Al respecto de la presentación del proyecto que adjuntamos aquí (23-24D3611012023-12-1811-04-30), desde la banca del diputado Guillermo Kane, del Partido Obrero – Frente de Izquierda, señalaron lo siguiente:
El anuncio, completamente ilegal de la ministra Patricia Bullrich de que no permitirá manifestaciones públicas de aquí en más fue dado pocas horas luego de que el ministro Caputo planteara un mazazo que no solo aumenta la pobreza de los trabajadores argentinos, sino que viola expresamente sus promesas de campaña de no subir impuestos y liberar el dólar. Esta trampa mortal de devaluación, inflación, recesión, tarifazo, impuestazo y cepo quiere ser blindada contra la posibilidad de protestar. Pero una conferencia de prensa no cambia la legislación ni la constitución vigente, que protegen el derecho a manifestarse.
En vísperas de la marcha nacional convocada para el 20 de diciembre contra las medidas económicas del gobierno y por reclamos urgentes de defensa del trabajo y el salario por un centenar de organizaciones políticas, sindicales, piqueteras y de derechos humanos, la acción de la ministra equivale a una amenaza de represión ilegal contra una manifestación política y reivindicativa. El tránsito no es más que una excusa, cuando se trata de una concentración a Plaza de Mayo, y otras plazas de todas las ciudades del país, citada para concentrar desde un radio de sus inmediaciones.
Hemos presentado un proyecto para que la cámara de diputados de la Provincia de Buenos Aires se pronuncie contra esta pretensión ilegal. Esperamos que numerosos diputados y diputadas se pronuncien en el mismo sentido, como ya lo han hecho la CGT, la Comisión Provincial de la Memoria, numerosos constitucionalistas y organismos de derechos humanos. La cámara, que estará sesionando este miércoles en paralelo a la movilización, tiene una obligación a hacer escuchar su posición.
Quienes permitan avanzar contra los derechos y las libertades del pueblo y los trabajadores serán responsables, por acción u omisión. Y sin derecho de expresión y de protesta, no hay ningún derecho, pues todos quedan en manos del Estado, para dar o no según su conveniencia, sin que pueda ser puesto de manifiesto y contrastado.
Abajo el protocolo de Bullrich
Abajo el plan motosierra contra los trabajadores
