Pedido de acción por el cumplimiento de la normativa N° 4376: «Política pública para el reconocimiento  y ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas LGBTI»

  • Mujer y diversidades
Presentado por:   
  • Legislatura CABA

Expediente 1854-D-2022

PROYECTO DE LEY

Pedido de acción por el cumplimiento de la normativa N° 4376

"Política pública para el reconocimiento  y ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas LGBTI"

Artículo 1°.-  La legislatura CABA insta al Poder Ejecutivo al cumplimiento de la Ley 4376.

Artículo 2°.- Destinar partida presupuestaria  para implementación del Artículo 5° de la Ley 4376.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Nuevamente desde la banca del Partido Obrero- Frente de Izquierda presentamos este proyecto de cumplimiento de la ley 4376 

Año tras año, la calidad de vida de la población TTNB en una ciudad completamente hostil a los derechos laborales y democráticos de un sector de la población largamente golpeado, por parte de esta legislatura  y el Ejecutivo que presenta el ‘’Orgullo BA’’ como  una excusa para hacer negocios. Se perpetúa de este modo la violencia contra las personas trans, travestis, transexuales y transgéneros.

Las décadas de lucha y organización del movimiento LGTBI han dado lugar a importantes conquistas, de hecho se arrancó al gobierno nacional un decreto que establece un Cupo laboral pero no se garantiza su cumplimiento. Resulta grave porque la situación social de las personas trans, travestis, transexuales y transgéneros se ha agravado en los últimos años y profundizado con la agudización de la crisis y la pandemia del COVID-19, a la luz de un cuadro de ajuste y ofensiva capitalista sobre las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores. Nos encontramos frente a un verdadero genocidio silenciado hacia las personas travesti- trans, se han incrementado los crímenes de odio y la marginalidad a la que se condena a un colectivo que tiene una expectativa de vida de tan sólo 35 años.

Este genocidio se lleva adelante por varios factores condicionados por las relaciones sociales de clase y de poder. Por un lado, la temprana expulsión del hogar, en esto, es notable la injerencia de la Iglesia (la Católica y las evangélicas) cuyo peso disciplinador sobre las consciencias de los miembros de una familia trabajadora colocan a niños y adolescentes travesti-trans afuera del hogar al desafiar los roles obligatorios según la genitalidad impuestos por el régimen social y el Estado. Este aspecto, que de ninguna manera es un problema privado de las familias, se agrava cuando corroboramos que actualmente no existen refugios por parte del Estado que contemplen esta situación particular de expulsión.

Por otro lado, la expulsión del sistema educativo y la no implementación de la Ley de Identidad de Género, junto a la falta de implementación de una educación sexual laica y científica, convierten a las instituciones educativas en un lugar hostil para estas identidades. La ausencia de una educación sexual laica, científica y que contemple a la diversidad sexual y de género, sin intromisión de creencias religiosas, colabora a formar la estigmatización simbólica de la que son objeto las personas travesti-trans, rechazando su identidad autopercibida. La degradación en la educación al respecto de estos aspectos conforma sujetos con derechos vulnerados desde la niñez, condenándolos a una vida material precaria, repleta de riesgos cotidianos y violencia de todo tipo, comenzando por la que emana del propio Estado y sus instituciones.

Por todo lo expuesto, las personas travesti-trans encuentran en la mayoría de los casos como única salida laboral la prostitución. A la violencia cotidiana propia de esta situación, se suma la persecución por parte de las fuerzas de seguridad. En el marco de la cuarentena por la pandemia del covid 19, una enorme mayoría ha quedado privada de todo tipo de recursos económicos, y aun hoy no cuenta con asistencia de ningún tipo.

El ejercicio de la prostitución les expone asimismo a toda clase de violencias por parte de los clientes y proxenetas, además de las enfermedades venéreas que constituye una de las formas de violencia más crudas, poniendo en riesgo seriamente su salud. El acceso a gabinetes interdisciplinarios y espacios dentro de los hospitales públicos para personas travesti-trans son excepcionales, lo que restringe gravemente su acceso a la salud. En un cuadro de vaciamiento y privatización creciente del sistema de salud público -que se pone en el centro de la escena como problema nacional en el marco del combate contra la pandemia- tampoco se está financiando e implementando la Ley de Identidad de Género, generando un recorte en los tratamientos hormonales que no permite que las personas puedan adecuar sus cuerpos a sus identidades y comenzar o continuar sus tratamientos con lo riesgoso que eso es para sus vidas.

A la marginalidad a la que este sistema arroja a las personas trans, travestis y transgéneros, se le suma la persecución por parte de las fuerzas represivas impulsada desde los propios gobiernos. Aunque se ha derogado formalmente el Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T que instaló desde finales del año 2017 la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la situación de persecución y criminalización para la población LGBT no ha cesado. Son innumerables los casos en que las personas trans y travestis son detenidas, golpeadas y torturadas en las comisarías con total impunidad.

Aparte de sufrir la marginación y persecución por parte del Estado se suma la tragedia de los travesticidios y transfemicidios, los cuales en su inmensa mayoría se caracterizan por la  impunidad.

El fallo por el travesticidio de Diana Sacayan, donde el movimiento conquistó que la justicia le diera la figura de “travesticidio” al asesinato, fue arrancado gracias a una intensa lucha y la organización y movilización del movimiento LGTB+ junto a su familia, y sienta un precedente sobre la base de lo que fue un brutal ataque a una destacada militante del movimiento LGTB+ y de mujeres de nuestro país, que no podía quedar impune.

La ley de Identidad de Género que arrancó el movimiento LGTB+ se encuentra completamente desfinanciada, y se sigue bloqueando y negando el derecho a una salud integral a las personas travesti, trans y transgéneros, que deben soportar listas de espera interminables para poder acceder a los hospitales y son sistemáticamente expulsadas al mercado de las cirugías clandestinas, poniendo en riesgo severamente sus vidas.

Las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno de la ciudad, nacional y que el FMI exige refuerzan las condiciones de opresión de las que son víctimas las personas travesti-trans e incrementan el riesgo al que están expuestas: la precariedad en las condiciones de vida aumenta este genocidio. Entre las personas travesti-trans, la desocupación se acerca al 100%.

Esta realidad es la consecuencia del no reconocimiento de su identidad autopercibida, desde el propio Estado, que en conjunción con la Iglesia impugna su existencia por no ajustarse a la cisnorma impuesta por el régimen social capitalista, en donde no está permitido, sobre todo en la clase trabajadora, renunciar a los roles impuestos por la genitalidad y la funcionalidad reproductiva de cada persona.

La opresión de género se conjuga con la realidad de clase exacerbando la desigualdad en el acceso a los recursos materiales y simbólicos más elementales. La situación de la población travesti-trans es quizás el mejor ejemplo. La expulsión temprana del hogar, el acceso precario al sistema sanitario y educativo y la exclusión del mercado laboral convierten a este sector en uno de más vulnerados. La presente iniciativa busca revertir la desidia y el abandono por parte del Estado para con este sector.

A pesar de sus serias limitaciones, que el Congreso de la Nación haya sancionado hace  un año el cupo laboral es, sin dudas, el triunfo de una larga lucha que desarrollan las diversidades sexuales y de género, y el movimiento de mujeres.

En nuestra ciudad, sin embargo, es aún una materia pendiente.  En el año 2021 asi como durante el corriente, desde la banca de Amanda Martín presentamos un pedido de informe para que el Ejecutivo de cuenta  de los avances en materia del cumplimiento  de la ley 4376 sin embargo no fue respondido. Creemos que este proyecto  es un paso en el intento de revertir la situación de emergencia en la que se encuentra este sector, y el cumplimiento de una normativa vigente resulta imperante   para reforzar su lucha contra un Estado opresor y violento, que les descarta y les desprecia, en el camino a una transformación social profunda contra toda forma de explotación y opresión social. Luchamos por trabajo genuino en iguales condiciones para las personas travestis y trans.

No nos cabe duda que la efectiva implementación del Cupo Laboral Trans previsto a nivel nacional, como así también la aprobación e implementación del cupo en la ciudad, será conquistada por el camino de la lucha, que ya es tradición en este movimiento. Es reforzando esta perspectiva que presentamos esta iniciativa parlamentaria, y llamamos a participar de las acciones de lucha que se desarrolla en todo el país, por la aparición con vida de Tehuel, una víctima más del desamparo estatal.

Por estos motivos, solicito la aprobación de este proyecto.