En agosto de 2008, Urtubey tuvo que sofocar una huelga policial recurriendo a las amenazas de descuento y al 'diálogo personal' con los agentes acuartelados. Mediante maniobras logró levantar la huelga con miserables 350 pesos en negro.
El movimiento siguiente fue cambiar al ministro de Seguridad, algo que no había considerado necesario con motivo de la brutal represión a un asentamiento de 50 familias en Orán. Quien recuperó ese puesto clave fue Pablo Kosiner, un hombre de Romero, que en la Cámara de Diputados defendió y justificó todas las represiones en los últimos ocho años.
El viejo régimen recuperaba así el control de la policía en la provincia. Es una manera de garantizar impunidad para el aparato de narcotráfico de Romero, agregó algún periodista.
A comienzos de año, la Policía volvió al paro: piden que el sueldo de bolsillo de un agente que recién ingresa alcance los 2.300 pesos (la oferta del gobierno llega a poco más de 1.900). Piden trabajar menos horas: "Trabajamos dos fines de semana y al tercero recién descansamos. Cumplimos 64 horas semanales", explicó uno de los voceros. Piden viviendas. Y el reclamo de sindicalización tomó estado oficial en la asamblea en la que se decidió el paro.
Luego de ocho días, la huelga crece y las movilizaciones son masivas (3.000 policías, la mayoría en actividad).
Urtubey ha respondido con la apertura de sumarios a los nueve delegados que representan a los huelguistas (para pasarlos a disponibilidad a posteriori). Pero ha debido convocar a dialogar a los mismos que sanciona.
¿Y la población?
Mientras, cuando entra en escena la huelga docente, todos los días llueven en los medios denuncias de la corrupción policial: en octubre, una campesina de 76 años fue desalojada por la policía de El Quebrachal, a la cual le quemaron los corrales y el rancho de adobe. Luego intimidaron a 19 familias más para que se fueran de las tierras que habitan desde hace cinco generaciones, compradas por la finca San Miguel (en enero, el mismo destacamento había golpeado y desalojado a campesinos de Lorena, en Santiago del Estero). En noviembre, la guardia policial de la localidad de Apolinario Saravia asesinó a un productor de sandías para robarle 47.000 pesos que llevaba encima por la venta de su cosecha. En Navidad, la Guardia de Infantería de Orán asesinó a seis jóvenes alojados en la comisaría del menor, metiéndolos en cal y cemento hasta asfixiarlos, y luego les prendió fuego para tapar la masacre, simulando el incendio de los colchones.
Aún fresca la memoria de La noche de la Tizas o la feroz represión de 50 familias en el asentamiento La Canchita, en Orán, este enfrentamiento de la "maldita policía" con sus mandos es vista con gran desconfianza. ¿Son trabajadores?, se debate.
Trabajan, sí, pero su trabajo es reprimir a los trabajadores. La crisis entablada debe servir para debilitar al aparato de represión y en especial golpear a su alto mando.
Por eso exigimos: que se forme una comisión investigadora parlamentaria y de representantes de los trabajadores y de derechos humanos, que funcione en audiencias públicas, para que registre las denuncias de corrupción y de represión policial. Los culpables de estos delitos deben ser exonerados y procesados y, por supuesto, suspendidos mientras dura la investigación. Que se establezca un control civil y democrático de la policía por medio de un organismo electo por el pueblo, anual y revocable, que informe públicamente cada mes. Elección de comités de vecinos en todos los barrios, con participación de los trabajadores que desempeñan sus labores en esos barrios, para ejercer el control de la actividad policial y la seguridad de los mismos.
Reclamamos el fin del sistema de adicionales y el establecimiento de un escalafón salarial único y que el cargo testigo alcance el costo de la canasta familiar, como reclamamos para todos los estatales. Los adicionales son funcionales a la privatización de la seguridad estatal y sirven para la explotación de los escalones inferiores por los superiores.
Condicionar la iniciativa de organización sindical de los cuadros inferiores de la policía, a la garantía de estatutos democráticos de asambleas deliberativas, abiertas y públicas, y un programa de defensa de las libertades democráticas y de los derechos de los trabajadores.
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Socialismo y Estado: La función de las fuerzas represivas