PROYECTO DE DECLARACIÓN

Expediente Diputados: 3468-D-2024
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 86

EXPRESAR PREOCUPACION Y REPUDIO POR LA DECISION DEL PODER EJECUTIVO DE ENVIAR A ESTA H. CAMARA UN PROYECTO DE LEY PARA INSTAURAR UN NUEVO REGIMEN PENAL JUVENIL QUE BAJE LA EDAD DE PUNIBILIDAD A LOS 13 AÑOS.

La Cámara de Diputados de la Nación declara:

Su preocupación y repudio ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional, anunciada por los ministros de seguridad y de justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, de enviar a este Congreso un proyecto de ley para instaurar un nuevo Régimen Penal Juvenil que baje la edad de punibilidad a los 13 años.

Su denuncia de que este tipo de legislación reaccionaria no sólo lesiona los derechos de la niñez y adolescencia, sino que forma parte de una política represiva, criminalizadora y persecutoria de la juventud, mientras prevalece la impunidad y el amparo al delito organizado que opera con la connivencia plena del Estado, sus fuerzas represivas, judiciales y políticas. 

FUNDAMENTOS

En una conferencia de prensa conjunta los ministros de Seguridad y de Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, anunciaron el pasado 28 de junio que el gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajará la edad de imputabilidad de 18 a 13 años.

Según pudo conocerse por información periodística, el proyecto establecería para los menores, penas de "3 a 6 años" de privación de la libertad con un máximo de ¡hasta 20 años de pena!, en "establecimientos especiales". Establece medidas incluso para los niños que están por debajo del umbral de los 13 años, que podrán ser objeto de internación decidida por un juez "para su readaptación social". El cinismo no puede ser mayor en un país donde las instituciones de menores están vaciadas y privadas de los más elementales recursos. Por supuesto que el proyecto -que según ha trascendido estaría circunscripto al ámbito penal- no contempla ninguna disposición presupuestaria. Quieren poner en pie un depósito de pibes con gorrita, destinado a los Luciano Arruga de este país, que serían una versión análoga del sistema carcelario que no es otra cosa que una gran fábrica de desamparados al servicio de las bandas delictivas. Todo lo que tenemos es entonces marketing político "low cost" contra los pibes y pibas.

Los anuncios forman parte de una agenda política reaccionaria en materia represiva y de ataque a las libertades democráticas que promueve el gobierno y adopta un nuevo capítulo en la criminalización de la juventud, que será discrecionalmente orientada a los jóvenes de los barrios pobres y la clase obrera empobrecida. Bullrich vuelve a arremeter con el encarcelamiento de menores que no pudo hacer prosperar en términos legislativos bajo el gobierno de Mauricio Macri. Retoma una ya conocida campaña fascistoide y reaccionaria contra la juventud que no va a redundar en ninguna disminución de la inseguridad ciudadana. Las estadísticas muestran de modo categórico que la participación de los menores en los delitos graves es irrelevante, del orden del 1%. En uno de los últimos informes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentado en marzo 2023, se afirma: “Las causas iniciadas por delitos contra las personas (vida, integridad física, seguridad personal) totalizaron 28 (cerca del 1,4% del total), lo que marca un descenso a prácticamente la mitad con respecto al 2021, cuando ese tipo de causas fueron 53. También se redujo la cantidad de niños, niñas y adolescentes involucrados en este tipo de causas: pasó de 62 en 2021 a 39 en 2022” (https://www.csjn.gov.ar/novedades/detalle/7015). El único objetivo es castigar por partida doble a la juventud. El gobierno de Milei aumentó la pobreza en 3 millones de personas en pocos meses. El único destino que tienen para la juventud es la cárcel y la pobreza.

Bullrich y Cúneo Libarana cínicamente justifican esta política en la afirmación de que "el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones" (comunicado oficial del ministerio de justicia). La declaración es la confesión de que no tienen ningún interés en perseguir a los principales responsables y cabecillas del "crimen organizado" - al servicio de quienes acaban de hacer aprobar un blanqueo de capitales y a quienes Cúneo Libarona ha defendido judicialmente con su estudio familiar como vimos en el caso del narco "memaluco" Villalba. Pero no sólo eso, las consecuencias serán las que ya conocemos en América Latina: los narcos irán a buscar a niños “más niños” (menores aún) para emplear como “soldaditos” al servicio de su negocio.

El interés de Cúneo Libarona por los niños lo conocíamos hasta ahora por su participación en el “observatorio de las víctimas de falsas denuncias”, armada para atacar a las mujeres violentadas y las madres protectoras que denuncian el abuso de sus hijos. ¡Resulta que un defensor de abusadores de menores ahora quiere construir cárceles de niños!

Todos los gobiernos han sostenido un régimen de impunidad con el delito mientras el narcotráfico crece sin cesar, amparado en las zonas liberadas, la corrupción política, judicial y policial, mientras persiguen y responsabilizan al eslabón más débil, los pibes en los barrios, cuya captación para el negocio narco ninguno combate, porque eso implicaría desbaratar las bandas delictivas, nacionalizar los puertos y la banca, terminar con el lavado de dinero, atacar a las corrompidas fuerzas policiales y federales de represión. En su lugar, persiguen a los pibes empobrecidos por sus propias políticas y librados a su propia suerte en barrios y villas miseria copadas por el delito narco. La única política oficial contra este flagelo ha sido el amparo al gatillo fácil y la persecución de la juventud.

Acá no hay ningún interés en terminar con los problemas que hacen crecer la inseguridad en nuestro país y mucho menos les interesa ofrecerle una salida a la juventud que hoy no tiene futuro, mientras refuerzan la destrucción y el ahogo presupuestario de la escuela pública, el confinamiento de las familias trabajadoras en villas precarias, la sustracción de alimentos a los comedores populares, la privación de los más elementales derechos. El único interés que tienen por delante es el de reforzar un Estado represivo persecutorio contra el pueblo. Promover y facilitar la llamada doctrina Chocobar que lo único que trae aparejado son más casos de gatillo fácil a cargo de las fuerzas represivas que son engranajes fundamentales para la existencia del delito organizado.

Presentamos este proyecto para contribuir a la lucha contra este engendro reaccionario que va a profundizar el reforzamiento represivo en los barrios más humildes y contra los pibes y pibas de nuestro país.

Por estos motivos, solicitamos a las y los diputados el acompañamiento de este proyecto de declaración y repudio.

Vanina Biasi

Carlos Castagneto

Blanca Osuna