El gobierno provincial y el municipal han lanzado una ofensiva contra los que se ven obligados a ocupar terrenos como consecuencia del aumento de los alquileres y la imposibilidad de acceder a una vivienda. La ocupación por parte de doce familias de viviendas aún sin terminar en el Barrio Rotary colocó en el tapete, una vez más, el problema de la vivienda.
La respuesta del gobierno combinó aprietes y palos. Encerraron a las familias, les pusieron guardia policial permanente y montaron un aparato parapolicial (la empresa de seguridad Megatone, regenteada por la seguridad privada del Intendente) para hacer el trabajo sucio de darle una golpiza a los ocupantes. Además prohibieron el ingreso de personas y alimentos al predio donde había niños y mujeres embarazadas.
¡Ni al cura dejaron que les acercara leche a los pibes!
Una delegación del Polo Obrero y el FUT-PO, que se acercó a entregar leche, pan y carne a las familias ocupantes (los chicos hacía más de cuatro días que no tomaban leche), fue interceptada por la policía de Santa Cruz. En medio de la discusión que se generó, los familiares de los que estaban cercados comenzaron a pasar los alimentos llevados por el Polo. Una agente golpeó al abuelo de uno de los chicos encerrados. El abuelo presentó una denuncia por abuso de autoridad.
En represalia, el gobierno armó una causa judicial. En una conferencia de prensa, cubierta por casi todos los medios locales, los dirigentes del Partido Obrero-Frente de Unidad Trabajadora, Omar Latini y Norma Villamayor, junto a José Reinoso (padre de una de las mujeres que ocupó una vivienda en el barrio Rotary) denunciaron que se les "armó una causa judicial" en su contra.
"Quieren criminalizar la solidaridad", denunciaron.
Latini y Villamayor señalaron la responsabilidad del gobierno en el fenómeno de la ocupación de casas: "No tiene respuestas para los que necesitan tierra y viviendas", denunciaron que se hacen "negocios con la tierra pública" y que las viviendas se usan "como prebendas políticas encampañas electorales".
Por si esto fuera poco, el intendente Cotillo hizo votar un aumento que va del 200 al 300% del impuesto inmobiliario, patente automotor y tasas municipales mientras vienen pateando las paritarias y mantiene virtualmente congelados los salarios de los municipales.
Esta dureza con los más débiles contrastra con el trato a las constructoras, que no pagan las quincenas y suspenden a los obreros de la construcción; con las petroleras, que vienen bajando equipos y contratos. Aumentan los impuestos al pueblo pero ni se les cruza por la cabeza aumentarles las regalías a las petroleras o las mineras.
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