Bono de emergencia

  • Movimiento Obrero
Presentado por:   
  • Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE

Artículo 1.- DISPONER un bono de emergencia de $20.000 (veinte mil pesos) para becarios, servidores urbanos, promotores, monotributistas, contratados y pasantes que desempeñen tareas en cualquier ámbito de la municipalidad de Córdoba, como así también para trabajadores de cooperativas que desempeñen tareas para los Centros Verdes, Centros de Acopio y Transferencia, y todo trabajador que cumpla funciones en la municipalidad de Córdoba bajo cualquier modalidad de contratación precaria.

Artículo 2.- FIJAR un ingreso mínimo igual a $100.000 (cien mil pesos) como piso del monto percibido por becarios, servidores urbanos, promotores, monotributistas, contratados y pasantes que desempeñen tareas en cualquier ámbito de la municipalidad de Córdoba, como así también para trabajadores de cooperativas que desempeñen tareas para los Centros Verdes, Centros de Acopio y Transferencia, y todo trabajador que cumpla funciones en la municipalidad de Córdoba bajo cualquier modalidad de contratación precaria.

Artículo 3.- DISPONER todas las medidas necesarias para incorporar como beneficiarios de la tarjeta ACTIVA y el Boleto Obrero Social (BOS) a todo trabajador que cumpla funciones en la municipalidad de Córdoba bajo cualquier modalidad de contratación precaria.

Artículo 4.- ESTABLECER las medidas necesarias tendientes a hacer efectivo el pase a planta permanente de todo trabajador que desempeñe tareas en dispensario, hospitales, direcciones médicas, escuelas, áreas operativas, Centros Verdes, de Transferencia y Acopio, CPC’s, y toda dependencia municipal, independientemente de la modalidad de contratación que revista.

Artículo 5.- IMPULSAR el desarrollo de un plan de viviendas populares bajo la órbita estatal, mediante contratación directa, para la creación de 50.000 (cincuenta mil) puestos de trabajo.

Artículo 6.- de forma.

 

 

 

FUNDAMENTOS

El descalabro económico por el que atraviesa el país profundiza la creciente crisis social que azota a la ciudad de Córdoba. Esta situación ha disparado la desocupación y la precarización laboral. El Gran Córdoba es el conglomerado urbano que concentra la mayor desocupación del país, superando el 10% de la población. La subocupación afecta al 17% de los vecinos de la ciudad. Y del total de trabajadores ocupados el 30% busca trabajo, es decir que no llega a fin de mes con el ingreso que tiene.
La falta de trabajo ha impactado de manera directa en el crecimiento exponencial de los comedores populares. En la ciudad funcionan al menos 1.300 comedores sostenidos por las organizaciones sociales, donde asisten no sólo personas en situación de calle o indigentes, sino también trabajadores informales que alcanzan la canasta alimentaria para sus familias.
Los comedores populares aparecen así como la principal red de asistencia alimentaria a las familias trabajadoras, en tanto los diferentes programas municipales son absolutamente insuficientes. Vale recordar que la tarjeta ACTIVA alcanza apenas a 20.000 beneficiarios en la ciudad, mientras que el programa “Más Leche Más Proteínas” prevé de módulos de alimentos secos a 255 personas mensualmente para toda la provincia.
Junto con la desocupación y el hambre, se dispararon los índices de trabajo informal. La denominada “economía popular” termina siendo una vía de superexplotación de miles de trabajadores que desempeñan sus tareas por ingreso de indigencia.
La gestión municipal de Martín Llaryora festeja el crecimiento económico de la ciudad, que sin embargo se produce sobre la base del empobrecimiento y la precarización de grandes capas de la población trabajadora.
Según los datos que se desprenden del informe de ejecución presupuestaria presentado por la gestión de Martín Llaryora, en 2021 los ingresos del municipio superaron en un 14% superior a la inflación, mientras que el gasto en masa salarial bajó del 60% al 30% del presupuesto. Esto se debe en gran medida al enorme avance en la precarización de la planta municipal que alcanza al menos al 30% de los trabajadores que desempeñan tareas directas para el municipio.
En dos años de gestión, el intendente Martín Llaryora avanzó como nadie en la precarización laboral. En este universo se contabilizan a más de dos mil servidores urbanos que desempeñan tareas de mantenimiento y desmalezado en los espacios públicos, tareas operativas en los CPCs, incluso trabajando en el desarrollo de la obra pública en diferentes programas como el de la extensión de red de agua potable (Más Agua, Más Salud), todo ello a cambio de una beca de $18.000. En la misma línea se encuentran 300 trabajadores de 9 cooperativas que trabajan en los Centros Verdes, Centros de Acopio y Centros de Transferencia municipales por una remuneración de $20.000.
A esto se debe sumar centenares de becarios y promotores con ingresos similares. Así las cosas, al menos 2.500 trabajadores que desempeñan tareas directas para la municipalidad perciben un ingreso promedio inferior a la Canasta Básica Alimentaria, hoy ubicada en los $46.000.
En otro escalón encontramos a un universo de trabajadores contratados y monotributistas que cumplen funciones en escuelas municipales, dispensarios y centros de salud, hospitales municipales, CPCs y diferentes áreas operativas, por una remuneración inferior a la Canasta Básica Total, que supera los $100.000.
El avance de la precarización laboral en el municipio se combina con una reducción significativa de la planta permanente municipal, vía los retiros anticipados que alcanzaron a más de 700 trabajadores, y un ataque sistemático al ingreso municipal. El ajuste salarial impuesto mediante el recorte de la séptima hora, y la eliminación de bonificaciones impactó en un 14% en el salario básico municipal.
El ataque en regla a los trabajadores se inscribe de lleno en las exigencias impuestas por el pacto con el FMI, que ha encontrado un nuevo capítulo con los anuncios de congelamiento de la planta estatal. De este modo, el gobierno de Llaryora hace la punta en materia de reforma laboral y ajuste fiscal, vía precarización laboral, con consecuencias preocupantes no sólo para los trabajadores afectados sino para la prestación de servicios esenciales al conjunto de los vecinos.
Atendiendo a la crítica situación descripta, ponemos a disposición de este cuerpo el presente proyecto de resolución para garantizar un bono de $20.000 para becarios, servidores urbanos, promotores, monotributistas, contratados y pasantes que desempeñen tareas en cualquier ámbito dependiente de la municipalidad de Córdoba, como así también para trabajadores de cooperativas que desempeñen tareas para los Centros Verdes, Centros de Acopio y Transferencia, y todo trabajador que cumpla tareas en la municipalidad de Córdoba bajo cualquier modalidad de contratación precaria. Y un aumento de emergencia que lleve los ingresos de esos trabajadores arriba de la línea de pobreza.
Asimismo, proponemos dar curso a los proyectos por el pase a planta permanente presentados por esta misma bancada, para terminar con el fraude laboral que supone el trabajo bajo modalidad de becarios, pasantes, promotores, trabajadores tercerizado mediante cooperativas, o bajo cualquier otra modalidad de contratación precaria.
Y finalmente impulsar el desarrollo de la obra pública, vinculado a la construcción de viviendas populares por contratación directa del municipio, para crear 50.000 puestos de trabajo en la municipalidad.
Por lo antes expuesto, atendiendo a la gravedad de la situación económica y social, invito a los Sres. Concejales a acompañar este proyecto con su voto.