En Defensa del Marxismo #50 | Por Juan García

Orígenes sociales del atraso y la miseria en el NEA

La crisis económica y social que viven el Chaco y el resto de las provincias del Noreste argentino no necesita demasiada presentación. Esta crisis tiene su manifestación más aguda en el desempleo estructural masivo consolidado entre la población provincial. En noviembre de 2015, en el Chaco, se contabilizaron en el Sistema Previsional Integrado Argentino 87.995 trabajadores en blanco en el sector privado. Desde entonces hasta a junio de 2016 se perdieron 7.000 puestos de trabajo, fundamentalmente a causa de la parálisis de la construcción. A esta cifra de trabajo en blanco se le debe agregar unos 65.000 empleados públicos. La cifra total, de menos de 150.000 trabajadores en blanco en la provincia -sobre una población de más de un millón cien mil habitantes- da la pauta de la crisis de empleo mucho mejor que los índices de desempleo.
 
En torno de estos índices se ha montado un verdadero fraude. El Indec mide “desempleo cero” en el Gran Resistencia, una ciudad donde en todas las capas sociales la crisis laboral es palpable. No se consideran desempleados a quienes no buscan trabajo, que son la mayoría. En cambio sí se incluye entre los empleados a quienes contraprestan en miserables planes provinciales: las denominadas “becas” de 1.000 pesos o el Argentina Trabaja (de 4.000 en 2017). En la provincia se cobran 500.000 planes sociales, para un total de población de algo más de un millón de habitantes. El maquillaje estadístico sirve para tapar un verdadero drama social: la enorme mayoría de las familias de la provincia sobrevive como puede en un escenario de desocupación estructural masiva, que el pulmotor del empleo público y los planes sociales, financiados sobre la base de la coparticipación, no puede resolver.
 
Esto explica que la tasa de actividad en la provincia sea del 29% frente a una tasa nacional del 45%, que la tasa de empleo sea del 29% contra un 42% de la Nación, pero que el desempleo sea contabilizado como casi cero cuando, bien contado, debería superar el 20%. De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de 2010, un 20% de los hogares tenía sus necesidades básicas insatisfechas. La crisis social que reflejan los indicadores de empleo se constatan luego de ocho años de gobierno de Capitanich, que contó con niveles récord de coparticipación federal, administrada por un gobierno autocalificado de “desarrollo con inclusión”, que dice haber producido una “reindustrialización” y una “revolución en el empleo”.
 
Otros indicadores muestran la misma realidad: por ejemplo, los saldos migratorios. Entre las cuatro provincias del NEA, de acuerdo con el censo 2001, había 30.000 emigrantes netos a otras provincias, una tendencia emigratoria de largo plazo que se mantiene año tras año. Otro campo es el de la vivienda: el censo 2010 ubicó el déficit habitacional en 100.000 viviendas en el Chaco. La tasa de analfabetismo provincial en 2010 era del 5,5% -uno de cada 20 habitantes, sin contar el analfabetismo funcional. Los índices de desnutrición infantil fueron denunciados en casos resonantes en los medios de comunicación. La crisis del sistema de salud se cobra víctimas en forma cotidiana. 
La desocupación masiva por un tiempo prolongado es la manifestación más aguda del grado en el cual las relaciones de producción capitalistas, en un marco histórico de declinación y en el cuadro de la bancarrota capitalista mundial, constituyen un lastre para el desarrollo de las fuerzas productivas. Es un fenómeno característico de nuestra época.
En una provincia en la cual el acceso al agua, la obra pública fundamental, el desarrollo de los caminos y las redes ferroviarias, así como el acceso a la salud y la educación, son ampliamente deficitarios, la población trabajadora pulula viviendo de planes miserables sin poder aplicar su energía creativa a la resolución de los grandes problemas que plantea el desarrollo social y condenada a una vida de miseria. Mientras tanto, se desarrolla a fondo el monocultivo sojero y se expande la frontera agrícola a costa de un desmonte que genera una aguda crisis ambiental: una expansión a fondo de la producción alimenticia al servicio de los exportadores, el capital financiero y los Monsanto, mientras la desnutrición infantil, la droga y la descomposición social hacen estragos en las barriadas.
La situación actual del Chaco, y de las provincias del Noreste en general, no es particular sino una expresión particularmente extrema de las tendencias sociales propias del desarrollo semicolonial de la Argentina en su conjunto. Como veremos, cada una de las etapas del desarrollo social y económico del Chaco se corresponde, a grandes rasgos, con las fases de acumulación de capital en el país.
 
Los orígenes: acumulación originaria a cargo del Estado en beneficio del capital imperialista
 
El Gran Chaco argentino comienza su incorporación al desarrollo capitalista a partir de la finalización de la guerra del Paraguay, bajo la presidencia de Sarmiento. Es a partir de la derrota paraguaya -y en el marco de la negociación de límites que precedió al laudo Hayes (que estableció los actuales límites entre la Argentina y Paraguay)- que Sarmiento crea la Gobernación del Chaco, con capital en Villa del Oeste (actual Paraguay). Se trataba de una zona de frontera en disputa a dos bandas; de un lado, con el derrotado Paraguay, pero además con Brasil, que buscaba imponer un orden post bélico que hiciera pesar fuertemente sus intereses. Las zonas de la Gobernación (actuales provincias del Chaco y Formosa, y una porción del Chaco paraguayo) estaban bajo control indígena. 
 
Las tierras fueron ocupadas por la Argentina en una guerra criminal y desigual contra el único proyecto nacional independiente en América Latina: el Paraguay del presidente Francisco Solano López (1822-1870). El objetivo de esta ocupación estuvo lejos de vincularse con un desarrollo en función de los intereses nacionales o populares del Gran Chaco. Por el contrario, la ocupación implicó la expropiación masiva de las tierras de los indígenas y luego la entrega de esos territorios, en remate, al capital extranjero.
 
La creación de la Gobernación fue uno de los puntales del avance militar del Estado Nacional, que realizó en varias fases la ocupación del territorio del Gran Chaco, el sometimiento de los pueblos originarios y el establecimiento de la soberanía efectiva sobre la región. Este avance implicó la destrucción del modo de producción nativo (basado en términos generales en la caza y la recolección, a la que se había incorporado el comercio con el hombre blanco) para incorporar masivamente a esa población, como asalariada, al desarrollo capitalista y poner en producción, también para el capitalismo, las tierras de la zona.
 
Esto implicó el uso de una violencia intensa, masiva y sistemática contra la población nativa, que fue reducida en campañas militares, pero impuso el terror a efectos de controlar el territorio. Por ejemplo, cuenta el general Fotheringham el episodio de la captura y muerte del cacique Cambá (1884): fue abatido a tiros en una matanza de indígenas, su cabeza arrancada y puesta en una pica para exhibirla en forma de trofeo “para que quede bien probado si es Cambá o no el que ha muerto”. Como resultado de la matanza: “Muchos muertos y heridos tuvieron los salvajes y la sangrienta lección les fue de tan terrorífico efecto que muchos años después a la mera vista de una partida de quince soldados, huían centenares de indios (…) Un hermoso fin de campaña. Todos los indios desfilaron frente a la cabeza de Cambá y todos lo reconocieron”. La violencia llegaba a la extirpación de testículos u orejas como trofeos, las torturas y violaciones de mujeres indígenas: la soldadesca de los ejércitos de Roca había de poner en marcha toda la artillería aprendida en la reducción violenta de la población civil del Paraguay o en la campaña del desierto patagónica, contra los indígenas del Chaco.
 
El paso siguiente fue la proletarización forzosa de los indígenas, en obrajes, cultivos o ingenios, que se llevó delante de forma sistemática en las décadas siguientes. La creación de una clase obrera explotable en condiciones inhumanas, para asegurar el “progreso” capitalista, requirió la militarización masiva del territorio chaqueño. Un caso singular de este proceso de proletarización fueron las reducciones: la matanza de 1924 en la reducción de Napalpí fue un punto culminante en este proceso, del cual nos ocuparemos más adelante. La clase obrera se formó con este importante aporte de la población indígena y se completó con la migración del campesinado arruinado y proletarizado de las provincias lindantes: Santiago del Estero y Corrientes, tanto en forma permanente como temporal (cosecheros u obrajeros).
 
El recurso natural más importante obtenido por el Estado durante la conquista del Chaco fue una enorme extensión de tierras fiscales boscosas. El Estado retuvo para sí la llave para acceder al recurso fundamental de la acumulación de capital en la zona: la tierra y el agua y, con ellas, las riquezas forestales que pronto serían la gallina de los huevos de oro del desarrollo capitalista regional. 
 
¿Cómo se organizó la explotación de estos gigantescos lotes? La primera característica fue la debilidad inicial del proceso de colonización agrícola, que comenzó a fines de la década de 1870 y fue tempranamente abortado. Los colonos “friulanos”, fundadores de Resistencia, fueron un caso totalmente aislado, porque luego de su llegada y hasta principios del siglo XX, la colonización agrícola prácticamente se detuvo. 
 
Paralelamente (antes incluso de la conquista), comenzó la expansión del obraje. Obrajeros nativos o migrantes que operaban en terrenos fiscales comenzaron la explotación de madera para abastecer la enorme expansión capitalista en el país, que requería de durmientes, postes, la materia para la industria de la construcción, para buques, etc. Con el tiempo se fueron especializando en la flora del lugar y las maderas duras del territorio (el quebracho, el algarrobo, el urunday, etc.) eran las que mejor se adaptaban a estos usos.
 
Este fracaso de la colonización agrícola tuvo su origen y, a la vez, alimentó un régimen de verdadera timba de tierras: el otorgamiento de enormes concesiones de tierras a particulares con conexiones con el poder político o a grandes empresas del capital imperialista, como La Forestal o el ingenio Las Palmas. En virtud de la ley Avellaneda, se establecían lotes de colonización familiar y lotes concedidos a empresas que deberían asegurar esa colonización. Los terrenos concedidos a empresas o particulares que se comprometían a organizar la colonización promediaban las 80.000 hectáreas. Esta importante concesión a los intereses terratenientes permitió, desde fechas muy tempranas, la consolidación de enormes latifundios. El acceso a las tierras tuvo un origen fraudulento desde el comienzo: se adaptó la legalidad -e incluso se la violó en forma recurrente- para alimentar un proceso de remate en favor de capitalistas-, muchas veces con las relaciones apropiadas con el poder político y dejando de lado la necesidad efectiva de la colonización del territorio.
 
En un principio, muchos latifundios entregados fueron dejados en reserva para futuras explotaciones. En muchos casos se carecía del capital o de la disposición a movilizarlo para poner en producción las enormes extensiones concedidas. Esto llevó, incluso, a que algunas concesiones originales fueran finalmente anuladas.
 
El factor que alteró fundamentalmente esta situación fue el surgimiento de la industria taninera. La explotación maderera dio un vuelco con la explotación masiva del quebracho colorado, que comenzó a partir del descubrimiento de las propiedades del tanino para las curtiembres. El hallazgo de los usos del tanino colocó el bosque chaqueño como un monopolio natural en todo el mundo de un producto clave para el cuero, la industria armamentista y otros usos. La primera taninera fue puesta en producción en Corrientes y pronto se avanzó en la explotación del quebracho colorado chaqueño (con 33% de tanino sobre la materia prima) en todo el actual norte de Santa Fe,  el Chaco y Formosa. Llegó a haber más de veinte plantas tanineras en el noreste y solamente La Forestal ocupó 25.000 obreros. Hoy quedan tres plantas (Unitan, en Puerto Tirol y Formosa, e Inudunor, en La Escondida), una explotación residual golpeada por el surgimiento de la mimosa en Africa -que permite producir tanino-, la decadencia del uso del cuero y otras causas. 
 
La explotación taninera fue el puntal para la penetración imperialista en el Gran Chaco. La cesión de tierras a los grandes consorcios asumió características escandalosas. En el caso de La Forestal, el origen de la mayor parte del latifundio, que llegó a contar con más de tres millones de hectáreas en Santa Fe y Chaco, fue el pago en tierras de una deuda por un empréstito contraído por la provincia de Santa Fe con la casa de crédito inglesa Murrieta and Co. -un verdadero acto de “desendeudamiento” o “pago soberano” de las deudas provinciales. 
 
Este pago en tierras fue negociado por la provincia de Santa Fe, cuyo representante, Lucas González, además de representar a la provincia, era abogado de la firma Murrieta and Co., empresa a la cual debía pagarse. El resultado de esta disposición servil por parte de la provincia fue la venta a precio de remate de 664 leguas -1.800.000 hectáreas- a un precio de 1.500 pesos la legua cuadrada, el mínimo que permitía la ley de Colonización de la época. La casa vendió en 1884 esta extensión a la Compañía de Tierras de Santa Fe -antecesora de La Forestal-, por 5.292 pesos la legua, embolsando una ganancia de 2.402 pesos por hectárea en pocos años.
 
El episodio de la venta de tierras fue solamente el primero de una serie de estafas contra el presupuesto del Estado que han sido cuidadosamente retratadas por Gastón Gori y que aquí no podemos más que resumir someramente. Basten algunos datos: por ejemplo, que en el año 1905 la empresa entabló un juicio contra la provincia para reclamar la devolución del pago del impuesto inmobiliario sobre 22 leguas que la provincia finalmente vendió del lote original. Por el reclamo, la provincia de Santa Fe pagó a La Forestal 2.500.000 pesos en efectivo, el doble de la suma original que la empresa había pagado para alzarse con el millón ochocientas mil hectáreas.
 
Otro latifundio representativo fue el ingenio Las Palmas, de más de 80.000 hectáreas, que explotó azúcar, tanino y, posteriormente, la industria textil sobre la base del abastecimiento algodonero. La empresa pertenecía a Carlos Hardy, que se apropió de esta enorme extensión de tierras mediante concesiones. 
 
El latifundio se extendió por todo el territorio. Por ejemplo, la llamada “concesión Zuberbühller”, en el sudoeste, abarcaba la totalidad de Campo del Cielo, una enorme extensión que el propietario llegó a explorar años después de que le fuera otorgada. Muchas concesiones tenían la obligación de colonizar y fueron revocadas al incumplirse este objetivo. Otras fueron transformándose progresivamente en propiedades efectivas. 
 
Las condiciones de trabajo en la industria taninera y en el ingenio Las Palmas eran brutales. El pago se realizaba en bonos. El comercio dentro de las fronteras de las empresas estaba controlado por éstas o por comisionistas. Los salarios eran de hambre y brutales las condiciones de explotación. La vivienda era propiedad de las empresas, lo cual implicaba el desalojo automático en caso de despido. Los pueblos eran de la compañía. Los comisarios y jueces de paz eran pagados por ésta. La soberanía y legislación del Estado, en estas condiciones, eran papel mojado. La ley era la ley de la compañía.
 
Las condiciones de la explotación de La Forestal son una expresión extrema del peso del imperialismo en la economía nacional en la etapa del modelo agroexportador. El directorio de la compañía estaba copado por banqueros y empresarios ingleses y alemanes. La compañía actuaba en el marco de la economía mundial: cuando la productividad de la tala de quebracho comenzó a ralear, por el agotamiento de los especímenes más accesibles, la compañía apostó a desarrollar la explotación alternativa, la mimosa en Africa. 
 
El cierre de gran cantidad de fábricas en la Argentina, fundamentalmente durante los años ’50, tiene que ver con esta reestructuración global. Las ganancias de La Forestal, producto del saqueo del monte y la fuerza de trabajo en condiciones de explotación de un monopolio sobre los recursos naturales obtenido por monedas, fueron a capitalizar al imperialismo inglés y bloquearon cualquier perspectiva de utilizar estos recursos para el desarrollo local. 
 
La cuestión fiscal refleja la misma situación. Como explica Gastón Gori en su libro, la empresa resistió con éxito los intentos de gravar la exportación de quebracho, tanto por parte de la provincia como por parte de la Nación. Como resultado de ello, en 1921, el total de impuestos pagados por La Forestal a la provincia de Santa Fe (donde se ubicaba la mayor parte de su territorio) fue de 300.000 pesos fuertes. En cambio, en el mismo año, la empresa pagó en Inglaterra el equivalente a 8.797.503 pesos de impuestos.
 
Las condiciones de severa explotación en La Forestal y el Ingenio Las Palmas provocaron grandes revueltas obreras en los años ‘20, bajo el influjo de trabajadores de ideas anarquistas y sindicalistas. El vector que ligaba a los trabajadores de La Forestal con la clase obrera argentina fue la combativa Federación Obrera Marítima, protagonista de grandes huelgas en la etapa del gobierno de Yrigoyen, cuyos obreros  se encargaban del traslado del quebracho por vía fluvial que salía de los puertos de la compañía. Así fue madurando la organización sindical clandestina que organizó grandes huelgas en los años 1919-1921 en La Forestal, y durante los años ’20 en Las Palmas. Las revueltas consiguieron arrancar a las empresas algunas mejoras, pero posteriormente fueron brutalmente reprimidas. En el caso de La Forestal, los gobiernos radicales permitieron la formación de una policía privada destinada a militarizar las poblaciones para controlar por la fuerza los levantamientos obreros. 
 
La década del ’20 fue importante en convulsiones sociales. Además de las huelgas de La Forestal y Las Palmas, ocurrió la masacre de Napalpí, de la población indígena. Este levantamiento es generalmente catalogado como un levantamiento indígena, sin negarlo -porque lo fue- y en este hecho se destaca la importancia capital que las reivindicaciones obreras tuvieron en él. Los reclamos fueron variados. Los indígenas que habitaban la reducción sufrieron la imposición de un impuesto del 15% sobre su producción algodonera por parte del gobernador del territorio. Los indígenas trabajaban sus tierras temporariamente y se empleaban en la cosecha de algodón en chacras vecinas. El reclamo de mejores condiciones de trabajo y paga en las chacras fue otro de los reclamos del levantamiento. En tercer lugar, el gobernador, en el año 1924, prohibió la salida de trabajadores temporarios a los ingenios de Salta y Jujuy, donde recibían mejor paga, con el objetivo de asegurar la abundancia de mano de obra para la cosecha local de algodón. 
 
En este caso, sin embargo, y a diferencia de los obreros del ingenio, los obrajes o el tanino, los indígenas recurrieron para su organización, no a la puesta en pie de organizaciones sindicales, sino a los recursos propios de su organización social tradicional. Numerosas fuentes mencionan como organizador a un mago o “dios”, llamado Gómez, que encabezó la sublevación, y los reclamos que tuvieron como interlocutor directo a la Gobernación. Luego de varios intentos de acallar la protesta sin ceder a ninguna de las demandas, el gobernador Centeno decidió llevar adelante una matanza que derivó en el asesinato, según se estima hoy, unos 200 indígenas desarmados, que fueron pasados a cuchillo, degollados, en ciertos casos cortados sus testículos u orejas y utilizados como trofeos. La brutalidad policial impune muestra los niveles de violencia extremos que constituyeron el recurso político central para desarrollar el capitalismo en la Gobernación del Chaco.
 
El desarrollo algodonero: el turno de la pequeña burguesía
 
Si los comienzos del desarrollo capitalista en el noreste fueron dominados por el capital financiero internacional, su etapa algodonera está marcada, primordialmente, por el peso de la pequeña burguesía. 
 
El auge del algodón tuvo un enorme impulso, fundamentalmente a partir de la década del ’20. El alza de los precios, las condiciones de cultivo de la zona, generaron el mito del “oro blanco” en el Chaco, que fue el origen de una intensa inmigración, en muchos casos europea, que se asentó en el centro-oeste de la provincia para cultivar algodón. El prerrequisito para el cultivo -el desmonte de una pequeña parcela- requería una fuerza de trabajo intensiva que aportaron los colonos. El acceso a la tierra tenía varias vías. Por un lado, los planes de colonización a cargo del Estado, como el llevado adelante durante los años ’20 por el ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, Tomás A. Le Breton. 
 
En menor medida hubo planes de colonización a cargo de empresas privadas o cooperativas, como la Compañía Colonizadora Popular, fundadora del pueblo del mismo nombre (Colonia Popular). Por otro lado, una gran cantidad de explotaciones se asentaron directamente en tierras fiscales o privadas, desarrollando los cultivos en ocupaciones que luego dieron lugar a frecuentes conflictos por la tierra. 
 
El desarrollo del cultivo del algodón tuvo un nuevo impulso en los años ’30 de la mano de la industrialización por sustitución de importaciones, que tuvo en la industria textil uno de sus puntales. La población del territorio nacional del Chaco se multiplicó aceleradamente a partir de la expansión algodonera. Entre 1914 y 1947, la provincia pasó de 46.000 a 430.000 habitantes. El impulso del algodón trajo aparejada una limitada industrialización, con el desarrollo de desmontadoras, aceiteras e incluso pequeños talleres metalúrgicos asociados que se agregaron a la predominante industria taninera. 
 
El desarrollo algodonero generó entre la intelectualidad la expectativa de un desarrollo económico e incluso industrial. Decía, por ejemplo, un representante del Ateneo Chaco, Horacio Riveros Sosa, en 1945: “Este pueblo, que marcha a la vanguardia del progreso de la patria, sería un páramo desolador si no florecieran afanes de cultura en todos sus estratos sociales. Se salva de ser la gran Fenicia del norte argentino porque no ha perdido el sentido de lo espiritual”. El maestro rural Yebrail Matta, en una fecha incluso más avanzada (1975), describía a la provincia como una tierra “sólo vista a través del potencial económico que representa, y respondiendo a la siguiente ecuación: Producción = Riqueza, Riqueza = Bienestar y Poder”, un dinero y poder que, finalmente, serían fuente de desdichas y arbitrariedades.
 
Más realista, Guido Mirandao, en las conclusiones de su libro marcaba ya que la senda económica ascendente, producto de la explotación algodonera, comenzaba a agotarse, y que la dependencia del monocultivo algodonero condenaba a la provincia a una creciente estrechez económica. Remarcaba, entonces, la necesidad de un desarrollo industrial para darle continuidad a un desarrollo económico cuyo impulso comenzaba a agotarse. 
 
En efecto, especialmente a partir de los años ’60, el desarrollo algodonero empezó a ingresar en una crisis que se fue agudizando en la década del ’70. Sobre la base de esta crisis estaba la estructura social que le daba sustento a la producción algodonera. Un campesinado con escasos medios técnicos y financieros y, en principio, atomizado, debía colocar su producción en un mercado controlado por grandes monopolios de la comercialización, vinculados con la industria textil: Anderson Clayton, Bunge y Born o Dreyfus. La cadena se completaba con una miríada de financistas, bolicheros, acaparadores, que tiraban abajo los precios de la cosecha, condicionaban al productor por medio del crédito y recortaban permanentemente la tasa de ganancia y la posibilidad de reinversión con el consecuente desarrollo del sector algodonero.
 
Esta crisis dio origen a un creciente proceso de organización que fue un intento de superar los límites de la pequeña producción algodonera. En principio se caracterizó por el surgimiento de cooperativas (Unión de Cooperativas Agrícolas Limitadas -Ucal- y otras) para manejar la comercialización y el desmonte, consorcios rurales para mejorar la accesibilidad y otras entidades intermedias. Pero el desarrollo de la crisis algodonera a partir de los ’60, sobre fines de la década, en un cuadro de movilización política de los trabajadores y los estudiantes contra la dictadura de Onganía a partir del Cordobazo, dio origen al surgimiento de las ligas agrarias: organizaciones campesinas que se extendieron por toda la región y que en el Chaco nucleaban fundamentalmente a los productores algodoneros. 
 
El desarrollo de las ligas agrarias fue un proceso extendido, que obedeció a factores políticos (el alza de la lucha de clases posterior al Cordobazo) combinados con la crisis de la pequeña producción en regiones enteras. En el Chaco y Formosa, con peculiaridades, agruparon a la pequeña producción algodonera; en Corrientes, a los productores tabacaleros; en Misiones, al campesinado productor del té o la yerba mate. En el caso específico del Chaco, las ligas agrarias agrupaban a los pequeños campesinos en conjunto con productores capitalizados, un estrato que había logrado despegar de la masa de pequeños campesinos e invertir para comenzar un lento proceso de tecnificación de la producción y ampliación de sus escalas. Se trataba de productores con alrededor de 200 hectáreas o más de tierras. Las ligas agrarias chaqueñas contaron también, durante un período, con la alianza de Ucal y el resto de las cooperativas algodoneras. 
 
Entre los reclamos tenían un peso predominante la fijación de precios sostén y el acceso al crédito (o la condonación de deudas). Reclamaban, además, títulos de tierras, leyes contra los desalojos, precios de insumos, respuestas para los productores inundados, etc. Los reclamos de los obreros rurales, en contraposición, ocupaban un lugar totalmente subordinado; incluso, cuando los propios campesinos no podían subsistir sólo con su propia tierra, se empleaban como obreros rurales temporarios y las ligas agrarias movilizaban tras de sí a un importante contingente de trabajadores rurales. Los métodos de lucha incluyeron desde actos y movilizaciones masivas hasta paros o quemas de cosechas en reclamo contra los bajos precios pagados por las multinacionales.
 
Las ligas agrarias desarrollaron una posición de confianza en el retorno del peronismo al poder. Sin embargo, el tercer gobierno peronista estuvo a años luz de satisfacer sus reclamos. La fijación de precios se llevó adelante con el objetivo de beneficiar a la industria y el argumento de no aumentar la carestía de la vida de los trabajadores urbanos. La baja de precios dio origen a un nuevo proceso de movilizaciones, respondido en los años ’74 y ’75 con la represión estatal y paraestatal dirigida desde los gobiernos de Perón y Bittel. En este marco, en el año ’75 fue encarcelado el secretario general de las ligas agrarias y declarados prófugos otros dirigentes, acusados de tener vínculos con Montoneros. En estas condiciones, la Federación Agraria tomó parcialmente el relevo frente a la crisis y la virtual ilegalización de las ligas agrarias. El golpe del ’76 termina de cerrar la etapa de movilización popular en torno de las ligas agrarias.
 
Por sus métodos, por la etapa histórica en la que se desenvolvió, y hasta cierto punto por el carácter del cuestionamiento al capital monopólico -en gran medida vinculado con el imperialismo- que acaparaba la industria textil, el desarrollo de las ligas agrarias se vinculó con el desarrollo de un movimiento popular que, con centro en la clase obrera y desde el Cordobazo, cuestionó los fundamentos mismos del régimen social vigente. Pero las ligas agrarias nunca rebasaron, incluso programáticamente, los límites de clase de la pequeña burguesía. Las reivindicaciones de los trabajadores rurales estuvieron en general ausentes del planteo de las ligas agrarias. Sin un punto de apoyo entre los trabajadores, la capacidad de las ligas agrarias para cuestionar el peso de los monopolios textiles en la definición de las condiciones de explotación tenía límites insalvables -ni qué hablar en la defensa de una reorganización general de la industria textil, que hubiera requerido una orientación de alianza con los trabajadores de la rama. 
 
La historia posterior, durante la dictadura militar, mostró los límites insalvables de la alianza que dio sustento a las ligas agrarias: Ucal y muchas cooperativas algodoneras, que agrupaban a los productores más capitalizados, terminaron por darle un apoyo importante a la dictadura a través del gobierno del general Serrano. El fenómeno de movilización de las ligas agrarias no tuvo, como tal, una continuidad histórica. En estas condiciones, el campesinado algodonero fue condenado a un lento desangre hasta su virtual extinción actual. 
 
La dictadura: la reorganización de la rama algodonera  y sus consecuencias
 
El gobierno de la dictadura militar partía, en relación con el Chaco, de la hipótesis de que, por su geografía y por el peso de la movilización de las ligas agrarias, la provincia se prestaba para el desarrollo guerrillero en un futuro próximo. El gobierno local, encabezado por el general Serrano, militarizó todo el interior de la provincia y desarrolló una intensa represión que derivó en desapariciones, torturas y masacres, como en todo el país. Además, el gobierno militar puso en marcha un plan de desarrollo capitalista que impactó seriamente en la estructura social y productiva de la provincia. 
 
Los ejes de este plan fueron, en primer lugar, una expansión de la producción materializada en la llamada “Marcha hacia el oeste”: un plan de privatización de tierras y desmontes en el interior provincial, apuntado a colonizar una porción del monte nativo todavía virgen; en segundo lugar, la dictadura procuró consolidar, a partir de los productores algodoneros, una burguesía agraria con capacidad de desarrollo propio, apuntalada por el Estado provincial. Para llevar adelante este objetivo, los militares buscaron una alianza con la Ucal y las restantes cooperativas algodoneras que agrupaban al sector más capitalizado de los productores locales. 
 
El punto de partida de esta política fue la combinación entre una agresiva política de créditos del Banco del Chaco y la internacionalización del mercado algodonero. En efecto, hasta el último gobierno militar, el precio interno del algodón se hallaba regulado por el Estado y era, por lo tanto, materia de disputa entre los productores nacionales y la industria textil, en negociaciones en las cuales el gobierno nacional jugaba un rol de arbitraje. La dictadura, por el contrario, habilitó la exportación de algodón (lo cual trajo aparejado incluso una crisis con la industria algodonera) y la desregulación del mercado estableciendo asimismo un impuesto del 10% a la importación de algodón, que iría a un fondo de fomento de los productores locales.
 
En la campaña ’76 -’77 esto generó un alza de los precios recibidos por los productores, en la medida que empalmó con un período internacional de incremento de precios. Sin embargo, muy prontamente, a partir de fines de la década del ’70, los precios comenzaron a caer encorsetando a una porción amplia de los productores que quedaron atrapados en créditos, cuyo costo tendía a aumentar con precios a la baja. Esto produjo una crisis agraria de magnitud. La respuesta de la dictadura apuntó a consolidar la fracción más capitalizada de los productores algodoneros con acceso a mayor tecnificación, y a la posibilidad de diversificar cultivos. Se estableció incluso un límite “de productividad” de 300 hectáreas por productor. Para los productores más pequeños, directamente se estimulaba la venta de las tierras y el abandono de la producción. En la época, el 70% de los productores contaba con menos de 100 hectáreas.
 
La política de tierras de la dictadura fue de la mano con todas estas medidas. Apuntó a una entrega masiva de tierras fiscales en favor de los intereses beneficiados por la política de la dictadura en su conjunto. Se financiaron desmontes a partir del Banco del Chaco. La ya mencionada “Marcha hacia el oeste”, sin embargo, consiguió resultados limitados, en la medida que las condiciones económicas todavía no habilitaban los rindes necesarios para hacer del desmonte el gran negocio que significaría entre los ’90 y principios del siglo XXI.
 
El Banco del Chaco acompañó el auge y la crisis de esta política agraria. En consonancia con la expansión de todo el sistema financiero nacional, se expandió tomando créditos, incluso créditos externos, con el objetivo de desarrollar líneas de financiación en amplia escala de los productores. En 1976, la masa prestable del banco era de 11 millones de dólares y en 1978 había ascendido a 78 millones, de los cuales un 50% iba a financiar la producción primaria provincial. Mediante las tasas de interés positivas, el banco captó una buena parte de los beneficios que, en la primera etapa de la política de la dictadura, se generaron a partir de la apertura de exportaciones. 
 
Con la crisis que implicó, a partir del ’78, la caída de los precios del algodón, el banco contribuyó al ahogo de los productores más pequeños y a subsidiar la expansión productiva del sector más capitalizado. La expansión de la masa de préstamos del banco fue la base, asimismo, para un terreno de negociados en gran escala en favor de capitalistas locales y amigos del poder político. Esta situación, sumada a la crisis agraria -que dejó una cartera de créditos incobrables- llevaron al Banco del Chaco a la quiebra, lo que motivó una intervención y rescate por parte del Banco Central en 1980-1981.
 
De esta forma, la creación de una “pujante burguesía agraria” terminó en una secuela de negociados, en la quiebra generalizada de los pequeños productores, en la acentuación del éxodo rural y la quiebra del Banco Provincial que financió el proceso y, a la vez, afectó también a las cooperativas. El algodón pasó de ser proyectado como “motor de la economía provincial” a ser nuevamente subsidiado, beneficiando adicionalmente a un pequeño sector que logró ampliar la escala de la producción. El proceso de tecnificación redujo considerablemente la necesidad de trabajadores temporarios (braceros), un proceso que culminará a fines de los años ’90 y 2000, y que acentuaría notablemente el éxodo rural.
 
Una situación similar se dio en otros sectores agropecuarios, como el sector ganadero, en el cual la consolidación de un estrato de medianos o grandes productores capitalistas fue de la mano con la liquidación de las explotaciones familiares.
 
A mediano plazo, la idea de conformar una “burguesía agraria local” a partir de la producción algodonera se reveló un fracaso. Los factores de crisis y endeudamiento que afectaron a los pequeños productores terminaron arrastrando a las cooperativas, en un proceso de largo plazo. La Ucal, en emblema del cooperativismo algodonero, cerró sus puertas a fines de los ’90. Los cadáveres de las viejas desmontadoras algodoneras se amontonaron en los pueblos del interior de la provincia, el endeudamiento crónico de los productores se perpetuó con los bajos precios, motivando el continuo pedido de subsidios estatales. La tecnificación prácticamente terminó con el trabajo temporario en la rama. La expulsión de trabajadores, entre temporarios y pequeños productores, se cuenta por miles en las últimas décadas y es uno de los factores fundamentales que ha alimentado la crisis económica y social de la provincia.
 
Bittel: la democracia al rescate del régimen militar
 
Lejos de ser una “revolución democrática”, la transición orquestada en 1983, por medio de la cual el peronismo volvió al poder en la provincia, en realidad, fue el rescate de los intereses beneficiados por el régimen militar e incluso de los propios genocidas involucrados. El régimen democrático fue un punto de apoyo de los mismos factores de poder local que habían lucrado con la dictadura. 
 
El peronismo triunfante en 1983 fue el partido aglutinado en torno de la figura de Bittel, quien comenzó su carrera política como vicegobernador del primer gobierno provincial: el de Felipe Gallardo (1953-55). Este gobierno tuvo origen en la primera Constitución del Chaco, que establecía un fuerte peso del movimiento obrero en el régimen político provincial. Los obreros sindicalizados bajo la primera Constitución provincial tenían doble voto, dado que un tercio de la Cámara de Diputados era electa solamente por trabajadores afiliados a los sindicatos. Este régimen fue el producto de un gran impulso de la organización de los trabajadores bajo el gobierno de Perón. Se produjo, contradictoriamente, en el momento de ocaso del peronismo, cuando Perón enfrentó los conflictos obreros más duros de su gestión, por llevar adelante la agenda patronal de la “productividad”.
 
El movimiento obrero chaqueño, frente a la inminencia del golpe del ’55, reclamó al gobierno nacional armas para enfrentar a los golpistas y defender lo que consideraban un gobierno popular. La atadura al peronismo, que no quiso resistir el golpe de Estado, resultó el final del régimen de la Constitución del ’51. La Revolución Libertadora la derogó y estableció las bases de la Constitución actual del Chaco. Posteriormente al golpe, el peronismo chaqueño se reorganizó bajo el liderazgo de Bittel sobre la base de acuerdos con los diferentes gobiernos proscriptivos. En esas condiciones, éste fue gobernador en el período 1963-1966.
 
Con el retorno del peronismo, Bittel tuvo su segunda gobernación en el período 1973-1976. Fue el gobierno de la Triple A y la represión paraestatal a las ligas agrarias. Fue el gobernador que encabezó abiertamente la fracción del peronismo más vinculada con el Comando de Organización y a la Triple A, el arma de exterminio de los obreros, intelectuales, estudiantes y dirigentes barriales combativos bajo el gobierno de Perón. En 1983 fue candidato a vicepresidente, encabezando la gobernación Florencio Tenev, un hombre de su riñón. Los cuadros políticos del peronismo del “retorno democrático” provenían entonces de la Triple A, de la derecha peronista de los años ’70 y luego, en gran cantidad de casos, habían mantenido una relación de colaboración en diferentes áreas con la dictadura militar. 
 
Bajo estas condiciones, el Chaco se destacó por el reciclaje “civil” de muchos de los personajes de la dictadura: el gobernador militar Ruiz Palacios, colaborador de Harguindeguy, fundó el partido Acción Chaqueña, que llegó a gobernar la provincia entre 1991 y 1995, y que nutrió de personajes tanto al PJ (con Elda Pértile) como a la UCR (con Aída Ayala) local.
 
La universidad fue un ejemplo paradigmático de este continuismo, con la permanencia en la cátedra, con carácter de vitalicios, de sectores abiertamente prodictatoriales como Ernesto Maeder, director del Instituto de Investigaciones Geohistóricas y abiertamente defensor de la dictadura. Las fuerzas represivas y el aparato de seguridad fueron conservados prácticamente intactos. 
 
En relación con los sectores de poder local, un área en la cual el rescate “democrático” del entramado de intereses de la dictadura resulta especialmente significativo es en la gestión del Instituto de Vivienda. Durante la dictadura militar, los fondos del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) se ampliaron en una escala nunca antes vista. Estos fondos fueron manejados por uno de los responsables de la masacre de Margarita Belén: el coronel Alcidez Larrateguy. 
 
Larrateguy manejó los fondos millonarios del Fonavi hasta el día del triunfo del peronismo. La dictadura admitió un recambio de autoridades del Instituto de Vivienda dos meses antes de dejar el poder, con el objeto de garantizar una “transición ordenada” y dejar sin investigar las numerosísimas denuncias por el manejo de los fondos del instituto.
¿Quiénes eran los beneficiarios de esta política? Los fondos del Fonavi ayudaron a consolidar una “patria contratista” con enorme peso en la provincia. Una cuestión notable fue el lugar que ocuparon dirigentes peronistas, entre los beneficiarios de la “patria contratista” de la dictadura (y luego de la democracia). El futuro intendente de Resistencia, Rafael González, fue beneficiado a través de su empresa Chaco Construcciones. Otro dirigente, Cammarasa, fue gerente de Supercemento, la empresa que encabezó la lista de adjudicatarios de construcción de viviendas en este período. La voladura de los techos del barrio España (del Fonavi) por una tormenta no alcanzó para que se investigaran los curros de la dictadura con las constructoras que la democracia naciente retomó y profundizó.
La historia posterior mostraría el peso enorme del sector de la patria contratista durante todo el período democrático. El retroceso social y productivo de la provincia fue consolidando la dependencia económica del presupuesto del Estado y, por su intermedio, de toda la economía provincial, de la coparticipación federal. En este contexto, el botín de las adjudicaciones de viviendas e infraestructura se transformó en una de las vías de negocios centrales para la clase de poder de la provincia -lo cual pinta por entero el carácter parasitario, corrupto y dependiente del poder político de esta clase social. Domingo Peppo, actual gobernador del Chaco, es la expresión viva de este fenómeno, dado que armó su plafond para la gobernación a partir del sus manejos cuando fue presidente de la caja del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) bajo la gobernación de Capitanich. 
 
La característica de hacer del presupuesto del Estado un botín para grupos empresariales afines al poder político se acentuó durante la democracia en diversos terrenos. El primer gobernador en democracia (Florencio Tenev) era propietario de una de las empresas acusadas de realizar una maniobra de vaciamiento escandalosa en desmedro del Banco del Chaco, por medio de la cual se desviaron millones para supuestamente financiar la venta de durmientes de ferrocarril a Suiza. Estos millones nunca fueron devueltos porque la operación no se concretó.
 
De la crisis algodonera a la soja
 
A mediados de los ’90, el auge sojero comenzó a sacudir las relaciones sociales en el agro chaqueño, marcadas por el largo epílogo de decadencia del cultivo algodonero. En cifras actuales, el resultado de este proceso puede ser medido mediante el análisis de la superficie de hectáreas sembradas: para la campaña 2017 se proyecta cultivar 650.000 hectáreas de soja, 450.000 de girasol y solamente 80.000 de algodón. Si en 1999 se podían contabilizar 16.000 productores algodoneros, dentro de los cuales el 78% era minifundista, para 2016 había tan sólo 689 productores registrados.
 
A principios de la década del ’90, el cultivo algodonero tuvo un breve respiro, determinado por el alza de los precios internacionales. Sin embargo, para fines de la década, la caída de precios, combinada con las condiciones de endeudamiento de los productores, configuraron un panorama de crisis que incluso recordó algunas de las postales de movilización de los años ’70: remates de campos, exigencia masiva de rescate por parte de las cooperativas, movilizaciones de productores minifundistas, etc. Este proceso se combinó, por un lado, con modificaciones en el paquete tecnológico del algodón y, por otro, con el cultivo de soja, que cambiarían definitivamente el paisaje del agro chaqueño. 
 
En cuanto al algodón, los ’90 fueron la etapa de la introducción en gran escala, por un lado, de las semillas genéticamente modificadas y, por otro, de la mecanización de la cosecha. Este conjunto de cambios produjo una masiva expulsión de la mano de obra temporaria, por ejemplo, los braceros, que año a año habían participado del circuito algodonero; por otro lado, le asignaron a Monsanto, a través de Genética Mandiyú, un rol central en su desarrollo. Genética Mandiyú se constituyó con técnicos y científicos retirados o despedidos por el Inta y, por medio de ellos, consiguió los paquetes tecnológicos desarrollados por el Estado Nacional.
 
La crisis y la baja de precios de fin de siglo, producto de la sobreoferta mundial de algodón (gran parte de los principales productores a nivel mundial subsidian la oferta algodonera), determinó condiciones de crisis que fueron aniquilando a los resistentes pequeños productores. A esto se sumó la persistente plaga del picudo, factor influyente en la crisis algodonera, que se expandió producto de la falta de planificación y recursos del Estado para combatirla.
 
El fin de siglo fue el momento de remate del viejo cooperativismo algodonero. El remate de Ucal, su nave insignia, dejó a casi 200 trabajadores en la calle solamente en su planta de Barranqueras. Los numerosos rescates a costa del patrimonio público sirvieron para desarrollar negociados de todo tipo con Ucal, su gerencia y sus acreedores, pero no para darle una salida a la crisis de la cooperativa. La faz “social” de la cooperativa fue una mascarada para estos negociados. El cooperativismo chaqueño, que aspiró a jugar en las grandes ligas de la burguesía argentina -siguiendo, por ejemplo, el caso de Sancor-, terminó confinado a la quiebra.
 
Este contexto se combinó con el alza de la soja, que comenzó a fines de los ’90 y se desarrolló a fondo a partir del año 2000, de la mano del alza de los precios internacionales. Las características del cultivo sojero en el Chaco no fueron distintas de las de otras áreas: grandes jugadores que arriendan masivamente terrenos, una bajísima ocupación de mano de obra por hectárea y tonelada producida, paquetes de semillas genéticamente modificadas y un enorme negocio que amplió a escala multiplicada la polarización social de la provincia. 
 
El desarrollo sojero produjo una nueva oleada de desmontes masivos. Durante el gobierno de Rozas se remataron tres millones de hectáreas de tierras fiscales. El alza de los precios de la soja derribó todos los límites económicos que habían tenido hasta entonces los desmontes. Al arrasamiento directo, producto de la soja, hay que agregarle el indirecto, por la expansión de la frontera agrícola y el traslado hacia el norte y el oeste de la ganadería, o de cultivos realizados hasta entonces en las áreas sojeras.
 
Los desmontes agudizaron la crisis ambiental. El monte nativo es un amortiguador de inundaciones, por su capacidad de retención. Su eliminación agiganta, de un lado, la sequía propia del oeste del Chaco; del otro, las inundaciones recurrentes. De la mano de la eliminación del monte fueron reducidas a su mínima expresión o eliminadas especies autóctonas de flora y fauna. Los desmontes masivos, sumados a la explotación forestal (del algarrobo especialmente, que es una fuente de alimento vital), van reduciendo año a año las fuentes de sustento de la población indígena.
 
Así las cosas, el desarrollo sojero y la crisis terminal del algodón condujeron a ampliar el proceso de larga data de despoblamiento rural y explosión urbana, con su secuela de crisis habitacional, laboral y humana en todas las grandes ciudades de la provincia. Mientras tanto, el campo chaqueño se colocó como un pilar (secundario, pero pilar al fin) de las pingües ganancias del agronegocio en todo el país.
 
Los subsidios y negociados: el caso del Banco del Chaco
 
En la cuenta de los subsidios y negociados de la burguesía local a costa del presupuesto del Estado deben ponerse las sucesivas quiebras y rescates del Banco del Chaco. Ya vimos que el Banco Provincial (entonces Banco del Chaco - Sociedad de Economía Mixta) fue fundado a partir del viejo Banco del Chaco por la dictadura militar. Bajo la política de ésta, y de la mano de la crisis agraria y los negociados que financió, el banco tuvo un primer rescate por parte del Banco Central entre 1980 y 1981, y otro en 1984. Vimos también que fue el epicentro de un negociado con la financiación de una operatoria trucha de exportación de durmientes, dando un crédito de 4 millones de dólares nunca saldado a una empresa vinculada con el gobernador Florencio Tenev.
 
Estos vaciamientos y negociados llevaron al Banco del Chaco a la quiebra y privatización. En 1990, un conjunto de directivos del banco fue llevado a juicio por el vaciamiento, debido a la transgresión de la ley de Subversión económica. Durante el juicio quedaron de manifiesto los manejos que habían llevado al banco a la quiebra: el favoritismo sistemático en créditos millonarios a grandes deudores, que luego de sucesivas refinanciaciones se declaraban insolventes. Dentro de los mismos se encontraban prominentes empresas de los grupos de poder local. 
Como salida a la quiebra del banco, el gobernador Tauguinas (Acción Chaqueña), junto con Cavallo, armaron un esquema de privatización, en el cual los Estados provincial y el nacional operaron como garantes de los depósitos del Banco del Chaco - SEM, declarado insolvente. La operatoria del recién creado “Nuevo Banco del Chaco” pasó a un conjunto de entidades bancarias encabezadas por el Banco de Patricios, en sociedad con La Bancaria y la comisión interna del banco.
 
Como el lector se imaginará, el “Nuevo Banco del Chaco” terminó de manera similar al anterior. Una operatoria sistemática de créditos fraudulentos en favor de grupos económicos locales (sucesores de Biancalani, Casinos y Hoteles Gala, entre otros) y extranjeros lo llevó a la quiebra, en 1999. Nuevamente fue el gobierno provincial, con el auxilio de la Nación, el que debió salir al rescate, respondiendo en principio con 20 millones y luego 32 millones de dólares del patrimonio público para garantizar que pudiera seguir operando. Señala Jorge Rozé: “El Estado, para tener un banco de 16 millones de pesos de capital positivo, a fin de año, debía terminar aportando la suma de 52 millones”. Posteriormente, el banco fue rescatado mediante la pesificación de los ahorros, como el conjunto del sistema financiero argentino.
 
La cuestión industrial
 
La bancarrota económica nacional y provincial, el retroceso del cultivo de algodón y, el de más larga data, de la industria taninera produjeron un fuerte retroceso industrial en la provincia. Las cáscaras de las viejas fábricas pueden verse por doquier, tanto en el Gran Resistencia como en el interior. La quiebra de Ucal y de las cooperativas algodoneras produjeron el cierre de prácticamente la totalidad de las 80 desmontadoras de algodón que operaban en la provincia. Como ya hemos señalado, quedan en funcionamiento tres tanineras de las más de veinte que hubo (en Tirol, La Escondida y Formosa). De las doce grandes fábricas que se habían instalado en el cordón industrial de Barranqueras-Vilelas prácticamente no queda nada. Los huesos de la ex metalúrgica Plomo fueron vendidos como chatarra. El Ingenio Las Palmas fue cerrado en la década del ’90, con la venta de la totalidad de su maquinaria activa al gobierno del Paraguay, condenando a Las Palmas y La Leonesa a la condición de pueblos fantasma, sin fuentes de trabajo.
 
El kirchnerismo, con Capitanich, presentó una ficción de reindustrialización de la provincia. Detrás de la propaganda, las bases de este proceso fueron dos: 1) los subsidios estatales, reducciones impositivas, créditos a tasas regaladas, predios fiscales puestos a disposición, etc., de los nuevos emprendimientos fabriles, y 2) los bajísimos salarios pagados a los obreros industriales del Chaco, por debajo incluso de los exiguos salarios nacionales. 
 
Vistos a la luz de estas facilidades y del proceso de reactivación económica posterior a la crisis de 2001, los avances de la mentada “reindustrialización” son mínimos. En Puerto Tirol, el emblema de la “nueva industria” chaqueña, a principios de 2016, había cuatro fábricas medianas (además de varios pequeños talleres): la textil Santana (600 obreros), la textil Platex (170 obreros), la taninera (300 obreros) y la cerámica, de unos 100 trabajadores. En agosto de 2016 cerró Platex, dejando sus 170 trabajadores en la calle. En el mismo parque industrial, en el mismo año, fueron desvinculados definitivamente casi 200 obreros del Frigorífico Toba, cuya planta fue cerrada por el Estado en 2013, terminando con una larga y tenaz lucha de sus trabajadores por la reapertura. 
 
La textil Platex es un ejemplo de esta nueva “industrialización”. Platex se asentó en 2003 en la vieja planta de la textil Mides, que había cerrado sus puertas en 1996, dejando a todos sus trabajadores en la calle sin pagar siquiera la indemnización. En sus comienzos, los trabajadores cobraban planes “trabajar” de 150 pesos, más un subsidio de la empresa. Poco a poco, fueron ganando el acceso a las condiciones del convenio textil, aunque con salarios por debajo de lo debido por la subcategorización generalizada. Durante los años de actividad nunca se modernizó tecnológicamente la planta. 
 
En 2014, debido a la baja de ventas, la empresa adoptó un nuevo sistema de turnos, con 12 horas de trabajo durante dos días por dos de descanso, que además de liquidar cualquier perspectiva de estudio o incluso de vida familiar de los trabajadores, mitigaba los salarios por la reducción de las horas efectivamente trabajadas. La empresa pudo implementar este sistema luego de quebrar una huelga de 40 días, con una firme permanencia de los trabajadores frente a la planta. El auxilio de la burocracia de la Asociación Obrera Textil (Escobar), el Ministerio de Trabajo y el gobierno provincial fueron fundamentales para quebrar la medida.
 
Finalmente, en 2016, frente a la crisis económica nacional y poniendo como fundamento la apertura importadora de Macri, la empresa cerró sus puertas. Pagó el 70% de las indemnizaciones y en cuotas, con el auxilio del sindicato textil y de la Secretaría de Trabajo, que fueron fundamentales para quebrar cualquier atisbo de resistencia obrera. Trece años de subsidios, facilidades y salarios por debajo de la media terminaron con la liquidación de 170 fuentes de trabajo, para salvar las ganancias de uno de los consorcios textiles más grandes del país.
 
Los establecimientos más grandes de la industria provincial son parte de grandes empresas nacionales o incluso transnacionales (Santana, Indunor y Unitan). Las plantas chaqueñas tienen su viabilidad condicionada por el esquema de negocios de estos grandes consorcios, lo cual, como se vio en el caso de Platex, puede condenar a un establecimiento viable al cierre. Lo mismo ocurrió con el Frigorífico Toba, que fue cerrado por la empresa Friar, del grupo Vicentín, para concentrar la producción y la exportación en el frigorífico de Reconquista. En el caso del Toba, el trabajo sucio del cierre lo realizó el gobierno, que se hizo cargo de la planta frente al reclamo de los trabajadores, despidió a los activistas y luego de no reactivar jamás la fábrica, procedió en 2013 a cerrarla y en 2016 a despedir a los viejos obreros que todavía cobraban la garantía horaria del gremio de la carne.
 
Otro emprendimiento, de similares características, muestra todavía más agudamente el parasitismo de los sectores beneficiarios de las promociones industriales. Es el caso de Pampero, que se estableció bajo el gobierno de Capitanich en la vieja taninera de Fontana. La empresa compró, en el marco del convenio de promoción industrial, el galpón de la vieja fábrica, pagando la suma irrisoria de 41.000 pesos. Luego colocó el terreno como garantía para comprar las máquinas por medio de un préstamo. El Estado pagó los salarios por todo el período de capacitación de los trabajadores. Finalmente, en 2016, cuando la planta contaba con 37 obreros, la empresa la declaró inviable y procedió a cerrarla. Nuevamente el Estado, por medio de la Subsecretaría de Trabajo y la burocracia sindical, en este caso del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (Soiva), trabajaron activamente para liquidar todo atisbo de resistencia obrera al cierre y para lograr “un acuerdo” consistente en el pago de las indemnizaciones en tres cuotas. 
 
Infraestructura
 
En materia industrial, en términos de infraestructura de transporte hay aspectos en los cuales se ha consolidado un enorme retroceso. La burguesía del siglo XXI no llega a los logros del siglo XX. El ferrocarril Barranqueras-Metán (actual Belgrano Cargas) fue construido a partir de 1907, hace cien años. El puerto de Barranqueras, vinculado con el ferrocarril, era la salida lógica de la producción. La línea naviera del Paraná llegó a ser una de las joyas de la corona de la empresa Mihanovich, que tenía el monopolio del transporte marítimo. Al mismo tiempo se desarrolló desde fin del siglo XIX el Puerto Bermejo (en el actual cruce entre la Ruta Nacional 11 y el río del mismo nombre) como proyecto alternativo de salida de mercancías. En Formosa se desarrolló la línea ferroviaria que unía la capital con el este salteño, que fue una de las columnas vertebrales del poblamiento “blanco” (no aborigen) del oeste formoseño. 
El gobierno de Peppo reclama hoy con desesperación financiamiento nacional para la obra de reconstitución del Belgrano Cargas, la misma que se terminó en poco tiempo hace cien años. Junto a la obra para reactivar el puerto, ambas se encuentran estancadas. El retroceso ferroviario alcanza a las líneas de pasajeros que se salvaron del desguace menemista: al momento de escritura de estas líneas está al borde del cierre y sin funcionamiento la línea urbana Tirol-Vilelas, con 300 empleados que cumplen horario sin funciones y temen por su probable despido.
La Argentina no tiene una flota naviera de bandera. Podría pensarse que el retroceso del ferrocarril fue compensado por el transporte automotor, pero eso es cierto a medias: las comunicaciones en gran parte del interior provincial se realizan por caminos de ripio, los accesos se empantanan con las lluvias, y decenas de comunidades quedan incomunicadas con las inundaciones. 
 
Conclusión
 
¿Qué características tiene, entonces, la burguesía que actúa en el territorio provincial? Se trata de un conglomerado fuertemente parasitario, dependiente del gobierno provincial que subsidia los negocios a través de diferentes vías. Incluso el auge sojero y del girasol tiene estas características: el Estado garantizó el acceso a la tierra habilitando millones de hectáreas de tierras fiscales, garantiza con el presupuesto público las obras públicas necesarias para poner en marcha la producción y exportación, y mantiene un subsidio impositivo implícito, subvaluando la propiedad rural para evitar el cobro del impuesto inmobiliario sobre la base de los valores reales. 
 
La expansión sojera, por otro lado, está vinculada con características del mercado mundial que están mostrando su carácter transitorio: lejos estamos de los precios de 2011, que hicieron rentable el cultivo de más de un millón de hectáreas de soja en la provincia. 
 
Cada fase del desarrollo capitalista de la provincia, indisolublemente ligada al desarrollo capitalista nacional, acentuó las características de atraso y miseria del Chaco. Primero, la exacción pura y dura del capital imperialista a través de La Forestal. Luego, el desarrollo en seguida ahogado de una pequeña burguesía rural, que se demostró inviable bajo dos esquemas económicos distintos: primero, con precios atados al mercado nacional del algodón, por su incapacidad de imponer a la industria textil monopólica las condiciones de venta requeridas; luego, a partir de la dictadura y especialmente el menemismo; la internacionalización del mercado algodonero, en un cuadro de fuerte endeudamiento y sobreoferta mundial resultó la condena definitiva, arrastrando al despoblamiento rural y a una verdadera catástrofe social en los pueblos. Por último, la expansión sojera, que destina sus ganancias a la especulación con ladrillos o la fuga de capitales acentuaron la polarización social, la concentración de la producción, los desmontes y la crisis ambiental.
 
Este cuello de botella ha conducido a que una gran parte de los intereses de los grupos de poder locales pasen por los negociados con el Estado. Esta característica quedó de manifiesto en las sucesivas quiebras del Banco del Chaco, y luego fue perfeccionada bajo Capitanich, con las promociones industriales, los negociados de la obra pública e incluso la creación de la Fiduciaria del Norte, una caja negra de los negocios empresariales.
 
La expresión más extrema de esta dependencia del Estado provincial son los negocios con la obra pública, la gran gallina de los huevos de oro de la década kirchnerista, con su marca indeleble de sobreprecios, facturas truchas y negociados espurios, surgidos de la asociación entre viejos grupos locales y la camarilla de gobierno: Báez actuó en la provincia por medio del tradicional consorcio chaqueño Sucesores de Biancalani. Los 37 kilómetros entre Colonias Unidas y Presidencia de la Plaza, por los cuales se les pagaron 200 millones de pesos, nunca se hicieron. 
La dependencia de todos los grupos empresariales de la caja del Estado, a través de la coparticipación federal le otorga al gobierno provincial un rol de arbitraje entre los diferentes sectores de negocios locales.
 
No existe ninguna posibilidad de que este consorcio parasitario de contratistas, pooles de siembra o “industriales”, colgados del Estado provincial, desarrolle la provincia para resolver los agudísimos problemas económicos y sociales del Chaco. Lo mismo vale para un Estado forjado para favorecer a estos sectores, que se agiganta como resultado de la crisis social y acentúa bajo el peso de esta misma crisis su absoluta incapacidad para resolver cualquier problema de las grandes masas de la provincia.
 
El régimen político chaqueño está moldeado por estos factores sociales. El PJ y la UCR manejan la Legislatura provincial sobre la base de pactos e intercambios de votos, mostrando que responden ambos a los mismos intereses sociales. Bajo condiciones de crisis social aguda, el PJ interviene creando un aparato de contención por medio de planes, cooperativas, empleo público municipal con salarios de miseria, aparato que sirve a los fines de sostener la regimentación política, pero no para resolver la situación de miseria que tiene, como vimos, causas estructurales. 
La permanencia de este estado de cosas condena a las masas populares de la provincia a la emigración o la miseria a la dependencia de planes sociales, la precarización laboral, los salarios miserables y la convivencia con una crisis social en vías de profundizarse bajo el impacto de la crisis capitalista mundial y el ajuste macrista. La única posibilidad de un desarrollo genuino de las fuerzas productivas para superar esta situación pasa por la formación de una alternativa basada en el interés de clase de las mayorías trabajadoras en función de resolver sus necesidades, a partir de colocar los recursos naturales y el producto del trabajo de la provincia -que históricamente ha servido para alimentar el saqueo capitalista- al servicio de resolver los grandes problemas de la población trabajadora.
 
Un programa
 
Trabajo y condiciones de vida. Nuestra provincia vive una crisis social de largo alcance. La falta de empleo se ha transformado en un problema permanente, impulsada, en el campo, por los desalojos a los campesinos; y en las ciudades por la falta de industrialización. Un enorme porcentaje de la población depende de la asistencia del Estado, con planes que arrancan desde los 800 pesos. A eso se ha sumado la crisis económica, que ha terminado con cientos de fuentes de trabajo. 
 
Impulsamos la prohibición de los despidos y suspensiones y la expropiación sin pago bajo control obrero de toda empresa que despida o cierre. Reapertura del Frigorífico Toba, TN Platex, Pampero y toda fábrica que despida o cierre con todo su personal. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, y un plan de desarrollo de infraestructura y vivienda bajo control de los trabajadores, financiado con impuestos confiscatorios al gran capital de la provincia, para terminar con el desempleo. 
 
Salario y precarización laboral. El desempleo masivo ha sido el caldo de cultivo para la precarización laboral y el trabajo en negro, en el Estado y también en el sector privado. Las luchas por el pase a planta vuelven una y otra vez a colocar al Estado en el banquillo de los acusados como primer precarizador del trabajo. Los salarios de inicio de planta están en 9.000 pesos, menos de la mitad de la canasta familiar. 
 
Impulsamos el pase a planta del conjunto de los trabajadores del Estado, el blanqueo bajo convenio de los privados, el pase a planta bajo el convenio correspondiente de los programas Argentina Trabaja y el final de la precarización laboral. Salario igual a la canasta familiar. 82% móvil para las jubilaciones. Abajo el impuesto al salario.
 
Soberanía popular. El poder político se encuentra monopolizado por camarillas del PJ y la UCR que se reparten los cargos a espaldas del pueblo por medio de canjes y acuerdos. El Estado provincial está organizado para asegurar la dominación política de una oligarquía. El presupuesto se maneja de forma arbitraria para provecho propio y sus empresas contratistas amigas. El voto popular está armado para refrendar decisiones que se toman con anterioridad a las elecciones. 
 
Impulsamos la revocabilidad de todos los cargos electivos. Que ningún funcionario gane más que un trabajador calificado. Abajo los salariazos que se autoaplican los funcionarios del Ejecutivo y la Legislatura. Apertura al control popular de todos los contratos de la obra pública y anulación de todos los mal habidos. Disolución de la Fiduciaria del Norte e integración de su presupuesto y activos al presupuesto y patrimonio del Estado. Apertura de las cuentas de todas las instituciones del Estado y empresas públicas (Sameep y Secheep), publicación del listado de todo su personal, tareas y salarios. Elección de los jueces y fiscales por voto popular. Asamblea Constituyente para reorganizar social y políticamente la provincia. Disolución de los aparatos represivos que actúan contra el pueblo.
 
Tierra. El PJ y la UCR en el gobierno han impulsado un remate fenomenal de tierras públicas en beneficio de los grandes terratenientes y pools sojeros y ganaderos. El resultado ha sido la confiscación de miles de familias campesinas, el abandono de pueblos enteros, una brutal concentración de la riqueza y la pauperización generalizada de la población rural. Además, han avanzado los desmontes legales y los  ilegales, a la vista de todos: vamos camino a una crisis ambiental.
 
Proponemos la revisión de todas las asignaciones fraudulentas de tierras a empresarios privados por parte del Instituto de Colonización y de los Municipios; que comisiones electas de campesinos y trabajadores agrarios de la provincia queden a cargo de esa revisión con el objetivo de anular las privatizaciones fraudulentas y colocar la tierra, principal factor productivo, bajo control de trabajadores y campesinos que viven de su trabajo. Impulsamos la prohibición de los desalojos de los campesinos. La prohibición de los desmontes para terminar con los negociados que destruyen el bosque nativo. Reservar el conjunto de las tierras urbanas ociosas a la vivienda popular, con sus servicios educativos y sanitarios y espacios verdes. Impuesto sobre el valor de mercado y progresivos a los grandes propietarios de tierras. Eliminación del impuesto a la vivienda única.
 
Educación. La educación pública vive un deterioro creciente. Alta deserción, el salario docente que no llega a cubrir la canasta familiar, cierre de comedores escolares, desmantelamiento de escuelas rurales, planes y programas precarizadores para los docentes. Todos estos factores tienen como consecuencia una brutal descalificación (y, por lo tanto, desvalorización) de la fuerza de trabajo.
 
Reclamamos salario igual a la canasta familiar, indexado mensualmente por inflación para todos los docentes. Pasantías de cuatro horas de trabajo por cuatro de estudio bajo convenio para los estudiantes secundarios. Comedores escolares en todos los establecimientos que lo requieran. Construcción de jardines, jardines maternales y escuelas de jornada completa para albergar toda la demanda de los trabajadores. Eliminación de los planes que precarizan el trabajo docente, transformación de los mismos en establecimientos educativos formales a cargo del Estado y pase a planta de todo su personal. Triplicación del presupuesto educativo.
 
Salud. La lucha de los trabajadores de la salud mostró a toda la población las condiciones críticas del sistema. Falta de insumos básicos, camas, ambulancias e incluso consultorios o unidades de traslado. Las enfermedades endémicas de la pobreza, la desnutrición, el Chagas y la tuberculosis avanzan sin freno en el interior y también en el Gran Resistencia. En el interior no se cubren los cargos médicos por la paga insuficiente y las condiciones de trabajo.
 
Proponemos la triplicación del presupuesto de salud, para garantizar el equipamiento completo y los salarios tal cual lo reclaman los trabajadores del sector. Seis horas de trabajo para los enfermeros. Estímulo salarial para cubrir todos los cargos médicos. Un plan de vivienda y sanitario completo en El Impenetrable para terminar con el Chagas, la tuberculosis y todas las enfermedades endémicas. Salitas con equipamiento y atención primaria de la salud en todos los pueblos y parajes.
 
Recuperación de las organizaciones sindicales y populares para los trabajadores. El deterioro de las condiciones de vida de las masas de la provincia no podría haberse realizado sin la cooptación de la burocracia sindical, que ha llevado a la impotencia a las organizaciones obreras y de las organizaciones sociales que actúan como una base a apoyo del gobierno. ¡Fuera la burocracia sindical! Impulsamos la recuperación de los sindicatos como herramientas de lucha de los trabajadores. Proponemos la independencia política de las organizaciones populares y la expulsión de los punteros que lucran a costa del trabajo precario o de los planes de vivienda. Somos partidarios de un congreso obrero y campesino para que el movimiento popular del Chaco pueda elaborar e impulsar un programa de transformación política y social de la provincia.
 
Mujer. Las enormes movilizaciones de mujeres en el Chaco y todo el país parten de un ascenso internacional de lucha de la mujer, colocan más que nunca la necesidad de terminar con la violencia contra las mujeres, la discriminación. Por cada femicidio que sale a la luz hay cientos de mujeres golpeadas día a día. Otras tantas mueren por abortos clandestinos, muchos de ellos producto de violaciones. Las redes de trata utilizan a la provincia para captar mujeres jóvenes. Los prostíbulos y las redes también han crecido en la provincia, de la mano de los negocios del juego y el tráfico de drogas.
 
Llamamos a las mujeres a organizarse contra estos atropellos en un movimiento de mujeres independiente del Estado. Por un consejo autónomo de las mujeres electo por el voto femenino, con presupuesto y atribuciones para encarar todos los problemas planteados por la violencia de género. Basta de impunidad para golpeadores, asesinos y violadores. Destitución de los jueces y fiscales que amparan a golpeadores y violadores. Asistencia económica a las víctimas. Disolución de las redes de trata, terminando con la complicidad del poder político y las fuerzas de seguridad. Educación sexual y anticonceptivos, por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
 
 
* Juan García es historiador (UBA) y dirigente nacional del Partido Obrero.
 
 
NOTAS:
 
1. http://www.diarionorte.com/article/139264/desde-octubre-se-perdieron-7000-puestos-de-empleo-en-el-sector-privado-chaqueno
 
2. http://www.diarionorte.com/article/101342/el-numero-de-trabajadores-estatales-trepo-a-63000
 
3. Diario Norte, 3/7/2016, editorial de Alejandro Schneider.
 
4. Baste como ejemplo la masiva desocupación docente, que se manifiesta en los años que debe pasar un docente recién recibido para conseguir un cargo. La docencia, como el ingreso en la Policía, aparece como una de las únicas salidas posibles para conseguir una situación laboral estable.
 
5. El porcentaje de población adulta que trabaja o busca trabajo.
 
6. http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/maestria/tesis/046-tesis-pizzolitto.pdf
 
7. El laudo del presidente norteamericano Rutherford Hayes entregó todos los territorios al norte del río Pilcomayo al Paraguay. Detalles en el libro de Ernesto Maeder, Historia del Chaco, Editorial Plus Ultra, 1996.
 
8. Ignacio Fotheringham: Vida de un soldado, tomo I, página 574 y siguientes, citado por N. Iñigo Carrera: Campañas militares y clase obrera, Chaco - 1870-1930, Buenos Aires, CEAL, 1984. Este libro muestra fuentes valiosas que permiten fundamentar la perspectiva de proletarización masiva de los indígenas que sostuvieron los conquistadores.
 
9. Guido Miranda: Tres ciclos chaqueños, Ediciones La Paz, Resistencia 2007.
 
10. Para saber más sobre este proceso, véase el estudio de José V. Derewicki: Quebracho, árbol de hierro, Resistencia, AG Print, S/F.
 
11. Gastón Gori: La Forestal, tragedia del quebracho colorado, Proyección, Buenos Aires, Argentina, 1974.
 
12. Una buena descripción cinematográfica de la época y de las huelgas de los años ’20 en la película “Quebracho”.
 
13. Gastón Gori: “Un impuesto y un secreto” en op. cit. Durante todo este período, la burguesía argentina bloqueó con éxito cualquier gravamen serio de las exportaciones de origen agropecuario.
 
14. Iñigo Carrera: Campañas militares y clase obrera, Chaco - 1870-1930, Capítulo 3. Presenta fuentes concluyente, sobre este punto, generalmente obviado.
 
15. En 2008, el Estado “pidió perdón” por la masacre de Napalpí, y año a año rinde, desde entonces, homenaje a las víctimas. Se trata, sin embargo, del mismo Estado que perpetúa la masacre cotidiana a los pueblos indígenas desprovistos de sus tierras, condenados a la miseria y la explotación, y hoy se agolpan en la periferia de las ciudades del Chaco o Formosa.
 
16. Silvia Leoni: La conformación del campo cultural chaqueño, Corrientes, Moglia Ediciones, 2008. 
 
17. Yebrail Matta: “Vuestro Chaco y el mío”. 
 
18. Guido Miranda: Tres ciclos chaqueños (1955). Edición Librería La Paz, Resistencia, 2006.
 
18. Silvia Leoni: La conformación del campo cultural chaqueño, Corrientes, Moglia Ediciones, 2008. 
 
19. Roze, Jorge: Las ligas agrarias. Buenos Aires, Ediciones Razón y Revolución, 2011.
 
20. Rozé, Jorge: Las ligas agrarias, op. cit.
 
21. Utilizamos el término campesino en un sentido amplio, incluyendo en él a la pequeña burguesía vinculada con un cultivo industrial, para facilitar la comprensión del texto. Obviamente, el desarrollo explicita que las características de este “campesinado” son muy distintas al campesinado de autoconsumo de origen histórico en modos de producción precapitalistas.
 
22. Rozé, Jorge: Lucha de clases en el Chaco contemporáneo, Resistencia, Librería La Paz, 2007.
 
23. Como bien explicita Julián Herrera (Hombres y mujeres de la Revolución Libertadora), los protagonistas del proceso político que comenzó con el golpe del ’55 siguen activos en la política provincial. La más renombrada es la jueza Lucas, del Superior Tribunal de Justicia.
 
24. Aída Ayala (UCR) y Elda Pértile (PJ) provienen de Acción Chaqueña.
 
25. El profesor Ernesto Maeder, exponente de este sector, es la contracara de la persecución sistemática que sufrieron los docentes de ideas de izquierda, como Jorge P. Roze, en la UNNE.
 
26. La masacre de Margarita Belén fue el asesinato, por parte del régimen militar, de un grupo de presos políticos en un intento de fuga simulado, el 13 de diciembre de 1976, en cercanías al pueblo del mismo nombre.
 
27. Diario Norte, 11/1/2017.
 
28. Roze, Jorge: Lucha de clases en el Chaco contemporáneo.
 
29. Datos del intendente en reunión con los obreros.
 
30. Télam, 11/4/2016.
 

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