24 de enero de 2018 | Por Jorge Altamira

Luis Inácio Lula da Silva ha sido víctima de su propia política

Luego de haber comandado un gobierno al servicio de las constructoras de obras públicas, como Oderbrecht, y del ruralismo sojero y los grandes bancos, no solamente en Brasil, un tribunal de apelación ha ratificado hoy una condena de primera instancia que involucra al expresidente Lula en la operación Lava Jato, la red de coimas organizada precisamente por Odebrecht, y dictado una prisión a doce años, que también lo priva de sus derechos políticos.

La ley que prohíbe a un procesado con condena el ejercicio de sus derechos políticos, “ficha limpia”, es del propio Lula y del PT.

La velocidad del proceso judicial seguido contra Lula, en contraste con las dilaciones y ‘leniencias’ que benefician al personal político de la coalición actual de gobierno, incluido el presidente ‘de facto’, Michel Temer, denuncian una intencionalidad política. El objetivo es apartarlo de la contienda electoral prevista para octubre de este año. A la misma finalidad responde la despreocupación de los jueces por la debilidad de las pruebas presentadas. Es una sentencia dictada por la ‘convicción’ más que por la evidencia.

La burguesía que arropó a Lula a lo largo ocho años en la presidencia del país, lo impugna para la etapa actual. Una absolución de Lula, por otra parte, habría puesto en crisis todo el andamiaje de la operación judicial Lava Jato. Esta operación fue impulsada e incluso promovida por el Departamento de Justicia de EEUU con propósito de quebrar la hegemonía de los llamados ‘campeones nacionales’ de la burguesía brasileña. Entre estos ‘campeones’ figuraban, precisamente, las constructoras brasileñas y el monopolio de sus negocios con las empresas del estado, en especial Petrobras. La primera medida del Congreso, luego de la destitución de Dilma Rousseff, fue terminar con el monopolio de exploración Petrobras y su entorno de empresas.

El Poder Judicial de Brasil se apresura en incluir a Lula en el sistema de corrupción del Lava Jato para nivelar el campo judicial con los numerosos acusados del sistema político brasileño - algunos en prisión provisoria y otros condenados (aunque con prisión domiciliaria). El propósito de este enjuague judicial es habilitar una operación de amnistía general, que ya se encuentra corporizada en varios proyectos de leyes en el Congreso.

Mientras reivindica su inocencia penal, Lula y el PT se empeñan, al mismo tiempo, en inmovilizar a los trabajadores contra las reformas previsional y laboral, para obtener, como contrapartida, una amnistía política. Es lo que el PT negocia en el ámbito del Congreso.

Asistimos a una mascarada judicial, que el ‘medio pelo’ internacional saluda como un ‘mani pulite’, cuando se trata de dar vía libre a un sistema político irreversiblemente corrupto y un viso de legalidad al próximo fraude electoral. La operación Lava Jato es la expresión de una disputa entre los capitales más importantes para apoderarse del mercado energético brasileño – y de ningún modo un propósito de otorgar transparencia y honestidad a la gestión pública. La proscripción política de Lula demuestra la incapacidad de los partidos patronales de Brasil para ofrecer una salida política popular y democrática. La proscripción judicial de Lula acentuará la crisis política de conjunto del Estado brasileño.

La impugnación jurídica y política de esta sentencia contra Lula, que ha sido, repetimos, agente de comercio presidencial de Odebrecht, implica su derecho a participar del proceso electoral a igual título que el conjunto de los candidatos y partidos corruptos de la burguesía brasileña, que estuvieron asociados a su gobierno e incluso de quienes fingían jugar a la oposición.

En oposición a todos ellos y a la política anti-obrera que han aplicado y siguen aplicando, es necesario construir un partido revolucionario de la clase obrera, que luche por un gobierno de trabajadores.

 

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