asignará un monto de $100.000 millones (cien mil millones de pesos) para obras de infraestructura para su ejecución en este periodo fiscal con afectación específica.

Artículo 9: Se asignará un monto de $30.000 millones (treinta mil millones de pesos) para su ejecución en este periodo fiscal para las tareas de extensión y vinculación con afectación especifica.

Artículo 10 En el ámbito de CyT, el Poder Ejecutivo destinará una partida especial para garantizar el alta inmediata a quienes fueron seleccionados para ingresar a CIC (Carrera de Investigador científico) en 2022, el otorgamiento de becas extraordinarias para todos lxs ingresantes a CIC y la prórroga de las becas posdoctorales hasta la publicación de los resultados de los nuevos ingresantes a CIC.

Artículo 11. Los fondos para garantizar la actualización de las partidas presupuestarias previstas en la presente ley provendrán en lo inmediato de Rentas Generales del Tesoro Nacional, sobre la base de recursos que hoy están destinados al pago de la deuda ilegal y fraudulenta con el Fondo Monetario Internacional y acreedores privados, de un impuesto extraordinario a la renta financiera, y de impuestos progresivos al capital hasta cumplir las necesidades emergentes de esta ley.

Fundamentos

Señor Presidente:

Estamos atravesando uno de los momentos más críticos del sistema universitario nacional y del sistema de investigación científica y técnica debido al deliberado desfinanciamiento que lleva adelante el gobierno de Milei. A inicios de 2024, como parte de un ajuste fiscal de dimensiones históricas, el gobierno de Milei congeló el presupuesto universitario al mismo tiempo que disparó la inflación a los niveles más altos de los últimos 30 años, superando el 280% de incremento interanual de precios.

De esta forma, mediante la licuación inflacionaria de jubilaciones, salarios, prestaciones sociales, asistencia social, salud, educación, servicios públicos, el Gobierno se propuso el objetivo de cumplir con las metas de reducción del gasto público exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En esta decisión puso en peligro el funcionamiento de las universidades nacionales en lo que respecta al desarrollo de la educación superior que alcanza a 2 millones de estudiantes, así como también a la investigación científica.

Hemos denunciado oportunamente que solamente en el primer trimestre del año 2024 la caída en términos reales alcanzó al 33,2% en lo referido a los gastos ejecutados para universidades nacionales entre enero y marzo de 2024, con respecto a igual período de 2023, según la información de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Asimismo, en el mismo período las transferencias a las universidades representaron $497.636 millones de pesos, o el 3,2% de los Gastos Totales, mientras que los intereses de deuda pública significaron el 18 % del gasto total, esto es, 5,5 veces el monto destinado a universidades, expresando cabalmente las prioridades de gestión. Este ajuste presupuestario se transformó en una rebaja del poder de compra de los salarios de docentes y no docentes, y puso en jaque la posibilidad misma del funcionamiento de las universidades. Tanto los rectores como los distintos referentes gremiales advertían que no se iban a poder seguir brindando clases en estas condiciones más allá del mes de mayo, ni poder comprar los insumos para la investigación, ni aplicar los proyectos de extensión, entre otras funciones fundamentales. La comunidad universitaria y la sociedad le puso un freno a Milei con la multitudinaria movilización del 23 de abril de 2024, de más de un millón de personas en todo el país defendiendo la universidad pública, gratuita, laica, el derecho a estudiar y a aspirar a una formación que mejore la calidad de vida.

Sin embargo, la respuesta del gobierno fue insuficiente. El incremento del 70 % otorgado por el Ministerio de Capital Humano en mayo de 2024 para los “gastos de funcionamiento” quedó notoriamente por debajo de la inflación, y consecuentemente de los costos a afrontar, y los salarios docentes y no docentes que representan más del 90% del presupuesto fueron ajustados muy a la baja. La universidad continuó funcionando, pero en forma cada vez más disfuncional. Con docentes que no llegan a fin de mes, prácticamente sin becas estudiantiles y sin un peso destinado a infraestructura.

La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) sostiene que “el gobierno tuvo que ceder en parte del reclamo y aumentó el presupuesto para funcionamiento de las universidades, pero no actualizó los salarios al ritmo de la inflación. Recién en octubre, luego de la segunda marcha universitaria y las clases públicas de AGD UBA en Plaza de Mayo, incrementó la garantía salarial –que no representó una solución a la pérdida de salarios ni alcanzó a la totalidad de los docentes–. La garantía ya casi se esfumó porque los aumentos fueron siempre inferiores a la inflación. Por ejemplo, tuvimos 1,5% de aumento en enero frente a una inflación de 2,2%, de 1,2% en febrero, frente a una de 2,4% y, finalmente, del 0% en marzo, frente a una del 3,7%. Para recuperar lo perdido desde noviembre de 2023, necesitaríamos un aumento del 39%.” Ahora se definió un retroactivo a marzo y a abril del 1.3%, totalmente insuficiente, y un incremento de la garantía salarial de 19% que eleva el salario sólo de las categorías más bajas y de menor antigüedad.

En el caso de los trabajadores no docentes, los incrementos mínimos a través de la garantía salarial han significado un achatamiento del escalafón, al igual que en la docencia, y una profundización del proceso de sumas por fuera del salario básico, reduciendo los aportes al sistema previsional y de las obras sociales con el consecuente desfinanciamiento de los mismos.

Luego vimos al presidente Javier Milei en octubre pasado directamente vetando una ley de financiamiento universitario que obligaba a recuperar lo perdido solamente en el año 2024 y que implicaba apenas un gasto adicional de apenas el 0,14% del PBI, mientras por otra ventanilla habilitaba pagos de intereses de la usuraria deuda externa y garantizaba jugosos negocios especulativos con la bicicleta financiera a los fondos de inversión y los grandes capitalistas, con el dinero ajeno.

Después del veto se despertó una enorme lucha universitaria, con más de 100 tomas de facultades, asambleas y un movimiento estudiantil activo junto a los docentes y no docentes. Sin embargo, ni el CIN ni las conducciones de las federaciones docentes y no docentes convocaron a una tercera marcha universitaria para desarrollar la pelea contra el ajuste y unificarla junto a otros sectores de la clase trabajadora afectados por la motosierra y la licuación de sus ingresos, como los jubilados.

Es así que nos encontramos con un ajuste del presupuesto universitario del 25,3% en términos reales en sólo un año. En términos corrientes el programa destinado a “Desarrollo de la Educación Superior” pasó de $1.357.941,09 millones en el año 2023, a $3.244.668,73 al finalizar 2024, lo que representa un incremento de 139%, mientras los precios en promedio aumentaron a un ritmo del 220% interanual (IPC-Indec). Es decir, en el año 2024 se recortó un cuarto del presupuesto universitario, un ajuste nunca visto en la historia, recayendo lo principal del ajuste sobre los salarios de docentes y no docentes.

Las autoridades universitarias del CIN reclamaron a fines de 2024 un presupuesto de $7,2 billones para 2025, pero el proyecto oficial sólo contemplaba unos $3,8 billones para este año, el cual directamente no entró en vigencia porque el gobierno nacional prefirió suspender su tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y tampoco convocó a sesiones extraordinarias para hacerlo. De esta forma, el Gobierno nacional prorrogó por segundo año consecutivo el Presupuesto 2023, una situación que no tiene antecedentes en la historia de la Argentina. Al momento de presentar este proyecto de ley, el presupuesto vigente para Educación Superior es aún menor que el presentado oficialmente. Los $3,8 billones implican un incremento de 14,5% respecto del vigente ($3,3 billones), muy por debajo de cualquier expectativa inflacionaria anual. Solamente a marzo de 2025 el IPC acumulado en los tres primeros meses del año es de 8,6%. Y a ello debe agregarse el profundo recorte del año 2024 mencionado anteriormente.

De acuerdo al informe elaborado por IEC-CONADU, con la prórroga del presupuesto 2024, las transferencias a las universidades nacionales alcanzarán este año solo el 0,43% del PBI. Este porcentaje es aún inferior al 0,51% que preveía el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025, el cual ya se constituía como el nivel más bajo de los últimos años.

En su conjunto, de no mediar este año ninguna actualización adicional ni una recomposición, el presupuesto universitario verá un recorte acumulado de entre 40% y 50% en dos años bajo el mandato de Milei.

En el caso de los salarios docentes, los sindicatos denuncian que directamente los salarios universitarios están por debajo de la línea de pobreza. A marzo de 2025, el salario bruto para un cargo titular con dedicación simple y sin antigüedad es de $383.150,68, en tanto que la Canasta de Pobreza para un hogar de cuatro integrantes alcanzó a $1.100.267, representando casi tres veces más. Incluso queda por debajo de la línea de pobreza el cargo de un titular con dedicación semiexclusiva, que fue en marzo de $766.303,34.

De acuerdo al Laboratorio del Salario de la Docencia Universitaria, la diferencia entre la inflación y la variación salarial alcanza 67,57 puntos porcentuales en el mes de enero de 2025, partiendo desde noviembre de 2023, según la información consolidada del INDEC y para febrero, esta diferencia podría haber llegado a 70,89 puntos porcentuales. De esta forma, el salario de febrero de 2025 presenta una pérdida de 24,9% de poder adquisitivo y, consecuentemente,

se requeriría un 33% de aumento salarial sobre el salario de febrero sólo para mantener el poder adquisitivo de noviembre de 2023.

A un año de la marcha universitaria de abril, la Conadu Histórica afirma que la brecha entre salarios e inflación se encuentra entre 100% y 118% (según el cargo); en tanto que la variación del poder adquisitivo promedio es de -34% (un tercio de sueldo perdido por mes). En los 15 meses del actual gobierno, la pérdida equivale a 5 salarios menos respecto a noviembre de 2023.

Con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) se profundiza aún más este ajuste. Este afecta a todos los docentes de los niveles iniciales, incluyendo a una veintena de colegios pre-universitarios que dependen de las universidades públicas. Desde su creación, el FONID fue prorrogado año tras año hasta enero de 2024, cuando Milei decidió discontinuarlo. Según estadísticas oficiales, el Fondo representó en 2023 la segunda partida más importante del entonces Ministerio de Educación de la Nación, degradado por Milei a rango de Secretaría: el 14,03% del presupuesto educativo, con un total de $333.000 millones.

El sistema de becas también se vio muy afectado. La beca Progresar redujo a la mitad la cantidad de beneficiarios y el monto actual es de 50.000 pesos, muy lejos de su capacidad de sostén real. Esa ayuda antes llegaba al 20% de los alumnos de nuestras universidades. La beca Manuel Belgrano, para carreras estratégicas, mantiene la cantidad de destinatarios –36.000 estudiantes–, pero debería haberse actualizado en línea con el salario de un ayudante de segunda (unos 280.000 pesos) y permanece en solo 80.000 pesos. Es difícil que ese monto le sirva a un estudiante. En cuanto a infraestructura, no se ejecutó ninguna obra en todo el año, a pesar de que muchas tenían financiamiento internacional, por ejemplo de la CAF.

Cabe destacar que la situación previa al congelamiento presupuestario que dispuso el Gobierno de Milei para cumplir con el ajuste fiscal del FMI, ya era crítica y se apoyaba en condiciones de precarización del trabajo docente y no docente y de la formación de las estudiantes arrastradas durante años. El presupuesto preexistente era ya muy deficiente, varias universidades funcionan con trabajo docente gratuito, mal llamado “ad honorem”, cargos subrogados, falta de becas estudiantiles y la ausencia de jardines materno parentales. El Convenio Colectivo de Trabajo de la Docencia Universitaria y Preuniversitaria de las Universidades Nacionales (Decreto 1246/15), en su artículo 25 establece que "el desarrollo de labores docentes es de carácter oneroso". Si bien hubo desde la sanción del CCT algunos programas para avanzar en terminar con el trabajo gratuito, éstos fueron totalmente insuficientes, se interrumpieron en el gobierno anterior y hoy podemos decir que el art 25 del CCT no se cumple.

Los sindicatos docentes denuncian un deterioro cercano al 30 % de los salarios reales entre 2015 a 2023. Asimismo, según el “Informe sobre el salario de la docencia universitaria. 2019-2023” el salario real (en el sector) cayó 4,5% desde diciembre de 2019, no obstante, desde octubre de 2019 (incluyendo el incumplimiento de la actualización automática, aceptado en el acta firmada en 2020) la pérdida es de 11,3%, y alcanza a 26% desde diciembre de 2015. En el último informe del mes de marzo de 2025, indican que para que el salario vuelva a tener el poder adquisitivo que tenía hace 9 años (es decir, en noviembre de 2015), se necesitaría una recomposición del 80% sobre el salario de febrero de 2025. actuales. “Sumando las pérdidas mes a mes, la pérdida salarial acumulada desde el 1 de diciembre de 2015 hasta el 30 de enero de 2025 superaría los 47,4 salarios actuales (“masa salarial resignada” o “pérdida salarial acumulada”), sin tener en cuenta las pérdidas correspondientes a los aguinaldos”.

Entre 2017 y 2023 el presupuesto destinado a las Universidades Nacionales acumuló una pérdida del 11% en términos reales.

 

Fuente: elaboración propia en base a datos devengados del programa 26- Desarrollo de la Educación Superior, del Presupuesto Abierto, e IPC-Indec.

Entre 2017 y 2019 la caída real del presupuesto universitario fue del 17%. Luego en 2020 volvió a caer 3 % adicional en el marco de la pandemia y el sostenimiento de la universidad pública en base a una conectividad no contemplada en los salarios docentes ni en subsidios estudiantiles, acumulando un retroceso de 20 % en sólo 4 años. Posteriormente la lucha del movimiento docente, no docente y estudiantil permitió la recuperación parcial de dicha pérdida, pero en lo fundamental durante el gobierno del Frente de Todos se cristalizó gran parte del retroceso del macrismo, acumulando una caída de 11 % punta a punta 2017 a 2023. E incluso los fondos disponibles fueron menos suficientes para cada Universidad Nacional si se considera que los créditos totales asignados debieron ser distribuidos entre más instituciones al establecerse la creación de mayor cantidad de universidades, aspecto muy necesario teniendo en cuenta que esto implica la posibilidad de acceder a la educación superior por una mayor cantidad de estudiantes y de sectores populares, pero que se ha llevado a la par de una política de desfinanciamiento presupuestario, como hemos advertido en el debate en el recinto en Diputados.

No se trata de un ajuste presupuestario más. Debemos advertir fehacientemente que el congelamiento y el ahogo presupuestario que lleva adelante Milei y el desfinanciamiento de las universidades públicas es una política deliberada para forzar su cierre y posterior arancelamiento, lo cual va unida a un discurso de persecución ideológica hacia la docencia universitaria. El propio Javier Milei en campaña promovía el arancelamiento de universidades públicas nacionales a las que denominó “lugares de adoctrinamiento”, posición que volvió a repetir reiteradas veces en su función como presidente de la Nación. Inclusive, en el fracasado proyecto de “Ley Ómnibus”, Milei había intentado introducirla posibilidad de que los estudiantes extranjeros tuvieran que pagar por estudiar en los establecimientos de educación superior argentinos.

Sostenemos que es una falacia decir que “no hay plata”. Las universidades estatales públicas y gratuitas deben ser una prioridad para la defensa de la soberanía nacional y el desarrollo. El conjunto de la comunidad universitaria está sufriendo el ajuste más general al que asistimos en toda la sociedad. Según el observatorio del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), en solo el primer mes de gobierno de Milei, unos 1,13 billones de pesos pasaron del bolsillo de los trabajadores al de las empresas, gracias a la devaluación y la

liberación de precios. Por su parte, los intereses de la deuda pública se llevaron el 18 % del gasto total en el primer trimestre de 2024.

 

Los estudiantes se verán imposibilitados de acceder a los establecimientos educativos y de estudiar con los aumentos en los transportes y la enorme caída de los salarios precarios que son la norma entre la población estudiantil. A esto se agrega la ausencia de verdaderos comedores estudiantiles y la ausencia de becas integrales para evitar la deserción.

El presupuesto en Ciencia y Técnica también se ve fuertemente afectado por la motosierra de Milei. Entre enero y marzo de este año el presupuesto para el área disminuyó un 22,1% real contra el mismo período del año pasado. Esto se suma a la caída del 30,3% para todo el 2024 y proyectada para todo el 2025 redondearía un retroceso acumulado del 46,5% real en dos años. Esto significa que el presupuesto para el sector habrá disminuido más de 54 puntos en relación con pico máximo en 2015, según informa NEXciencia de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

Como porcentaje del PBI, la función CyT cayó del 0,302% del 2023, al 0,214% en 2024 y se dirige a un mínimo histórico en 2025, ubicándose en el 0,157% del PBI, una cifra que perfora el piso alcanzado en 2002 (de 0,177%) -durante una de las crisis más graves que atravesó nuestro país a lo largo de su historia- con lo que se ubica un mínimo absoluto de toda la serie histórica. En el caso del CONICET el recorte estimado es en torno al 21,6% en 2025, completando un desplome del 36% real, según informa NEXciencia.

Asimismo, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación ha sido prácticamente desarmada, y el año pasado ni siquiera se transfirieron los fondos de investigación correspondientes a las universidades. Como no se ejecutaron en 2024, esos recursos ahora tampoco están contemplados en el presupuesto prorrogado para este año.

En síntesis, el presente proyecto de ley tiene como objetivo garantizar un aumento presupuestario suficiente que garantice el ciclo lectivo para docentes y estudiantes universitarios, así como el sostenimiento del sistema nacional de Ciencia y Técnica, fundamental para la investigación y el desarrollo autónomo de nuestro país. Es necesario que se destinen los fondos requeridos para el funcionamiento de las universidades nacionales, teniendo en cuenta las previsiones de inflación y de recomposición salarial docente y no docente, de requerimientos de infraestructura, becas estudiantiles, del restablecimiento del FONID y de todo otro gasto necesario.

Por los motivos expuestos, y los que desarrollaremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.

Christian Castillo

Nicolás del Caño

Alejandro Vilca

Vanina Biasi

Vilma Ripoll