7 de febrero de 2018 | Por Gustavo Montenegro y Jacyn

La reestructuración colonial de las Fuerzas Armadas

El ministro de defensa, Oscar Aguad, confirmó en declaraciones radiales que se formará una Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) de las tres armas que prestará “apoyo logístico” en tareas de defensa y seguridad interior. La reforma incluirá, además, la formación de una fuerza de ciberseguridad, el redespliegue de unidades territoriales del Ejército (a las zonas de las “nuevas amenazas”), la creación de una fuerza de reservistas y la conducción civiles de algunas áreas.

La iniciativa, alentada por Macri, implica un avance en una política de militarización interna, con el pretexto de combatir el narcotráfico y el terrorismo. El gobierno recurre al eufemismo del “apoyo logístico” para burlar la ley de seguridad interior, que prohíbe a las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad interna. Ya bajo el gobierno K los militares empezaron a desarrollar este tipo de tareas “de apoyo”. Otros antecedentes que valen la pena citar son la resolución, emitida en 2017, que habilitó al personal castrense a realizar “informes socioambientales” –un eufemismo para referirse a tareas de espionaje interno– y las leyes antiterroristas del kirchnerismo.

La primera etapa de la reestructuración de las Fuerzas Armadas se llevará adelante por decreto dado que “no hay un clima para discutir este sensible tema en el Congreso”, según Clarín  (27/1), en alusión a las jornadas calientes del 14 y 18 de diciembre.

“Hipótesis”

Según Aguad, el plan de reestructuración de las Fuerzas Armadas se funda en el surgimiento de “nuevas amenazas”, relativas a la ciberseguridad, el avance del narcotráfico y el terrorismo. Coincidente con el anuncio, Bullrich y Aguad viajarán a Estados Unidos, donde se discutirá una ampliación de las oficinas de la DEA en territorio argentino, nuevos operativos conjuntos con el Comando Sur, y se diseñará el operativo de seguridad para blindar la cumbre del G20 en el país. Esto significa que la “nueva doctrina de Defensa” será dictada por el Departamento de Estado.

La “reforma de las fuerzas armadas” podría resumirse en tres ejes: el reforzamiento del control de la DEA sobre el tráfico de drogas, la defensa de los monopolios extranjeros y nativos que se apropian de los recursos naturales y el resorte de la intervención militar frente a un cuadro de levantamiento popular.

La “amenaza mapuche” ocupa un lugar destacado en el relato oficial, dado que la movilización de los pueblos originarios se ha convertido en un factor de perturbación para los pulpos petroleros, mineros e inmobiliarios que operan en la Patagonia. Gendarmería y Prefectura desarrollan un hostigamiento permanente sobre sus comunidades, lo que les costó la vida a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

La FDR tendría su base en algún punto central del país, probablemente en las provincias de Tucumán o Córdoba.

“Reequipamiento”

Si algo ilustra el carácter vasallo del gobierno argentino es el hecho de que el reequipamiento de las fuerzas armadas se llevará a cabo mediante la venta de inmuebles y terrenos de uso militar para comprar los pertrechos a proveedores yanquis, franceses e israelíes, un debate azuzado en los medios tras el desastre del ARA San Juan.

Un reequipamiento de la mano de las corporaciones militares imperialistas no tendrá nada de “soberano”, reforzará el sometimiento de la defensa nacional a los proveedores y colocará al país como gendarme continental de los intereses del gran capital.

Como si fuera poco, se trata además de material de rezago, como los aviones de combate usados comprados a Francia a finales del año pasado, que mereció la burla abierta de su embajador en Buenos Aires, Pierre Guignard: “acabamos de ceder cinco aviones caza de Super Étendard que son un poco antiguos, pero que son importantes para ellos (los argentinos)” (Reuters, 8/11).

Mientras se entrega el patrimonio público a la especulación inmobiliaria y los grupos empresarios, el gobierno cierra Fadea, la fábrica de aviones localizada en Córdoba, y la planta de Fabricaciones Militares, en Azul, según sus trabajadores, para venderle el predio a grupos mineros.

Abajo la militarización

Este reforzamiento represivo, bajo la tutela del imperialismo, está dirigido a la criminalización de la protesta y movilizaciones sociales. La negación del plan de exterminio la dictadura, el decreto de ´autogobierno´ de las fuerzas armadas, el fallo del 2x1, la prisión domiciliaria a los genocidas,  y más recientemente, la habilitación de ceremonias para recordar a militares “caídos” en la lucha con la guerrilla se entrelazan con la “nueva doctrina”, pregonada por Bullrich-Macri, de institucionalización del ´gatillo fácil´.

Movilicémonos contra la represión y la militarización del país.

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