Prisión de Guantánamo
Según algunos comentaristas, el cierre de la prisión de Guantánamo puso fin al "estado de excepción" montado por Bush y restableció el "imperio de la ley". ¿Es así?
El "estado de excepción" consiste en el establecimiento de un andamiaje jurídico y legal distinto al establecido en el orden constitucional existente, aunque dictado por una autoridad constitucional (Ejecutivo) y legitimado por las restantes (Congreso y Corte Suprema). El "estado de excepción" constituye una completa subversión del llamado "estado de derecho": viola la Constitución, el derecho de habeas corpus, el derecho a defensa en juicio, las normas del proceso judicial (nadie puede ser condenado sin pruebas obtenidas de manera legal) y las convenciones internacionales firmadas por Estados Unidos. Con el "estado de excepción" el pueblo norteamericano -y los pueblos de todo el mundo que se encuentran al alcance del largo brazo de las fuerzas represivas norteamericanas- están expuestos a la arbitrariedad del Ejecutivo de Estados Unidos.
El "estado de excepción" le permitió a Bush detener prisioneros por un tiempo indefinido sin formularles cargos ni someterlos a juicio; los detenidos carecen de derechos. Pueden ser enjuiciados por "comisiones militares", que aceptan como prueba las confesiones obtenidas bajo tortura y que operan a puertas cerradas.
Obama no termina con el "estado de excepción" ni restituye el "imperio de la ley". Para hacerlo, le bastaría con entregar a los presos de Guantánamo a tribunales penales ordinarios, donde serían juzgados con las garantías constitucionales debidas. Los detenidos contra los que no se pudieran acreditar pruebas, deberían ser liberados. Para esto no hacen falta más que 24 horas.
Es cierto que, en este caso, podría ser liberado algún "culpable" por falta de pruebas; también es cierto que alguno de los liberados podría volver a cometer "actos de terrorismo". ¿Pero no es eso precisamente lo que caracteriza al "estado de derecho"? La pretensión de condenar sin pruebas o mantener presos a quienes cumplieron sus condenas tipifica un "estado de excepción".
Obama se tomará un largo año, durante el cual seguirán en vigencia las normas de Bush. Willem Buiter, editorialista del Financial Times (13/1), adjudica esta "tolerancia y continuidad" de Obama a su "cobardía moral", que constituye "un golpe demoledor para todos los que esperaban que el nuevo Presidente, a diferencia de su precesor, fuera capaz de deletrear la palabra ‘decencia'...".
En ese lapso, Obama buscará crear un nuevo marco jurídico -distinto del constitucional, es decir, un nuevo "régimen de excepción"- para tratar con los prisioneros. El nuevo régimen deberá establecer "dónde y bajo qué leyes serán procesados los que están a la espera de juicio, qué derechos tendrán, a qué cárceles se los trasladará, a qué país serán trasladados aquellos que sean liberados por falta de pruebas (...) son todas cuestiones en las que la administración Obama ya está trabajando..." (El País, 22/1). El sistema legal y judicial norteamericano tiene una respuesta a cada una de esas cuestiones; la pretensión de establecer un "régimen especial" para los presos de Guantánamo indica que Obama no renuncia a gobernar con el "estado de excepción": lo que hace es adecuarlo a la nueva situación política.
Obama, incluso, está obligado a reconocer la legalidad del "estado de excepción" establecido por Bush. Si no lo hiciera, "estaría reconociendo en forma explícita que Estados Unidos ejerció la tortura, abriendo la puerta a posibles juicios y demandas civiles contra funcionarios de las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y la anterior administración" (Página/12, 22/1). Los funcionarios del gobierno de Obama excluyeron tajantemente la posibilidad de investigar o juzgar al personal militar y de inteligencia que actuó en Guatánamo.
Por todo esto, algunos consideran los anuncios como una simple "lavada de cara" del monstruoso aparato represivo interno creado por Bush (La Nación, 24/1). La Unión Estadounidense de Derechos Civiles, por ejemplo, "no quedó satisfecha" con los anuncios de Obama porque "hay ambigüedades que podrían ser el resultado de la rapidez con que fueron emitidas las órdenes o de la existencia de ambivalencias en la administración de Obama" (ídem).
El "estado de excepción" -que deja a la población al arbitrio del Ejecutivo- seguirá en pie con Obama.
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