En la provincia de Santiago del Estero se conoció un nuevo caso de una chica (de 22) años con una discapacidad mental severa que fue violada y embarazada. El hospital debió realizar la práctica sin intervención extramédica. Sin embargo, nuevamente la niña y su familia fueron sometidas a un manoseo público y a la judicialización del caso.
El procedimiento y todo lo ocurrido en Santiago dan muestra de las denuncias que el Plenario de Trabajadoras viene realizando desde hace años: bajo la era de los ‘nacionales y populares' y de sus socios radicales, como es el caso de Zamora, la Iglesia católica y las evangelistas han penetrado más y más en el aparato del Estado.
Finalmente, el miércoles 4, sólo con autorización judicial, se le practicó el aborto. Las integrantes de la Campaña por el aborto legal, gratuito y seguro, dijeron a la prensa que se trata de "un gran precedente" y que se evitará que en otros casos en el futuro se criminalice la situación (Infobae, 6/2). Falso. La criminalización está en ascenso. Con este caso, el único precedente del que fue testigo una vez más el movimiento de mujeres, es el que consuma el avasallamiento de los derechos de esa niña y de su hermana, que tiene la tutela, y de todas las mujeres pobres de este país a las que se les niega el derecho a la atención en salud, a la privacidad y, por supuesto, como a todas las mujeres, a tomar decisiones sobre su cuerpo.
La preparación del Encuentro Nacional de Mujeres en Tucumán debe ser una oportunidad para unir a todo el movimiento de mujeres para frenar los ataques y la pérdida de nuestros derechos a manos de posiciones derechistas y clericales. Convoquemos un 8 de marzo unitario en todo el país por la legalidad del aborto, por la educación laica en todos los niveles, por el derecho al trabajo, la vivienda y la salud, que la crisis la paguen los capitalistas.
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