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PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación Declara:
Su repudio a la liberación de nueve de los diez policías detenidos a fines de abril por el
crimen de Sofía Fernández, mujer trans de 39 años, asesinada en la Comisaría 5ta de Pilar
en abril del 2023, según lo resuelto por el Juzgado de Garantías N° 7 del municipio de
Pilar, a cargo del juez Walter Seatone, quien a su vez desestimó el agravante de “odio por
identidad de género”. Entre los oficiales imputados hay tres acusados por homicidio, y
otros siete, incluido el Comisario Salerni, por encubrimiento y falsificación de
documentos.
Su rechazo al cambio de carátula de la causa y su reclamo para que este travesticidio sea
considerado y caratulado como lo que fue: un crimen por odio a la identidad de género.
Su reclamo al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier
Alonso, para que cese en la defensa jurídica, técnica e institucional, de los policías
acusados por delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, a través
de la Dirección de Asesoría Letrada de policía del Ministerio de Seguridad de la
Provincia.
Su acompañamiento al reclamo de medidas de protección y seguridad para los familiares
de Sofía Fernández, que fueron rechazadas por el juez Seatone, cuando están involucrados
en el crimen sectores del poder policial.
Su repudio al operativo pro impunidad de miembros de la Policía Bonaerense que gozan
de protección institucional, política y judicial.
Su exigencia por el esclarecimiento del travesticidio de Sofía Fernández, para que haya
justicia y cárcel común para todos los responsables.
Vanina Biasi
Mónica Schlotthauer
Nicolás del Caño
Christian Castillo
Alejandro Vilca
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Sofía Fernández era una mujer trans que fue asfixiada y asesinada el 10 de abril de 2023
en una celda de la comisaría 5ta de la localidad Presidente Derqui, Pilar, por miembros
de la policía Bonaerense.
Cuando Sofía fue "encontrada" sin vida, las autoridades policiales, junto con una
psicóloga del municipio, informaron a Mabel, su hermana, que había fallecido
"súbitamente" y que todo indicaba un suicidio. Sin embargo, la autopsia concluyó que
murió por asfixia, precedida de tortura y con signos de posible abuso sexual, perpetrada
por al menos tres personas.
En la causa judicial hay 10 policías acusados por la fiscalía como coautores y
encubridores del hecho, que en un primer momento fue caratulada como “Homicidio
agravado por odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o más
personas y por ser perpetrado por miembros de la fuerza de seguridad” y “Encubrimiento
agravado por resultar el hecho precedente especialmente grave y por ser perpetrado por
miembros integrantes de la fuerza policial y Falsificación de Documento público”. No
obstante, un nuevo dictamen del juez Walter Seatone de principios de julio del corriente
liberó a 9 de los 10 policías detenidos, y desestimó el agravante de “odio por identidad
de género”, cambiando la carátula de la causa.
Cuatro de los policías liberados, a saber, el Oficial Ayudante Ezequiel Francisco Ávalos
Ibáñez, el Sargento Germán Gonzalo Robles, la Sargento Yésica Isabel Núñez y la
Subteniente Viviana Edith Ruiz, días antes de su liberación, habían recibido previamente
el beneficio de la prisión domiciliaria. El único imputado que permanece detenido es el
oficial Ayudante Carlos Matías Rodríguez, habiéndose dictado prisión preventiva debido
a los indicios que apuntan a su responsabilidad en el travesticidio.
El crimen refleja a una policía, en este caso la Bonaerense que se cree impune para actuar
de manera criminal. No son casos aislados, sino que es la naturaleza de una institución
creada para la represión, donde el autoritarismo y el abuso de poder, el gatillo fácil, las
torturas en comisarías, la participación en el delito organizado, son moneda corriente. En
este caso en particular se expresa el odio de género y la saña contra una mujer trans, en
un país donde los discursos de odio han sido adoptados como ideología oficial del
gobierno. Discursos que ampara y promueve este tipo de crímenes aberrantes.
En el travesticidio de Sofi Fernández no solo los imputados directos (un porcentaje
significativo del personal de la comisaría, incluido el comisario Daniel Salerni) se han
protegido mutuamente, sino que el Ministerio de Seguridad Provincial, a cargo de Javier
Alonso, asumió la defensa jurídica, técnica e institucional, de los policías acusados por
delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, a través de la
Dirección de Asesoría Letrada de policía del Ministerio de Seguridad de la Provincia.
Algo que está vetado para el caso de las fuerzas federales de represión por Resolución
nacional 477/2023 (Publicada en Boletín Oficial: RESOL-2023-477-APN-MSG). Dicha
resolución dispone que “que las Direcciones de Asuntos Jurídicos y/o Divisiones Legales
y/o equivalentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales no brindarán
asistencia jurídica a los agentes y/o funcionarios de esas fuerzas federales de seguridad
que resulten judicialmente acusados por GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS
HUMANOS”.
En este caso, la Asesoría ha proporcionado una defensa que incluye cinco abogados, y
han solicitado al juez permitir que un grupo de profesionales policiales en actividad actúe
como peritos de parte. Estos especialistas incluyen a Ricardo Grubisa, Fernando
Maldonado, Valeria Stingo y Luis Vizcarra. Como se denuncia en una nota periodística
del diario Página 12 los honorarios de los abogados “serían altísimos si fueran pagados
de manera particular, pero que en este caso serán financiados por el Ministerio de
Seguridad, utilizando recursos públicos”.
Detrás de la lucha por justicia por Sofi Fernández existe una familia decidida a enfrentar
el operativo de impunidad, y la movilización del activismo LGBTIQ+ y de derechos
humanos que los apoya.
Por todas estas razones, solicitamos el acompañamiento del presente proyecto de
declaración.