A pocas horas de su inicio, se puso en marcha una operación política contra la movilización del miércoles 27, por la aparición con vida de Julio López. El bloque de organizaciones de derechos humanos que lideran Pérez Esquivel y la CTA resolvió “convocar a la marcha pero sin adherir al documento” que se leería al llegar a la Plaza. El documento señala la “responsabilidad del Gobierno nacional” en el fracaso de las acciones por hallar a López, y por querer presentarla como una “desaparición accidental”. “También es responsabilidad de este gobierno — concluye el documento — que el aparato represivo sigaimpune. Por eso le exigimos “la aparición con vida ¡ya! de Julio López y el castigo a los culpables”.
En oposición a estos planteos, la CTA y Esquivel renuncian a la exigencia de “aparición con vida y se limitan a reclamar la investigación sobre lo sucedido” y “la identificación y el castigo de los responsables de cualquier violación a sus derechos humanos” (Página/12 , 27/9).
“Ojo con usar esa palabra — desaparecido — porque remite al terrorismo de Estado” (La Nación, 27/9), le advirtió Kirchner a Solá. Esquivel y la CTA le hacen caso a pie juntillas. Pero cualquiera sabe que los cuerpos represivos, el aparato jurídico y los personeros que ejecutaron el genocidio dictatorial, se encuentran presentes en el aparato del Estado.
Pérez Esquivel ha vuelto a demostrar que es un prestamista de última instancia del gobierno. Así ocurrió con las papeleras de Gualeguaychú, cuando abogó por levantar los cortes; lo mismo pasó el 24 de marzo pasado, cuando se “desmarcó” del documento de denuncia al gobierno y al régimen; así sucedió, finalmente, cuando dio el puntapié inicial de la patética contramarcha de D’Elía. Por su parte, la CTA de De Gennaro - Yasky se ha sumado a esta operación contra la movilización de ayer, demostrando — una vez más — que han colocado a la Central como un peón de la política oficial.
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