Partido Obrero está distribuido bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional
PROYECTO DE LEY
La Cámara de Diputados y el Senado de la Nación reunidos en Congreso
sancionan con fuerza de ley
MOVILIDAD DE LOS HABERES JUBILATORIOS
ARTÍCULO 1º — HABER JUBILATORIO MÍNIMO. Se establece un Haber
Jubilatorio Mínimo de $579.067 para los jubilados y pensionados en la proporción
correspondiente, equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor Establecida por la
Defensoría de la Tercera Edad de CABA al mes de octubre 2023 actualizada por inflación
según el IPC emitido por el INDEC desde el 1º de noviembre, independientemente de los
años aportados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a cobrar durante el
mes de marzo de 2024.
ARTÍCULO 2º — HABERES SUPERIORES AL MÍNIMO- 82% móvil. Los haberes
superiores se actualizarán proporcionalmente a partir del haber mínimo establecido en
Art.1° o de acuerdo al 82% del haber actualizado de los trabajadores del sector e igual
categoría en que revistaba al cesar en la actividad, lo que resulte más beneficioso al
trabajador jubilado.
ARTÍCULO 3º — MOVILIDAD AUTOMÁTICA. Los haberes establecidos en los Art
1° y 2° se actualizarán automáticamente cada mes de acuerdo al último registro del IPC
del INDEC o el índice Ripte el que resultare más favorable al jubilado, incorporando la
correspondiente actualización con el mismo mecanismo a partir de la vigencia de la
presente ley.
ARTÍCULO 4º — FINANCIAMIENTO. Los fondos para este aumento de emergencia
provendrán en lo inmediato de Rentas Generales del Tesoro Nacional, sobre la base de
un impuesto extraordinario a la renta financiera, multas extraordinarias al trabajo no
registrado o registrado en forma fraudulenta, incorporación a los básicos de sumas no
remunerativas, la reposición de los aportes patronales a los niveles porcentuales vigentes
al año 1992 y los impuestos progresivos al capital necesarios hasta cumplir las
necesidades emergentes de esta ley. Más todas las medidas que corresponda para
garantizar los haberes que resultan de esta ley.
Romina Del Plá
Nicolás del Caño
Myriam Bregman
Alejandro Vilca
Christian Castillo
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La situación de los jubilados y pensionados es desesperante. Las modificaciones
sucesivas a la movilidad previsional en 2017, empeorada en 2021, han provocado un
deterioro del poder adquisitivo de los haberes que llega al 55,4% en los últimos 6 años.
Es lo que explica que hoy el haber mínimo se encuentre en $134.446, menos de la mitad
de lo que según el INDEC es la canasta de indigencia ($285.561).
Con todo, los que más han perdido son los que superan el haber mínimo, por haber
aportado 30 años o más, ya que fueron excluidos de la entrega de bonos. Por eso este
sector perdió en 2023 un 40,5% de su poder adquisitivo en tanto los de la mínima
perdieron 24,5%, pero considerando bonos que son de cobro por única vez y no actualizan
el valor histórico del haber, hundido en la misma proporción que el resto de la escala.
Como tantos otros “relatos” los gobiernos justifican la destrucción de los haberes con los
argumentos más disparatados. Dicen que el sistema no cierra porque aumenta la
expectativa de vida, porque hay menos aportantes y que hay muchos que se jubilan con
pocos o nulos aportes. Con esto último pretenden estigmatizar e incluso dividir a los
adultos mayores que en los sectores más precarizados y peores pagos, como las
trabajadoras de casas particulares serían responsables de la evasión patronal. La falta de
aportes es una responsabilidad patronal y contra la evasión y elusión tiene que accionar
el Estado en defensa del trabajador estafado sea por el trabajo informal, precario o por
que le descontaron sus aportes y no fueron depositados.
El Estado es el responsable del vaciamiento de la Ansés toda vez que hace “la vista gorda”
frente a un 40/50% de trabajo no registrado o declarado defectuosamente. Nada que
sorprenda desde el momento en que las empresas y el propio estado engorda el salario
con sumas no remunerativas que no tributan a las jubilaciones. O las diversas formas de
fraude laboral, con falsos monotributistas que se desempeñan en la misma tarea por años.
Por eso hay jubilados que cobran entre un 10 y un 20% por debajo del haber mínimo. Son
los millones que entraron en la moratoria y pagan una deuda que deberían pagar sus
patrones, lo mismo las personas obligadas a inscribirse en la PUAM que ni siquiera
constituye un haber sino más bien una asistencia social subalimentaria. A estos el
oficialismo pretende quitarles el haber para darles un plan social, los cuales a su vez están
siendo congelados y demolidos por distintas vías.
Peor aún, el Estado Nacional y los provinciales se han apropiado de los fondos jubilatorios
del FGS (Fondo de Garantía y Sustentabilidad) desde hace décadas entregándolos para
los más diversos negocios y subsidios a la clase capitalista en el llamado “mercado de
capitales”, financiando negocios privados y mediante la llamada “deuda intraestatal”
financiar el déficit del Estado originado en los gastos financieros y los subsidios directos
o indirectos al capital cuando no la más alevosa corrupción.
El arrebato de los fondos previsionales confirma que no es el Estado el que sostiene a los
jubilados sino exactamente a la inversa. Hace pocos meses fue el pasaje compulsivo a
pesos de los bonos en dólares del FGS por Sergio Massa. Esos bonos habían sido
colocados compulsivamente al FGS en el periodo anterior de vaciamiento, durante el mal
llamado desendeudamiento, que consistió en vaciar las arcas de la ANSES para pagar a
acreedores externos, dejando papeles de deuda pública que luego han servido para toda
clase de negociados a costa de las condiciones de vida de los adultos mayores.
El gobierno actual pretende ir más allá, “neteando” la deuda de la que son acreedores los
jubilados con el Tesoro Nacional, es decir despojando directamente el patrimonio de los
trabajadores y jubilados que esperan juicios permanentemente apelados por el Estado para
que no les alcance la vida para cobrarlos cuando logran sentencia favorable. Un robo en
dos actos del cual han sido cómplices todos los gobiernos. Y ahora el retorno de las AFJP
para una suerte de sistema mixto anunciado por el presidente demuestra que “hay plata”
pero se la quieren quedar un puñado de bancos.
La “licuadora” de la que Caputo se jacta no la sufrieron ni los acreedores de la fraudulenta
deuda externa, ni los exportadores, ni los bancos, ni los fugadores seriales de capitales, ni
las petroleras, ni las empresas privatizadas de servicios, todas con ganancias
extraordinarias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en enero el
Gobierno hizo un ajuste en el gasto de las jubilaciones y pensiones de 32,5% medido con
enero 2023 en términos reales.
Con una inflación que en el último bimestre supero el 51% y una “actualización” del
27,18% con la actual fórmula desventajosa para el jubilado, la situación se agrava cada
día. El Defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino acaba de afirmar que la Canasta
Básica del jubilado supera los $700.000 con gastos por vivienda a fin de febrero.
El gigantesco recorte del Plan Motosierra del gobierno afecta la provisión de
medicamentos. El gobierno ya anunció que quedarán afuera los que cobren más que la
mínima y la eliminación del vademécum previsional de 36 principios activos. No se
entregan audífonos, prótesis, pañales y la ayuda alimentaria ha desaparecido tanto en
dinero como en productos. Un ajuste que incluye a las prestaciones mínimas de los
geriátricos.
No se puede consentir semejantes atropellos a quienes trabajaron toda su vida y se ven en
la indigencia cuando más necesidades tienen.
Reivindicamos el haber jubilatorio como un salario diferido que debe volver a solventarse
con los aportes patronales. Estos se han reducido a su mínima expresión por la
informalidad, la declaración ficticia de las horas reales trabajadas, todo consentido por el
Estado que también promueve en sus organismos el fraude laboral del monotributo y las
sumas no remunerativas pactadas por las propias cúpulas sindicales, sin mandato alguno
para hacerlo, contra el sistema de la seguridad social.
Por eso es que consideramos imperioso establecer un régimen de movilidad automática,
como el descripto en el articulado a partir de marzo del corriente año partiendo de una
actualización que recupere lo perdido y garantice el poder adquisitivo de los haberes
jubilatorios de toda la escala. Por eso establecemos un mínimo basado en la Canasta de
los Adultos Mayores elaborada en octubre de 2023 por la Defensoría de la Tercera Edad
incorporándole los índices subsiguientes según el IPC del INDEC.
Por todo lo expresado invito a acompañar el presente Proyecto de Ley