Repudio a la persecución del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza sobre Soledad Sosa, y los trabajadores judiciales

Expediente 1536-D-2021

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESUELVE

Repudiar la persecución, hostigamiento y violencia que ejercen las autoridades del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza sobre su empleada y ex diputada nacional, Soledad Sosa, y los trabajadores judiciales de la provincia.

Exigir a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza el fin de estas prácticas persecutorias y de hostigamiento dentro del Poder Judicial de la Provincia, y que tome las medidas necesarias para evitar que vuelvan a ocurrir.

FUNDAMENTOS

Sr. presidente:

El Poder Judicial de la provincia de Mendoza está llevando a cabo una política de persecución, hostigamiento y violencia sobre Soledad Sosa, empleada de la institución, ex diputada nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, y dirigente política, sindical y del movimiento de lucha de las mujeres de Mendoza. 

Una vez terminado su mandato como diputada nacional (2015-2017), Soledad Sosa se reincorpora a su lugar de trabajo en el Poder Judicial mendocino y comienza a sufrir traslados (tres veces) de su lugar de trabajo sin ningún tipo de justificativo. Posteriormente, también es víctima de maltrato y violencia de género por parte de funcionarios que responden a la Corte, lo cual está todo debidamente documentado.

Soledad desarrolla una importante acción sindical en la provincia, como dirigente de la agrupación naranja judicial y secretaria adjunta de la CTA Mendoza. Es en este rol que ha rechazado la política de ajuste, flexibilización laboral y ajuste salarial que sufren los trabajadores judiciales, siendo esto lo que ha motivado una persecución, hostigamiento y violencia sobre su persona. Como prueba a esto, es que uno de los traslados injustificados sucedió un día después de que Soledad organizara una asamblea de piso en el tribunal donde trabaja en ese momento.

En los últimos meses, particularmente luego de haber tenido a su hija y finalizada la licencia por maternidad, el hostigamiento, la violencia laboral y el maltrato han ido creciendo. En primera instancia intentaron desconocer su pedido de licencia por maternidad y horario de lactancia mientras pretendían que bajo la pandemia volviera a la presencialidad sin ninguna reglamentación y por fuera de la acordada de la Corte. 

Esta situación motivó una denuncia por parte de Soledad Sosa al administrador de su juzgado y al jefe de recursos humanos en la Sub secretaría de trabajo y en la Corte Suprema de Justicia. Pero la discrecionalidad e impunidad con la que actúa el Poder Judicial es digno de una banda de mafiosos amigos, ya que esta denuncia no ingresó (fue cajoneada) hasta que el administrador realizara una denuncia por malos tratos contra Soledad, semanas después y posterior a un pedido de pronto despacho presentado por ella.

El recrudecimiento de la pandemia y el reclamo de los trabajadores judiciales por medidas efectivas de protección sumó otro capítulo, pues las autoridades se dedicaron a presionar a los trabajadores para que tomaran tareas de forma presencial, en condiciones de casi hacinamiento, en oficinas y edificios que prácticamente no cubren las necesidades de ventilación básicas para la vida, más aún en periodos de bajas temperaturas. Las autoridades se dedicaron a esconder los contagios e incluso los casos positivos con la única motivación de no afectar los negocios de financieras que reclaman las ejecuciones de embargos.

Soledad fue solicitada para una entrevista por un canal televisivo de la provincia por la gravedad de las denuncias mediante sus redes sociales. El administrador, bajo la directiva de las autoridades del Poder Judicial provincial, mandó a la fuerza policial a retirar a los periodistas y a Soledad del edificio en una clara violación del derecho de expresión y la libertad de prensa. Y no contento con esta acción anti democrática solicitó la apertura de un nuevo sumario contra Soledad por expresar, en medios periodísticos, su descontento con el desprecio a la vida de los trabajadores judiciales por parte de la Corte.

El estado público que tomó en la provincia de Mendoza esta situación y las denuncias de violencia laboral y abuso de poder por parte de Soledad ha destapado una situación estructural de trato misógino contra las trabajadoras judiciales, de violencia psicológica y laboral permanente para garantizar una mayor “productividad”, extensiones horarias violando toda legislación laboral vigente. Es en este marco que crecen las denuncias, reuniones y asambleas de los trabajadores judiciales para ponerle un freno a esta situación.

Ante la gravedad de los hechos, se hace necesario reclamar el fin de la persecución y violencia contra Soledad y todos los trabajadores judiciales ya que es un derecho democrático elemental. 

Por todos estos motivos, solicitamos a los y las diputados que acompañen el presente Proyecto de Declaración.