Restitución de un predio de 15 hectáreas ubicado en La Matanza que el Estado le cedió a la Iglesia. Proyecto de ley.

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Presentado por:   
  • Congreso Nacional
Desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de trabajadores- Unidad, Romina Del Plá presentó un proyecto de restitución de un predio de 15 hectáreas ubicado en La Matanza que el Estado le cedió a la Iglesia para la construcción efectiva de viviendas populares y esta le vendió a Coto.

Expediente 3170-D-2022

 

ARTICULO 1º.- Anúlese la Ley 25.060 y revóquese la transferencia, a título
gratuito, efectuada por parte del Estado nacional a favor del Obispado de San
Justo, delimitadas por la Autopista Teniente General Pablo Ricchieri, la Avenida
General San Martín y las calles España y Olavarría, localidad de Villa Celina,
Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, identificadas como parcela
2 de la circunscripción III, sección G, fracción III, con una superficie de 5 ha, 70
a, 94 ca y la parcela 1ª de la circunscripción III, sección G, fracción IV, con una
superficie de 9 ha, 4 a, 15 ca, inscritas al folio 3371/ 78 del partido de La
Matanza por el incumplimiento de las condiciones y cargas que le fueran
impuestas al donatario en el Art. 2º de la Ley 25.060.
ARTICULO 2º.- Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo
competente, a celebrar los actos administrativos y/o judiciales tendientes a que
la revocación se haga efectiva en el término de 30 (treinta días).
ARTICULO 3°. – Múltese con la suma de U$S 1.600.000 al Obispado de San
Justo, monto por el cual éste vendió el predio al empresario Alfredo Coto, que
deberá pagar dentro de los 30 (treinta) días.
ARTÍCULO 4°. – Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del
organismo competente, destine el monto de la multa a la construcción de
viviendas populares para la población en el predio que se revoca a partir de
esta Ley.
ARTICULO 5º. - Comuníquese al Poder Ejecutivo

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores
Unidad volvemos a presentar este proyecto toda vez que los bloques políticos
mayoritarios en esta Cámara no le han dado tratamiento. Insistimos en su
importancia porque no ha perdido vigencia dos cuestiones centrales que se
entrelazan en el presente proyecto: la imperiosa obligación de avanzar en la
separación de las Iglesias del Estado y la necesidad de la población de acceder
al derecho a una vivienda digna.
En noviembre de 1998, bajo el gobierno de Carlos Menem, el Congreso
Nacional votó una ley por la cual cedió al Obispado de San Justo un predio de
quince hectáreas, ubicadas en la localidad de Villa Celina, partido de La
Matanza. La misma ley que dictó la transferencia gratuita de esos terrenos,
establecía que los mismos debían ser destinados a la construcción de “un
complejo de viviendas para la población de limitados y medianos recursos” (Art.
2 de la ley 25.060). En dicho predio jamás se construyeron viviendas, y el
Obispado a cargo -Monseñor Jorge Arturo Meinvielle hoy fallecido -vendió esas
tierras al empresario Alfredo COTO por un millón seiscientos mil dólares U$S
1.600.000.
La donación del Estado en favor de la Iglesia Católica fue aprobada el día 07
de enero del año 1999, y el Obispado escrituró el bien a su nombre el día 10 de
febrero del mismo año. Siete días después de la escrituración del bien a
nombre del Obispado, el 17 de febrero, el mismísimo monseñor Jorge Arturo
Meinvielle y Alfredo Coto, firmaron un boleto de compra-venta por el inmueble
en la suma de dólares quinientos mil (U$S 500.000) sobre un total a pagar al
momento del cierre de la operación de un millón seiscientos mil dólares (U$S
1.600.000). Nueve meses más tarde, el 2 de noviembre de 1999, el Obispo
Menvielle vendió definitivamente el predio a la empresa GEPAL S.A., firma que
pertenece Alfredo COTO.
Este proyecto busca denunciar este negociado y restituir las tierras para que
efectivamente se destinen a la construcción de viviendas populares en el
Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires y establecer una multa al
Obispado para evitar perpetuar la impunidad propia de los sectores del poder,
como es el mismísimo Vaticano.
La sesión de tierras públicas y bienes a la Iglesia Católica es un mecanismo
habitual de financiamiento millonario al clero a través de las legislaturas de todo
el país. Es una de las múltiples vías de financiamiento estatal a una institución
cuyo aporte a la nación es el adoctrinamiento religioso que educa a las masas
en la resignación y el oscurantismo. Junto con ello, la iglesia goza de
exenciones impositivas por sumas millonarias (no tributan IVA ni Ingresos
Brutos), subsidios a las diversas entidades educativas o de servicios que
operan bajo su patrocinio –como sucede en el ámbito educativo y de la salud-,
financiamiento estatal de obras y refacciones de propiedades que le
pertenecen, además del pago de los sueldos de obispos, auxiliares y curas de
fronteras que se estableció por decreto durante la última dictadura cívico,
eclesiástica y militar, y que todos los gobiernos de la democracia han
mantenido en pie.
Asimismo, la tercerización y los subsidios hacia áreas de asistencia estatal a
través de organismos o instituciones ligadas a la Iglesia Católica, es una
práctica recurrente. La delegación de la asistencia a la niñez en la Iglesia u
ONGs clericales adquiere una gravedad particular, ya que se trata de una
institución cuyos niveles de corrupción y descomposición alcanzan denuncias
en todo el mundo por abusos, violaciones y vejaciones a miles de niños y
niñas, y que han contado a lo largo de la historia con el encubrimiento y la
protección papal.
Queda evidenciado que el entrelazamiento de la Iglesia y el Estado se juega no
sólo el problema económico –que involucra sumas extremadamente onerosas sino también de orden político y social. La Iglesia es una gran corporación y su
prédica es en defensa del régimen capitalista –muy valiosa para la clase
dominante sobre todo en épocas de crisis y fuerte ofensiva contra las mayorías
populares y trabajadoras.
En momentos en que en Argentina está planteado, luego de enormes
manifestaciones populares por el derecho al aborto, continuar la lucha por la
separación de las iglesias y el Estado y por terminar con la injerencia de las
iglesias en la educación y la salud, es preciso reforzar el debate respecto de los
alcances y todas las dimensiones que están en juego detrás de este problema.
Por eso, es necesario avanzar en medidas para terminar con esta injerencia
clerical en los distintos niveles del Estado, denunciando su función social,
cultural, educativa, su accionar político y terminando con el sostén del Estado a
la misma. En todo el país, la Iglesia Católica y el resto de las religiones tienen
enormes beneficios económicos mientras se oponen a la enseñanza de la
educación sexual integral, promueven campañas contra el uso de preservativos
como prevención para el HIV, contra el matrimonio entre personas del mismo
sexo y contra toda forma de diversidad sexual.
El sostenimiento económico de las religiones, y en particular de la católica,
entraña un privilegio y una imposición sobre el conjunto de la población. Una
cuestión de orden privado (la creencia religiosa) adquiere el carácter de orden
público colocándose por encima del conjunto de la sociedad con sus propias
leyes, valores y métodos que adquieren así una predominancia fundamental
para imponerse.
La eliminación de la transferencia a título gratuito efectuada por parte del
Estado nacional a favor del Obispado de San Justo que aquí se propone, la
multa que corresponde al Obispado de San Justo por el monto igual al que
vendió el predio al empresario Alfredo Coto y que estaba destinado la
construcción de viviendas populares para la población, es un paso hacia la
separación de la Iglesia del Estado y se basa en un sentido democrático
elemental como la libertad de las mujeres y diversidades para decidir qué hacer
con su cuerpo y vivir en libertad su sexualidad, cuestiones que resultan
incompatibles con el dominio religioso impuesto a creyentes y no creyentes por
la acción de fuerza del Estado.
Por otro lado, el enorme drama que implica para miles de familias una situación
habitacional cada vez más deteriorada, donde según el INDEC (2020) 7,2
millones de personas habitan en viviendas de calidad total o parcialmente
insuficiente. 1,4 millones viven en condiciones de hacinamiento, 2,3 millones
viven cerca de basurales, 3,6 millones en zonas inundables y 3,5 millones no
cuentan con agua potable, resulta imprescindible la construcción de viviendas
populares bajo control de los vecinos. Por tanto, la reversión del negociado
que realizó el Obispado de San Justo con tierras que debían ser destinadas a
la construcción de viviendas populares debe ser inmediata.
Por todo ello es que solicitamos a las y los diputados la aprobación de este
proyecto de Ley.

Romina Del Plá