Proyecto de Participación en las Ganancias a las y los trabajadores telefónicos

  • Movimiento Obrero
Presentado por:   
  • Congreso Nacional
Como iniciativa de la banca del Partido Obrero, el bloque de los diputados y diputadas nacionales del Frente de Izquierda y de los trabajadores-Unidad presentamos un conjunto de proyectos de ley junto a los ex trabajadores de EnCoTel (Empresa Nacional De Correos y Telégrafos) Segba, YPF y telefónicos. Se busca, apoyados en la movilización y organización, reparar una injusticia histórica para miles de trabajadores que, con la privatización de la década del 90, fueron cesanteados y nunca recibieron la parte que les correspondía. Aquí se presenta el proyecto de ex trabajadores telefónicos.

2914-D-2022

REGLAMENTACION DE LA PARTICIPACION EN LAS GANANCIAS A LAS Y
LOS TRABAJADORES TELEFÓNICOS. DEROGACION DEL INCISO 4TO DEL
DECRETO 395/92. EXPTE N° 6545-D-2020
ARTÍCULO 1°— Derogación del inciso cuarto del Decreto del Poder Ejecutivo de la
Nación número 395 de fecha 3 de marzo de 1992.
ARTÍCULO 2°— Cómo consecuencia de lo previsto en el artículo 1° precedente, las
empresas Telefónica Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A. mencionadas en el
Decreto 395, sus continuadoras legales, controlantes y/o propiedades, derivadas de
la privatización de ENTel, están obligadas a cumplir con lo normado en el artículo 29
de la Ley 23.696. Los montos adeudados a pagar serán actualizados a la tasa activa
para operaciones de descuento del Banco de la Nación Argentina hasta la fecha del
efectivo pago.
ARTÍCULO 3°— Todas las empresas prestadoras del servicio de
telecomunicaciones, que hubieran sido autorizadas a la prestación de dicho servicio
con posterioridad a la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
(ENTel) tienen la obligación de emitir los bonos de participación en las ganancias a
los trabajadores por la sola existencia de la relación laboral con la empresa.
ARTÍCULO 4°— Para el ejercicio de los derechos emergentes de la presente ley
deberá considerarse el plazo de prescripción que empezará a computarse desde la
fecha de promulgación de la presente ley.
ARTÍCULO 5°— Desde la promulgación de la presente Ley, las empresas
mencionadas deberán proceder anualmente al cierre de sus ejercicios contables a la
emisión de los bonos (Títulos) de participación en las ganancias sobre el 10% de las
utilidades netas antes de la aplicación del impuesto a las ganancias.
ARTÍCULO 6°— El padrón de beneficiarios para la emisión de los Bonos de
participación en las ganancias alcanza a todos los trabajadores de las empresas
prestadoras del servicio de telecomunicaciones, incluyendo al personal “fuera de
convenio”, contratado y/o tercerizado que realice tareas consideradas de carácter
permanente para la operación, mantenimiento, administración, comercialización y/o
atención de las redes, servicios y/o sistemas de telecomunicaciones y/o informáticos
de las empresas mencionadas.
ARTÍCULO 7°— Ante la desvinculación por cualquier motivo del personal
comprendido en la presente Ley, el trabajador percibirá una suma proporcional al
tiempo efectivamente trabajado.
ARTÍCULO 8°— La suma que perciban los trabajadores como consecuencia de esta
Ley estará exenta de los tributos previstos en la Ley 20.628, y modificatorias, de
Impuesto a las Ganancias. Su monto deberá ser pagado en efectivo dentro de los 30
días de aprobado el balance de la empresa deudora. Para el caso de incumplimiento
del plazo se actualizará a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus
operaciones de descuento, a partir de la aprobación de cada uno de los balances
respectivos hasta el efectivo pago.
ARTÍCULO 9°— De forma.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
I.-
La privatización de ENTel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) concretada el
9 de noviembre de 1990 determinó la creación de las sociedades licenciatarias del
Servicio Telefónico Norte y Sur, Telecom Argentina S.A. y Telefónica Argentina S.A
respectivamente, como proveedoras del Servicio Público Telefónico. La Ley 23.696
de “Reforma del Estado” inicio un proceso de privatizaciones, que fue enfrentado por
los trabajadores con grandes luchas. La “Reforma del Estado” incluía en su Artículo
29 la obligación legal de las empresas, Sociedades Anónimas, de emitir y pagar los
Bonos de participación en las ganancias a todas las trabajadoras y trabajadores
telefónicos (1).
El Estado en lugar de reglamentar esta ley y las Empresas en lugar de pagar los
Bonos establecido en el artículo 29 de la ley 23.696, el artículo 14 del Decreto 62/90
y la Constitución Nacional artículo 14 Bis, tuvieron una complicidad de parte del
gobierno menemista, para evitar el pago de los Bonos a partir del dictado de un
Decreto 395/92, que en el inciso 4to eximió a las empresas Telefónica S.A. y
Telecom S.A. de esta obligación legal sin ninguna contraprestación a cambio.
II.- SENTENCIA, DICTAMENES Y RESOLUCIONES:
a) La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina el 12 de agosto de 2008
resolvió la inconstitucionalidad del artículo 4to. del Decreto 395/92 (Exp.1326/03, 39-
G). Sin embargo, dicha inconstitucionalidad fue desoída por las empresas Telefónica
y Telecom, que continuaron incumpliendo dicha obligación, a pesar de la sentencia
de la Corte Suprema de Justicia. Lo que dio lugar a varias causas penales y miles
de juicios con distintos fallos favorables a los trabajadores.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación eliminó toda
indeterminación jurídica en lo relativo a las condiciones impuestas para pagar los
Bonos de participación que describe la Ley y el Pliego de Bases y Condiciones de
las empresas licenciatarias favorecidas por la privatización. La audiencia pública
realizada por la Corte Suprema se realizó el 7 de mayo de 2008 y puede visualizarse
en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=Sptip5capuI
b) El 16-11-2020 la Cancillería Argentina, con la firma del embajador Alejandro Poffo
a cargo del Punto Nacional de Contacto que representa al país ante el organismo
internacional de la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico) emitió un dictamen exhortando a Telefónica Argentina S.A. y Telecom
Argentina S.A. a cumplir con las líneas directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales referente al compromiso asumido con la privatización de ENTel de
abonar la participación en las ganancias adeudadas a sus
trabajadores como parte de su marco de responsabilidad social corporativa (2).
El Estado Argentino omitió la protección de los trabajadores, vulnerando las normas
y la legislación nacional e internacional suscripta por el país, asignándoseles
jerarquía superior a las leyes (art. 75 inc. 22 CN) (3).
III.- ANTECEDENTES:
Cuando Telefónica Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A. debían emitir y pagar
los Bonos de participación en las ganancias iniciaron un expediente administrativo
en el Ministerio de Trabajo solicitando la exclusión de dicha obligación. A los pocos
meses obtuvieron del Poder Ejecutivo Nacional la firma de un Decreto N° 395/92 con
el cual los presidentes de Telefónica S.A. y de Telecom S.A. manifestaron ante una
consulta del secretario de Comunicaciones que sus reclamos estaban satisfechos y
autorizaban el archivo de las actuaciones por ellas iniciadas. El artículo 4 del Decreto
395/92 no contiene fundamentos ni expresa ninguna argumentación. Fue otro
beneficio directo a estas empresas vulnerando el único derecho y compromiso
asumido por estas empresas, con los trabajadores, al momento de la privatización.
Los telefónicos enfrentaron la primera privatización de los 90´s que implicó la pérdida
de miles de puestos de trabajo, despidos y retiros “voluntarios” (4), eliminación de
conquistas del Convenio Colectivo de Trabajo (aumento de la jornada laboral entre
otras) y la contratación de personal precarizado y tercerizado que no contabilizaban
para ningún derecho, incluido el pago de los Bonos.
Si bien la Ley de Reforma del Estado excluía al personal contratado y eventual,
encontramos un abuso de las empresas al evadir una relación laboral con
contrataciones precarias de miles de trabajadores tercerizados, contratados o
“eventuales” (que encubre una relación laboral permanente y largamente probada)
generando un hecho discriminatorio, que se suma al incumplimiento del pago de los
Bonos de participación en las ganancias.
En la Audiencia Pública realizada en la Corte Suprema de Justicia el representante
del Estado se refirió al artículo 4to del Decreto 395/92 afirmando que había sido
redactado con el sólo fin de favorecer la privatización realizada. Lo que derivó en
diversas causas judiciales a funcionarios como María Julia Alsogaray en su condición
de interventora de ENTel y Rodolfo Díaz como ministro de Trabajo, entre otros.
El Estado Nacional, permitió la conformación de una concentración económica con
ganancias extraordinarias a través de las características que asume el marco
regulatorio, la permanente modificación de este en sintonía con los intereses de las
empresas y la debilidad de los entes reguladores, a menudo creados luego de las
privatizaciones y frecuentemente dominados por las empresas privatizadas. No se
trata por supuesto, de errores u omisiones de parte del Estado, sino de una conducta
altamente funcional a un régimen de acumulación extractiva de los recursos
económicos y sociales de nuestro país.
Una investigación efectuada por la Comisión Especial Investigadora de Hechos
Ilícitos Vinculados al Lavado de Dinero en la Cámara de Diputados de la Nación (5)
determinó que se realizaron transferencias al Federal Bank por parte de Telefónica
Argentina S.A. y Telecom S.A. justo en el momento en que se realizaron las
resoluciones que beneficiaron a las empresas mencionadas en cuanto a la obligación
legal de pagar los Bonos de participación en las ganancias a sus trabajadores. Las
fechas de las transferencias coinciden con los Decretos claves de la privatización de
Entel y del artículo 4to. del Decreto 395/92 que fue publicado el 10-3-1992. La
siguiente información puede verificarse en:
http://www.cipce.org.ar/articulo/comision-del-congreso-lavado-dinero-2001
IV.- CONSECUENCIAS:
El Decreto 395/92 liberaba a las empresas de un costo fijo indirecto que integraba el
costo de la tarifa telefónica. Ello a pesar de que el Estado Argentino, garantizaba una
rentabilidad del 16% en los Pliegos de Licitación que posteriormente estuvo muy por
encima de ese porcentaje. Telecom Argentina S.A. y Telefónica Argentina S.A.
abusaron del Estado con la utilización de la Administración Pública en su propio
beneficio, al incumplir el compromiso suscripto, generaron enormes costos al Estado,
obstruyendo la labor del Poder Judicial que debe tramitar miles de juicios y
expedientes judiciales innecesariamente.
Que llevaron a la presentación de proyectos de ley y un reclamo sindical y político,
que incluyó Audiencias Públicas realizadas en el Congreso Nacional con la
participación masiva de trabajadoras/es activos y jubilados, que luego se replicaron
en numerosas Legislaturas Provinciales de Mendoza, Córdoba, Misiones, Neuquén,
Santa Fe, Entre Ríos, Salta. E incluyeron asambleas, movilizaciones, actos y un cese
de actividades con una movilización multitudinaria convocada por los Sindicatos y
Federaciones de las telecomunicaciones realizado el 12 de agosto de 2015 al
Congreso Nacional.
La Legislación establece la obligación de las empresas y sus controlantes, a pagar
los Bonos de participación en las ganancias. Esta obligación debe ser extensiva a
todas las empresas prestadoras del Servicio Nacional de Telecomunicaciones, que
hubieran sido autorizadas a la prestación de dicho servicio con posterioridad a la
privatización de ENTel. Esta disposición forma parte de los dos proyectos de Ley
presentados por los Diputados; Néstor Pitrola en el año 2014 (9828-D-2014), y por
el Diputado Héctor Recalde en el 2015 (4319-D-2015) que fue aprobado por mayoría
en la reunión conjunta de las Comisiones de Trabajo y Comunicaciones de la Cámara
baja y obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Este último proyecto
establecía en su art. 1° la obligación también de “emitir bonos de participación en las
ganancias las empresas con fines de lucro que sean prestadoras del servicio de
telefonía, sea fija o móvil, que hubieran sido autorizadas a la prestación de dicho
servicio con posterioridad a la privatización de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (ENTel).” Este proyecto, sin embargo, no mencionaba los años
adeudados ni el porcentaje a pagar hacia adelante, dejando librado esto último a una
negociación posterior con las empresas que venían incumpliendo el pago y la
emisión de los Bonos. Este proyecto perdió estado parlamentario por lo cual
volvemos a presentar el proyecto del Diputado Néstor Pitrola que establece un
porcentaje del 10% de las utilidades para el resarcimiento económico por la deuda
acumulada y el pago de los Bonos hacia adelante.
Al haberse ubicado por su propio obrar Telefónica Argentina S.A. y Telecom
Argentina S.A. en una situación de privilegio presionando para obtener una exención
con el artículo 4to. del Decreto 395/92 por la aplicación de la doctrina de los propios
actos, consideramos que debe aplicarse la única normativa existente en el P.P.P
(Programa de Propiedad Participada) que impone el 10% como derecho de los
trabajadores conforme surge del artículo 29 ley 23.696, artículo 9 Decreto 731/89,
Artículo 14.2 Decreto 62/90, Artículo 3 Decreto 2423/91, Artículo 20 Decreto 584/93.
Por último, dado el origen ilegal de la exención producida por el artículo 4to del
Decreto 395/92 no corresponde la aplicación de las normas de prescripción sumado
además que el bien jurídico tutelado tiene raigambre constitucional, es por ello que
las empresas Telefónica Argentina S.A. y Telecom S.A. deben abonar la
participación en las ganancias adeudadas desde la privatización hasta la fecha.
V.- CITAS Y REFERENCIAS:
(1) En el estatuto social de Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A. consta la
oposición del entonces Inspector General de Personas Jurídicas Dr. Alberto
González Arzac, de aprobar el estatuto de ambas empresas, por la falta de tasación
de los bienes conforme el art. 19 de la ley 23.696 y art. 19 del dto. 1105/89.
Además, en dictamen remitido por el Dr. Alberto González Arzac, al entonces
Ministro de Justicia, se hace saber que se había realizado una maniobra -cuando
menos- fraudulenta en el momento de la privatización. Dado que se había
presentado una actualización a valores de 1990 del balance del ejercicio económico
cerrado del año 1987, según el último balance aprobado como precio base el que no
contemplaba todos los bienes inmuebles, bienes muebles y otros bienes intangibles
que la empresa había incorporado a su patrimonio en el período comprendido entre
los años 1987 y 1990, lo que implicó que dejara sentado en su dictamen que la
valuación de 1.900 millones de dólares difería sensiblemente de otro que se conocía
públicamente, que manifestaba probadamente una valoración del orden de los 6.000
millones de dólares. Estos datos surgen de: 1) Los exptes. donde se tramitó el
estatuto social de Telefónica de Argentina S.A. y de Telecom S.A. en la Inspección
General de Personas Jurídicas; 2) puede verse diario Clarín del 9-12-90, pág. 22 y
23; 3) la revista Derecho Económico dirigida por H. Alegría, nº 14 oct/nov. de 1990;
4) Facundo A. Biagosch. Organizaciones no gubernamentales. Ed. Ad Hoc. Ed.
dic.2004, pág. 98 y 5) Horacio Verbitsky en " Robo para la Corona" Ed.
Planeta Espejo de la Argentina Ed. 1993, pág. 237 donde afirma que no figuraban el
edificio central de Entel en la calle Defensa, a cincuenta metros de la Plaza de Mayo,
ni las amortizadas centrales 23 y 74.
Como sostiene el Dr. Alberto González Arzac, en la revista Derecho Económico la
operación se paga con 214 millones de dólares en efectivo y más títulos de la deuda
externa según valor nominal más intereses de 5.029 millones de dólares. Pero como
en realidad esos papeles a valor de mercado están al 15 por ciento de su precio
nominal, lo que se va a pagar no son 5.029 sino 724,4 millones. Se agregan 380
millones en documentos y las inversiones en dos años que representan 747,7
millones. Lo que hace un total de 2.096 millones.
Según el periodista Horacio Verbitsky (ver pág. 212 de Robo para la Corona. Ed.
Planeta Espejo de la Argentina Ed. 1993), a pesar de que de que el último balance
aprobado por la SIGEP en 1987 había arrojado un valor de libros de 3.500 millones
de dólares, el dto. 420/90 del 28 de febrero, fijo en 1.003 millones de dólares el precio
base del 60 por ciento de las acciones de Entel: 534,3 millones de dólares por la
zona Sur y 468,4 por la zona Norte. El Estado recibiría 214 millones de dólares en
billetes, 380 en pagarés a seis años, y el resto en títulos de la deuda externa.
(2) Insertas en el Prólogo, Prefacio: puntos 5 y 6, Capítulo II: Principios generales,
puntos 2, 5 y 7, y Capítulo V: Empleo y Relaciones Laborales, puntos 2b y c) 3 y 4
a).
(3) 1) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 75 inc. 22
CN): Art. 14. 2) Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 75 inc. 22
CN): Art.23.1. 3) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(art. 75 inc. 22 CN): Art. 6: 1 y 2. 4) Normas de la OIT:
4.a. - Convenio sobre el fomento del empleo y protección sobre el desempleo
1988, Art. 2 y. 7.
4.b.- Convenio sobre la política de empleo 1964, Art.1.
En el caso de las empresas telefónicas, son normas operativas como derivación de
la aplicación del art. 41 de la ley 23. 696.
(4) A pesar de la prohibición dispuesta por el art. 41 de la ley 23.696 de “Reforma del
Estado”, ambas empresas despidieron personal a quienes debían resguardar en sus
derechos adquiridos a la estabilidad, antigüedad, cargas de familia, etc.,
(5) Uno de los adquirentes de Telefónica de Argentina el Citibank, en el año 1992
crea el Banco República en Argentina y su “off shore” el Federal Bank en Bahamas,
abriendo sendas cuentas corresponsalías en el Citibank de Nueva York. Donde se
resaltan Comisión especial integrada por los legisladores que, en conjunto con el
Senado de los Estados Unidos, a cargo del Senador Carl Levin, permite presuponer
que los funcionarios encargados de controlar a las empresas telefónicas no fueron
ajenos a la nueva distribución económica que se generaba con la privatización de
Entel.
Idéntica información ha sido relatada en el libro; Ojos Vendados de Andrés
Oppenheimer en las páginas 1/4, 77/91 y 247/248. Relata que Carrió en dicha
oportunidad, señaló que los nuevos accionistas del CEI, eran sociedades
constituidas en zonas de riesgo de lavado de dinero. Mencionó específicamente el
Federal Kank Ltd., domiciliado en Nassau, Bahamas, representado por Carlos
Basílico, y cuyo verdadero dueño estimó que era Moneta.
Estas transacciones en el Citibank de Nueva York, de alrededor de 100 millones
mensuales, fueron objetadas por los inspectores del Banco Central de la República
Argentina que investigaron al ex Banco República como sospechosas de provenir de
lavado de dinero.
Para octubre de 2000, en el Senado estadounidense ya contaban con movimiento
de la cuenta denominada; Federal Bank; en Nueva York, donde figuraban haber
recibidos depósitos Ricardo Handley, Marcelo Sánchez, Enrique Petracchi, Vicente
Mastracola, Carlos Carballo, Nicolas Becerra, Alberto Kohan, Jorge Balanco
Villegas, Jorge Herrera Vegas, Ricardo Carrasco e Isabel Santos entre otros.
Según la diputada Carrió en diálogo con el autor del libro, señaló refiriéndose a los
dineros del Federal Bank, que evidentemente, estábamos frente a una organización
criminal, que producía el dinero proveniente de la evasión, del tráfico de armas, de
la corrupción giraba a través de la banca off-shore, o sea el Federal Bank, se lavaba
vía Citibank de Nueva York, y volvía para ser dirigido a inversiones. En otras
palabras, dijo, el Federal Bank y el Banco República fueron los bancos lavadores por
excelencia del poder en la Argentina en los últimos diez años.
En el libro Ojos vendados, en la página 247, surge además que entre los clientes
políticos; del Citibank figuraba María Julia Alsogaray que estaba siendo objeto de
una investigación por apropiación de fondos públicos, por haber depositado 190 mil
dólares en bancos de las Islas Caimán.
También en el libro: Citibank vs. Argentina; de Marcelo Zolotowiazda y Luis Balaguer
se relatan aspectos controvertidos de la privatización de Entel, entre que el precio
abonado por la compra de Entel era inferior a su valor. No se cumplió con la ley,
sencillamente porque la valuación la hizo el BANADE, cuando era el Ministerio de
Economía quien debía realizarla conforme la ley. Se tomaron estados contables que
comprende amortizaciones que anualmente las empresas van haciendo de los
bienes que conforman su patrimonio. Por ejemplo, un edificio por estar amortizado
tiene valor cero, en la contabilidad, pero si se lo quiere vender tiene un precio.
También resalta que el grupo Moneta pasó en 1992 a ser dueño formal del 10 por
ciento del paquete accionario del Citibank, y el 90 por ciento restante siguió en manos
de International Equity Investment Inc.
Como Moneta no tenía capital para adquirir esta participación accionaria, se
desarrolla en Citibank vs. Argentina; la hipótesis acerca de quién podría haber sido
el real dueño del paquete que formalmente adquirió el grupo Moneta y que éste
actuaba como testaferro de capitales originados en maniobras ilícitas en las que
estuvo involucrado en la Argentina, probablemente derivadas de sobornos pagados
en las privatizaciones.
Por estos motivos les solicitamos a las y los diputados acompañen este proyecto de
ley para su tratamiento y aprobación.
Romina Del Plá

Nicolás del Caño
Myriam Bregman
Alejandro Vilca