13 de abril de 2018 | Por Pia Garralda - Apel La Plata

Sentencia CNU La Plata: presentamos recurso de Casación

El 29 de noviembre de 2017, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata dictó el veredicto en el juicio seguido contra los genocidas Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares por su responsabilidad en secuestros, torturas, homicidios y robos en los siete casos que forman parte del debate.

Castillo fue condenado a prisión perpetua por del secuestro y homicidio del trabajador del Hipódromo y gremialista Carlos Antonio Domínguez y absuelto por el secuestro y torturas de Roberto Fiandor, ambos hechos ocurridos el 12 de febrero de 1976. También fue condenado por el secuestro y homicidio del trabajador y militante Leonardo Miceli el 20 de abril de 1976. Si bien a ambos represores se lo acusó por los homicidios doblemente calificados de los militantes Néstor Dinotto y Graciela Martini, los secuestros y torturas sufridos por éstos y por Daniel Pastorino y Adelaida Barón, ambos el 4 de abril de 1976. Pomares fue absuelto y puesto en libertad.

Desde la querella de Justicia Ya! La Plata, de la cual APEL forma parte, señalamos en nuestro alegato la responsabilidad política del tercer gobierno peronista en el armado del esquema represivo para el cometido de estos crímenes, tanto la de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez en el gobierno nacional como del entonces gobernador provincial Victorio Calabró (UOM). Es decir, subrayamos la responsabilidad estatal y la complicidad de la burocracia sindical en la represión, y exigimos la condena de los dos represores de la CNU como coautores del delito internacional de genocidio.

Ante la impunidad de la cual sigue gozando Pomares, quien estuvo siempre amparado por el PJ (su último cargo antes de su detención fue el de asesor del diputado Musso, del FpV, en la Legislatura bonaerense) presentamos recuso de Casación, solicitando la revisión de su absolución rechazando el “beneficio de la duda”, sostenido unánimemente por el Tribunal que declaró la nulidad de testimonios de las víctimas y su reconocimientos fotográfico.

La importancia de esta sentencia radica en que se juzgaron hechos ocurridos antes de la última dictadura militar, bajo el gobierno peronista. Es el segundo juicio que investiga crímenes cometidos por la banda paraestatal conocida como Concentración Nacional Universitaria (CNU) tras la sentencia de diciembre de 2016, que condenó a siete represores del grupo en Mar Del Plata. Sería además el tercer proceso que analiza hechos realizados por las patotas de la derecha peronista, si se toma en cuenta el juicio escrito que condenó a represores de la Triple A en la CABA en febrero de 2016.

Si bien la sentencia reconoce que estos hechos son delitos de lesa humanidad, y reconoce a los imputados como integrantes de la CNU, lo cual es un avance para las causas que investigan delitos anteriores al golpe, en los fundamentos de la sentencia se expresa la teoría de los dos demonios, refiriendo expresamente a que se deberían investigar los delitos cometidos por las organizaciones armadas, retomando la teoría de la “guerra sucia” y de los excesos.

Estas concepciones tienen su antecedente directo en la sentencia del juicio contra al CNU Mar del Plata, donde se expresan los mismos fundamentos, igualando a las organizaciones paraestatales dirigidas por el Estado, a las organizaciones armadas que no tuvieron subordinación al gobierno peronista de aquel entonces; por tanto, sus accions no pueden ser consideradas delitos de lesa humanidad, puesto que no fueron cometidos por el Estado.

Corresponde resaltar que la Fiscalía, si bien solicitó prisión perpetua para Pomares y Castillo, no presentó recurso de casación por la absolución de Pomares; esto, además de ser una incongruencia, es una expresión política clara de un gobierno que sostiene la reconciliación con los genocidas y las prisiones domiciliarias, y es responsable del asesinato de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, y de le “teoría Chocobar”.

Hemos realizado una conferencia de prensa en los Tribunales Federales de La Plata convocada por los familiares de las víctimas de la CNU, de la cual participaron las madres Elia Espen y Mirta Miravalle para denunciar la absolución de Pomares y a la fiscalía. Luego nos movilizamos al despacho del fiscal Molina para exigirle explicaciones, pero adujo que desconocía la situación por no llevar el la causa.

Seguiremos luchando contra la impunidad de los todos los genocidas, los de la última dictadura militar y los anteriores a ella.

Tags: CNU, La-Plata, genocidas, juicio-a-genocidas

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