Proyecto de declaración
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pronuncia por el inmediato tratamiento y aprobación por parte del Honorable Congreso Nacional y el Senado del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto junto con un amplio arco de organizaciones de mujeres, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y políticas.
Fundamentos
El reclamo masivo del movimiento de mujeres por la legalización del derecho al aborto ha chocado de manera reiterada con el Congreso y con el conjunto de los poderes del Estado. El régimen social vigente niega este derecho elemental como parte de su política de regimentación y explotación de las mujeres. No es casual que la negativa del derecho al aborto se fundamente en el hecho de que la función ´natural´ de las mujeres es asegurar la reproducción de la especie, lo cual va de la mano de que las tareas domésticas de crianza de los niños recaigan sobre ella de manera exclusiva. Así, las mujeres no sólo deben sufrir la explotación capitalista directa que se opera en la relación obrero-patronal, sino también hacerse cargo del trabajo doméstico no remunerado. Esta doble explotación está en la base de la sociedad capitalista.
Esta causa de fondo explica que sea la Iglesia Católica la vanguardia de la lucha contra la legalización del derecho al aborto. El Clero es la principal usina oscurantista de la sociedad, en especial sobre el rol de la mujer, a quien le otorga un lugar subordinado en relación a los hombres. La Iglesia ha venido usando su poder de lobby no sólo para evitar el tratamiento parlamentario, sino también para la aplicación efectiva de ciertos protocolos que habilitan la realización de abortos de manera restringida a casos específicos (violaciones, riesgo de vida de la madre, etc.). La acción de la Iglesia equivale a una acción para-estatal, pues cuenta con financiamiento del propio Estado. En el caso de nuestra Ciudad de Buenos Aires el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri vetó la ley 4.318 de la Legislatura que autorizaba la realización de los abortos no punibles.
La consecuencia de la negativa de aprobar el derecho al aborto impacta no sólo en la situación de la mujer en general, sino que en particular ha creado una crisis sanitaria de enorme envergadura. Debe tenerse en cuenta que el aborto clandestino es la principal causa de muerte de las mujeres gestantes, algo que afecta por sobre todo a las personas de menores recursos, que terminan realizándose abortos en las peores condiciones sanitarias. Siendo una práctica clandestina es imposible tener registros claros sobre la cantidad de muertes que ocurren todos los años. Pero existe un consenso entre los especialistas y los movimientos que luchan por este derecho que la cantidad de muertes supera con creces las 100 por año, a lo que hay que sumar las mujeres que sufren mutilaciones en la práctica misma de la interrupción del embarazo.
En todos estos años hemos visto como la negativa a aprobar el derecho al aborto fue encubierto en los partidos tradicionales con el recurso sibilino de la ´libertad de conciencia´. En cambio, cuando se aprueban leyes como la que consagró el robo a los jubilados o el pacto con los fondos buitres, rige la mayor disciplina partidaria. Toda esta maniobra discursiva esconde un hecho totalitario: quienes deben tener libertad de conciencia para decidir son las mujeres,
ya que se trata de su propio cuerpo y de su propia vida. La ´libertad de conciencia´ del Congreso es la negación de la libertad de conciencia de las mujeres.
En los partidos tradicionales esta invocación a la libertad de conciencia ha servido también para que un pequeño núcleo de sus diputadas se pronuncie a favor del derecho al aborto, cuando la inmensa mayoría de los integrantes del bloque, empezando por sus autoridades, ha fijado posición contraria. Por esta vía se pretende una cooptación política y que el reclamo del derecho al aborto no dé lugar a movilizaciones callejeras sino que se limite al ámbito parlamentario.
Es en este cuadro que debe entenderse el anuncio del gobierno nacional de que habilitará el tratamiento parlamentario del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, para el cual ya anunció que otorgará ´libertad de conciencia´ a sus diputados y senadores. Advertimos sobre una maniobra en marcha que apunta a garantizar el voto negativo al proyecto en el parlamento para de este modo buscar ponerle un punto final a este enorme reclamo popular. A la vez, para el gobierno servirá para rediseñar su relación con la Iglesia, cruzada por pactos y chantajes.
En los próximos días veremos como el reclamo del derecho al aborto ganará las calles envolviendo a decenas de miles de mujeres en todo el país. Será también una de las principales banderas del paro de mujeres que se prepara para el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Si la Legislatura quiere estar en sintonía con este movimiento en ascenso, en nuestra Ciudad, en el país y en todo el mundo, debe exigir el tratamiento y la aprobación del proyecto. De otro modo, se pondrá en la vereda del oscurantismo clerical y la reacción política.
Ante esto es necesario que la Legislatura realice un pronunciamiento claro y categórico: el reclamo del tratamiento del proyecto debe ir acompañado del de su inmediata aprobación.
