Régimen de Jubilación Universal. Proyecto de ley.

  • Movimiento Obrero
Presentado por:   
  • Congreso Nacional
Desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad presentamos este proyecto de ley de jubilación universal para que todos los adultos mayores puedan acceder a una jubilación digna.

EXPTE N°3715-D-2022

RÉGIMEN DE JUBILACIÓN UNIVERSAL
Capítulo I Objeto
ARTÍCULO 1°. – Incorpórese a todos los hombres de 65 años o más y a todas las
mujeres de 60 años o más al sistema integrado previsional argentino (SIPA) en
calidad de jubilados con derecho a pensión independientemente de los aportes
realizados a lo largo de su vida laboral.
ARTÍCULO 2°.- Se fija el haber mínimo en un valor equivalente a la canasta
básica para los adultos mayores, estimada por la Defensoría de la Tercera Edad
de la Ciudad de Buenos Aires, el que se actualizará mensualmente, según la
variación operada de acuerdo a los índices de salarios que publica el Indec, o el
RIPTE (Ministerio de Trabajo), el más favorable para los jubilados.
ARTÍCULO 3°.- Las personas que se encuentren percibiendo la Pensión Universal
para el Adulto Mayor (PUAM) al momento de promulgarse la presente ley serán
integradas al régimen general que se desprende de los artículos 1° y 2°.
Capítulo II Financiación
ARTÍCULO 4°.- Restitución de aportes. Los aportes patronales a la jubilación
ascenderán al 23% del salario neto, rectificando la modificación de la ley 24.241 y
retomando el valor necesario en el artículo 14 de dicha norma.
ARTÍCULO 5°. - Registración laboral. Todo trabajador o trabajadora cuya
relación laboral, sea esta del ámbito público o privado, no estuviere registrada o lo
estuviere deficientemente, está habilitado para denunciar esta situación al
Ministerio de Trabajo mediante una simple nota escrita, telegrama obrero (ley
23.789) o carta documento y a intimar fehacientemente a su empleador para que
en forma inmediata regularice dicha relación inscribiéndola como un contrato de
trabajo en relación de dependencia.
Se entiende por relación laboral deficientemente registrada aquella en la que el
empleador declare una fecha de ingreso posterior a la real, una remuneración
menor a la percibida por el trabajador, una jornada de trabajo inferior a la real y
toda aquella relación encubierta con contratos denominados como locación de
servicios, de obra, de representación, de pasantía o con cualquier otra
denominación que fraudulentamente pretenda ocultar una relación laboral
dependiente.
ARTÍCULO 6º. Estabilidad laboral. El trabajador que hubiere realizado la
denuncia y/o intimación previstas en el Art. 5º de esta ley gozará desde el
momento de la realización de las mismas, de estabilidad en su puesto de trabajo
durante un período de 48 (cuarenta y ocho) meses. En el mismo período no
podrán modificarse sus condiciones de trabajo.
ARTÍCULO 7°. Multas y penalidades. La regularización de la relación laboral a
partir de la denuncia y/o intimación previstas en el Art. 5º de esta ley, no releva al
empleador infractor de las deudas contraídas con los trabajadores y con el sistema
de la seguridad social. La reglamentación de la ley deberá establecer las multas y
penalidades a los empleadores que hayan incumplido con la correcta registración
laboral de los empleados. La recaudación de dichas penalidades se destinará
completamente al financiamiento del SIPA.
ARTÍCULO 8°. Aplicar un “Impuesto a las Ganancias Bancarias” aplicable a los
beneficios de las entidades financieras y bancarias del sector privado. Este
impuesto surgirá de aplicar una tasa del 20 % del resultado neto del ejercicio
cerrado por dichas entidades en los últimos 12 meses, hasta el 31 de marzo de
2021 inclusive.
ARTÍCULO 9°.- Establécese un “Impuesto a las Altas Rentas” aplicable a los
beneficios empresariales y rentas de capital que superasen los $65.000.000
(PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES)
Serán sujetos del impuesto todas aquellas personas humanas, jurídicas,
fideicomisos, fondos comunes de inversión, sociedades y empresas privadas o
mixtas que operan en el territorio nacional, sean de origen nacional o extranjero,
independientemente de su actividad económica, incluyendo las empresas
privatizadas de servicios públicos, de extracción y distribución de minerales
metalíferos o petroleros, las empresas agropecuarias, industriales, de la
construcción y de servicios.
ARTÍCULO 10°.- Se derogan todas las disposiciones en las normas legales en
vigencia que contradigan el contenido de la presente ley.
ARTÍCULO 11°.- La presente ley comenzará a regir, a partir del día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 12°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Fundamentos
Sr. Presidente:
La situación de los adultos mayores en nuestro país es cada vez más dramática.
El estado es responsable del padecimiento de millones de trabajadores y
trabajadoras inactivos, ya sea por acción u omisión.
Las razones del deterioro de las condiciones de vida de este sector son variadas,
pero es indudable que el enorme crecimiento del trabajo informal, precario o
tercerizado influye de manera significativa, ya que desfinancia al sistema
previsional a partir de la evasión fiscal de miles de empleadores. El monotributo es
la forma que ha adoptado el fraude laboral para millones de trabajadores que
trabajan en relación de dependencia, pero sus empleadores no aportan como
tales. La volatilidad en los índices de empleo, deriva en que frente a cada crisis
económica se expulsa de sus puestos de trabajo a centenares de miles de
trabajadores, que obviamente no estarán en condiciones de aportar a la seguridad
social hasta volver a conseguir empleo.
Es evidente que un mercado laboral atravesado por estos fenómenos redunda en
jubilaciones de miseria y la necesidad de moratorias que hacen las veces de
parches para adultos mayores que llegan a la edad de jubilarse sin los aportes
necesarios para retirarse.
Estamos en presencia de un combo explosivo: 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada
10 hombres en edad de jubilarse cubren los requisitos necesarios de acuerdo a la
normativa vigente hasta ahora. Las diversas moratorias que se han sancionado en
los últimos años representan más del 65% del total de las jubilaciones liquidadas
en la actualidad.
Someter a trabajadores en edad jubilatoria a que se paguen sus propios aportes
es hacerlos cargo de la deficiente registración que han tenido a lo largo de su vida
laboral. Implica indirectamente volcar sobre las espaldas de la clase obrera la
compensación de aquello que han evadido los capitalistas a partir del trabajo no
registrado, algo inadmisible. Es que la jubilación es entendida como un salario
diferido ya que durante toda nuestra vida laboral nos han descontado un
porcentaje de nuestro salario bruto para cuando ya estemos inactivos y en el caso
de los trabajadores no registrados ese descuento estuvo encubierto detrás de los
menores salarios percibidos.
Por eso este proyecto de ley le reconoce a todos y todas quienes hayan cumplido
la edad de jubilarse (60 años para las mujeres y 65 para los hombres, en medio de
ataques patronales que quieren extender la vida laboral como un ahorro al estado
a costa de la vida del trabajador) la garantía de poder hacerlo y de percibir desde
el primer día una jubilación mínima que le permita afrontar su costo de vida.
La actualidad de quienes hoy se encuentran jubilados o en edad de jubilarse es
muy distinta. La jubilación mínima es cerca de un tercio del valor de la canasta de
la tercera edad y la Prestación Universal para el Adulto Mayor es el ochenta por
ciento de una jubilación mínima que, para peor, no contempla el derecho a
pensión. Por eso el artículo 3 de este proyecto contempla la incorporación de
todas las personas que perciben la PUAM a ser jubilados plenos.
El proyecto no es una mera declaración de deseos. Al contrario, incorpora todo un
capítulo dedicado a su financiamiento, demostrando la viabilidad del mismo en
caso que se priorice el bienestar de los adultos mayores. En este sentido es que
se restituyen los aportes patronales que fueron reducidos por el ex ministro
Domingo Cavallo y que ninguno de los gobiernos que lo sucedieron estuvieron
dispuestos a restituir, al mismo tiempo que se incorpora un impuesto
extraordinario a los bancos y las grandes sociedades que hayan obtenido
beneficios superiores a un monto que solo las grandes empresas superan en
nuestro país.
La sostenibilidad de la medida está asociada a un plan de blanqueo laboral para
todos los trabajadores que hoy se encuentran bajo un régimen de fraude laboral o
sometidos a la precarización en cualquiera de sus formas. La pelea contra la
precarización y contra el trabajo no registrado es el puntapié inicial para fortalecer
los recursos del ANSES que no le pertenecen a los gobiernos de turno, sino a las
y los trabajadores que son quienes terminan financiando al Estado y no al revés.
Por todo lo expuesto, solicito a las y los diputados acompañen este proyecto de
ley.

Romina Del Plá