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Expediente 2016-D-2021
PROYECTO DE LEY
EXPROPIACIÓN SEDE DEL OPUS DEI Y PRESERVACIÓN DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN HOGAR DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la ley nº 238, el inmueble sito en Vicente Lopez 1950 entre Junín y Ayacucho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La edificación existente en el inmueble expropiado deberá resguardar los elementos que permiten su nuevo funcionamiento y su valor inmobiliario.
Artículo 3°.- El inmueble citado, deberá ser destinado al funcionamiento de un Hogar de protección integral (refugio) de mujeres víctimas de violencia de género y sus hijxs si los tuvieran, que funcione como un espacio de contención y permanencia real, dependiente de la Dirección General de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Corresponde al estado la concreción de la expropiación así como la determinación de la partida presupuestaria para su funcionamiento que debe incluir un equipo interdisciplinario de profesionales integrado por abogadxs, trabajadorxs sociales, psicólogxs y todo el personal de cualquier disciplina que se requiera para una correcta atención y contención.
Artículo 5°.- Incorpórase a la planta permanente de GCBA a todo el personal profesional y administrativo quienes cumplan funciones en el establecimiento a fin de cumplir con la aplicación de la presente ley.
FUNDAMENTACIÓN
El presente proyecto de ley tiene por objeto aportar a una lucha histórica por la separación de la Iglesia del Estado y busca recuperar un complejo ubicado en el barrio Recoleta para ser transformado en un espacio de atención y protección de mujeres víctimas de violencia de género.
El inmueble en cuestión fue donado por la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno dictatorial de Alejandro Agustín Lanusse a una asociación civil llamada “la Obra”, para que funcione allí lo que hoy es la Sede Central del Opus Dei en Argentina. Se trata de 2.043 metros cuadrados que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires entregó como “donación gratuita” a la Asociación para el Fomento de la Cultura, por Ordenanza Municipal en agosto de 1972 y que se escrituró el 18 de mayo de 1973, una semana antes de que el dictador Lanusse dejara el poder y asumiera Héctor J. Cámpora. Quien ocupaba la función de intendente, nombrado por el presidente, era Saturnino Montero Ruiz.
Ubicado en Vicente Lopez 1950, el terreno ocupa la mitad de la manzana y tiene dos cuerpos, uno de ocho pisos, en el que viven sacerdotes y miembros numerarios, y otro de seis, donde funciona la residencia de numerarias auxiliares, que son el “servicio doméstico” de la institución. Según los documentos oficiales del Registro de la Propiedad Inmueble y el Centro de Documentación de la Legislatura Porteña publicados recientemente por Diario AR la Asociación para el Fomento de la Cultura cuenta al menos veinte propiedades en la ciudad.
Según la información oficial se trató de una “donación con cargo”, es decir, que la transferencia gratuita del terreno se efectuó con la condición de que se utilice con un objetivo o acción determinada. El “cargo” consistía en realizar un “centro universitario” con fecha de construcción no mayor a tres años y finalización de la obra en una década. Allí funcionó desde 1982 el CUDES (Centro Universitario de Estudios) pero además de esta función el predio es actualmente sede de la Vicaría Regional de la organización católica para la Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, que reporta directamente al Prelado, que es a su vez la autoridad máxima de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei.
El Opus Dei es una organización católica ultra reaccionaria que nació clandestinamente y que se empoderó durante el franquismo en España. Su llegada en la década del 50 a la Argentina como a toda la región la llevó a tejer vínculos con los gobiernos de facto y democráticos. En los 60 bajo la dictadura de Onganía ya contaba con presencia en los poderes político y judicial. Según Diario AR “En 1961, se creó la principal asociación civil de “La Obra” en el país, la Asociación para el Fomento de la Cultura (AFC), que tiene más de 30 "iniciativas apostólicas" en todo el país: residencias, casas de retiros, centros culturales y clubes. A esta asociación pertenece el edificio de Recoleta que, según estimaciones de operadores inmobiliarios, valdría al menos 15 y hasta 20 millones de dólares”.
Si bien el terreno fue cedido por Lanusse como ya se dijo, parte de su construcción se financió con un subsidio que le otorgó la sangrienta dictadura dirigida por Jorge Rafael Videla a través de un decreto. En septiembre de 1980, el dictador Jorge Rafael Videla otorgó a la AFC un subsidio de 50 millones de pesos ley - unos 26.000 dólares de entonces - para colaborar con la construcción del edificio.
El decreto ley de Lanusse que habilitó a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la donación del predio a la AFC se publicó en el Boletín Oficial el 18 de agosto de 1972, e incluyó un mensaje de elevación del ministro del Interior Arturo Mor Roig que decía textualmente: “La institución beneficiaria cumple una vasta acción en el ejercicio de la docencia masiva, a cuyo logro se vuelca con un sentido netamente social y comunitario, llevando su acción a los grupos humanos más necesitados de ilustración mediante un proceso de orientación educacional humanista”.
Sin embargo, es necesario destacar que en predio donado funcionó la residencia de numerarias auxiliares, una de las categorías de pertenencia a la Obra, que debieron realizar compromisos de pobreza, castidad y obediencia. Al ingresar todas las menores de edad, les señalaron que sus tareas de servicio doméstico eran una ofrenda a Dios, es decir, su misión como cristianas en el mundo. La situación de estas mujeres en la institución se hizo conocida hace unos meses cuando 43 de ellas encabezaron una denuncia contra el Opus Dei. Se trata de mujeres pobres, que fueron reclutadas engañadas tanto ellas como sus familias, bajo la promesa de acceder a la educación cuando eran adolescentes pero que oficiaron de mano de obra gratuita como empleadas domésticas. Según su testimonio que fue publicado en La Nación su escolarización fue parcial o nula, y lo que les enseñaron fue a desempeñar tareas domésticas en distintas sedes del Opus Dei entre 1980 y el 2000. Esta denuncia de esclavitud laboral de niñas y mujeres pinta de cuerpo entero la educación que imparte esta institución religiosa colocando a las mujeres en el rol de servidoras domésticas y sujetos tutelados. A este objeto aportó el Estado de la Ciudad con su donación aún vigente.
Por otra parte, la injerencia de las iglesias en la educación se traduce como un obstáculo sistemático para la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, que no se aplica a quince años de su sanción y que contempla en su propio articulado la potestad de que cada institución imparta educación sexual según su ideario, obstaculizando el acceso a la educación sexual laica, científica y respetuosa de las diversidades sexuales y de género.
A casi 40 años de esta donación, el predio continúa en manos oscurantistas y ningún gobierno democrático dejó sin efecto el regalo de la dictadura de Lanusse a una organización religiosa que imparte prejuicios de todo tipo contra a las mujeres y las diversidades sexuales, la niñez y las infancias. Pero no solo eso, sino que esta donación encarna el vínculo más oscuro de la iglesia católica con las dictaduras cívico-militares en Argentina. Las desapariciones y crímenes de lesa humanidad se llevaron a cabo con la bendición de instituciones reaccionarias cobrándose 30 mil detenidos desaparecidos y niñez apropiados, mientras recibían donaciones de propiedades del Estado.
El Estado argentino tiene una deuda histórica con las mujeres y diversidades que viven día a día la violencia de género y sexual, aunque muchas veces es impartida por varones con los que se mantienen vínculos familiares o afectivos en todos los casos se observa una responsabilidad estatal que es anterior a los hechos de violencia que llevan adelante los sujetos. El estado argentino no aplica correctamente la ESI por los mismos motivos que llevaron a una feroz lucha por la aprobacion del aborto legal: la estrecha relacion de los gobiernos con las iglesias a las que se les garantizan la defensa de sus intereses. Según el observatorio Lucia Perez, hasta julio del 2021 sucedieron 180 femicidios y hay 150 niños huérfanos como resultado de esta situación. Un estado que defienda los intereses de las mujeres y diversidades, debe necesariamente romper sus lazos con las iglesias para desarrollar politicas de educacion sexual laica y científica, para aplicar el aborto legal sin reestricciones, para dar fin al abuso laboral como el vivido por las auxiliares primarias obligadas a trabajar gratis como servicio domestico en las ordenes religiosas y el abuso sexual impartido por autoridades eclesiásticas como ocurrió con Raul Sidders en La Plata y con Julio Cesar Grassi. A su vez, debe realizar cambios de fondo en el sistema judicial que terminen con la burocracia de los fueros a los que las mujeres tienen que acudir para denunciar, con la impunidad que reina para muchos de los agresores y garantizando al mismo tiempo que las fuerzas policiales no sean un factor de revictimizacion y violencia contra las mujeres.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto y el acompañamiento popular a la recuperación de este espacio para la lucha contra la violencia hacia las mujeres.