El proyecto de ley de hidrocarburos, enviado al Congreso para aprobarlo en trámite express, constituye la última vuelta de cerradura para convertir al acuerdo secreto firmado entre YPF y Chevron en el régimen general de explotación energética en Argentina.
Más allá de que consagra innumerables prórrogas de concesiones, sin considerar las violaciones de sus términos en la mayoría de ellas y decididas por decretos y resoluciones, o sea sin venia parlamentaria, el eje del proyecto es iniciar una serie de concesiones en gran escala bajo la forma de asociaciones con YPF, que despoja a la nación de la mayor parte de la renta minera y exime de responsabilidad ambiental a las compañías intervinientes. El proyecto quita a las provincias de casi toda potestad recaudatoria, para concentrar el acaparamiento de la renta entre YPF y los monopolios internacionales. Como YPF es una sociedad anónima que cotiza en las bolsas internacionales y tiene un fuerte accionariado privado, una parte de su renta va a parar a los fondos de inversión internacionales. El proyecto sale en las vísperas de la reunión de la presidenta de la nación con George Soros, el mayor buitre del mundo. La doctora Kirchner peregrina al Vaticano, pero su destino final es Wall Street
El perjuicio de este proyecto para el país y los trabajadores deja a los fondos buitres ofuscados de envidia y abre un campo de inversión excepcional al conjunto de los acreedores de la deuda usuraria que ha venido acumulando el país. Este proyecto es el que mantiene las cotizaciones de la deuda argentina en el exterior, a pesar de la quiebra financiera del país. Este proyecto energético es la base de poder del gobierno actual, concentrado en el cuarteto Kicillof-Galuccio-Chevron-Schlumberger. El Congreso asistirá a una activa disputa de ‘lobbys’, a partir del reclamo de Shell y sus voceros en la oposición para establecer un régimen de licitaciones en oposición a los acuerdos de asociación.
La oposición a este proyecto no puede limitarse al ámbito parlamentario: debe ser motivo de una amplia movilización popular, cuya preparación ya está en marcha. En oposición a los planes para convertir a Argentina en un país minero-rentístico a favor del capital internacional, planteamos la nacionalización integral de la producción de combustibles y en primer lugar la de YPF, con apertura de los libros y control de los trabajadores.
Jorge Altamira
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