Los ingresos de los trabajadores (registrados, no registrados, jubilados, beneficiarios de los planes sociales) se desmoronan por el aumento de los precios. El 6,7% de inflación de marzo no es un techo como dice el gobierno: se viene al aumento de las tarifas (ya están convocadas las audiencias) y continúa el alza de los combustibles. Cuanto más pobre se es más pesa esta situación porque lo que más aumenta son los artículos esenciales como los alimentos.
Como toda respuesta el gobierno anunció con bombos y platillos bonos para jubilados (que ganen menos de dos salarios mínimos) y un IFE superdevaluado (la nueva versión es de $ 18.000 en dos cuotas; la original cubría el 58% de la canasta básica de alimentos, esta solo el 26%).
Son migajas para mejor ocultar que el deterioro salarial y la caída de las jubilaciones son una política de Estado, para una mayor explotación (y obtener beneficios) de la fuerza de trabajo. El gobierno plantea que lo hace para mejor distribuir la riqueza, pero mientras invierten 240.000 millones de pesos en estos bonos, el BCRA pagará este año intereses que rondarán los 2.5 billones de pesos a la especulación de los bancos, o sea 10 veces que lo que insume el bono. Más que distribuir la riqueza, el gobierno la está concentrando.
Pacto con el FMI
La inflación es una consecuencia inevitable del pacto con el Fondo, que se nutre de la misma, aumentando la recaudación por impuestos (IVA), y que pegará un salto con la devaluación reclamada, desvalorizando aún más la fuerza de trabajo. Mientras la fuga de capitales continúa y la riqueza nacional se pierde sin que llegue la lluvia de inversiones.
El kirchnerismo, consciente del destino de fracaso del acuerdo aprobado por el Congreso, trata de aparecer como opositor al rumbo del gobierno, que integran en forma mayoritaria. Pero sus límites son insalvables: apoyan el pago de la deuda y sostienen la necesidad de un acuerdo con el FMI.
Los proyectos del pago de la deuda con un blanqueo de los capitales fugados o el anunciado (y no precisado) impuesto a la “renta inesperada”, además de difícil aprobación, son fuegos de artificio para ocultar que son impotentes frente al vaciamiento financiero del país.
Por un movimiento popular con banderas socialistas
Para impulsar este ataque a las condiciones de vida de millones, el gobierno y los capitalistas cuentan con la asistencia de la burocracia de los sindicatos que apoya abiertamente el acuerdo con el FMI. Han acordado un salario mínimo en la línea de indigencia, y negocian paritarias a la baja. Lo que corresponde es exigir un ingreso que como mínimo cubra los 100 mil pesos de la llamada canasta básica para no ser pobre. Y a partir de allí impulsar un salario igual a la canasta familiar como reclaman los autoconvocados de UTA en $180 mil.
En contraposición a la complicidad y parálisis de la burocracia se destaca el movimiento piquetero independiente que con muy significativas luchas golpeó al gobierno e irrumpió levantando reclamos populares muy sentidos en el medio de la crisis política. Este es el resultado de defender un programa basado en la independencia política de los trabajadores ante el Estado y las corrientes capitalistas luchando sin otro condicionamiento que el desarrollo de su organización. En esa misma línea se dan las huelgas obreras autoconvocadas o las luchas impulsadas por el sindicalismo combativo que escapa a las burocracias de la CGT y las CTAs.
Para el Partido Obrero este 1° de Mayo es la oportunidad de que a la crisis del gobierno en todas sus variantes opongamos una acción de la izquierda revolucionaria para plantarse como alternativa política.
A ocupar la Plaza de Mayo y la plazas centrales de todo el país para poner en pie movimiento popular bajo banderas socialistas. Es la gran tarea de la etapa.
