El 29 de agosto entró en vigencia la ley antitabaco del gobierno de Obeid (apoyada por el socialista Binner). Se aplican multas y sanciones a los que enciendan un cigarrillo en los bares o lugares públicos cerrados. Esta ley es trucha. Apela al “derecho a la vida” con la única perspectiva de un marketing en vísperas de las elecciones. No hay ninguna campaña preventiva ni subsidian el tratamiento a los que quisieran dejar de fumar.
Tampoco están defendiendo ningún derecho a la vida cuando en sur de la provincia miles y miles de trabajadores viven con la mitad del costo de la canasta familiar fijada hoy en los 2.000 pesos.
Menos “defienden la vida” cuando permiten que las empresas instaladas en el cordón industrial como Celulosa produzca lluvia ácida, o que Molinos, ICI y Sulfacid, entre otros, eliminen los desechos residuos industriales al río Paraná; cuando autorizan la instalación de silos en el centro de la ciudad, con un montón de trabajadores enfermos o sus familiares enfermos a causa de la contaminación, sin hospitales equipados con la tecnología adecuada y necesaria.
Que los peronistas y los socialistas no nos vendan ningún buzón “en defensa de la vida”. Planteamos:
* Constitución de Comisiones Obreras, electas y revocables por asambleas de fábrica, que tomen en sus manos la inspección de las condiciones laborales, de seguridad industrial y ambiental, que elaboren proyectos y medidas valiéndose de la contratación de profesionales y especialistas -con presupuesto a cargo de las industrias contaminantes- que resuelvan el problema de accidentes y contaminación.
* Pase a planta permanente de tercerizados, contratados, monotributistas y becarios. Salario igual a la canasta familiar.
* Reequipamiento hospitalario del Cordón (tecnológico, insumo y personal necesario), para la atención integral de accidentados, contaminados y enfermos por las industrias. Triplicación del presupuesto de salud del Cordón, financiado mediante impuestos especiales a las industrias envenenadoras.
* Indemnización inmediata para víctimas y familiares de la contaminación de las industrias. Que esas empresas paguen las indemnizaciones correspondientes, la atención médica y los tratamientos médicos indicados.
* No a la carga y descarga de camiones y su tránsito por el éjido urbano.
* Nacionalización bajo control obrero de todos los puertos en manos de las empresas, donde se contrabandea y se evade el pago de impuestos.
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